El GOB pide detener el plan para los 10.000 pisos de Palma: "Quieren crear agua sobre el papel"

PalmaEl GOB ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Palma quedetenga la tramitación del Plan de Gestión Sostenible del Agua (PGSA), con el cual Jaime Martínez y su equipo pretenden conseguir la justificación técnica necesaria para tener más agua y poder sacar adelante los entre 9.000 y 10.000 pisos extra de los proyectos estratégicos. Unos proyectos que ya tramitan diferentes promotores, pero que tanto el Ayuntamiento como los interesados saben que a estas alturas no pueden conseguir licencia si no se aumenta la cantidad de agua disponible en el municipio. Este Plan de Gestión Sostenible del Agua (PGSA) se aprobó inicialmente por parte de Cort el 26 de marzo, pero, según la organización ecologista, contiene errores de mucha importancia que obligan "a su retirada". MÉS per Palma ya había advertido que este Plan no cumplía con todos los requisitos y denunció su aprobación por el incremento de consumo que prevé.

Los ecologistas han registrado este lunes un escrito donde le recuerdan a Cort que no puede tramitar un plan de esta significación sin la correspondiente "evaluación ambiental ordinaria" tal como prevé la normativa, ya que el incremento de consumo de agua que se está planteando para poder hacer 10.000 nuevos pisos es muy importante. La entidad sostiene que el documento "presenta deficiencias técnicas en el cálculo de la disponibilidad futura de agua".

Uno de los principales argumentos del GOB es que el mismo plan admite que las nuevas medidas de vivienda incrementarán la población y la demanda de agua, pero esta realidad no queda incorporada de manera clara en el balance final. El documento reconoce que la capacidad poblacional prevista por el Plan General de 2023 “se ve alterada al alza” y que esto comportará más consumo de agua. A pesar de esto, cuando calcula las necesidades del año 2040 continúa utilizando una población de 572.178 habitantes, la prevista por el planeamiento anterior. Este error demuestra, según los ecologistas, que el plan elaborado por Emaya es incorrecto y no puede servir como instrumento para autorizar nuevos consumos.

De 226 litros a 180 sin acreditar cómo

La otra gran objeción del GOB afecta al consumo previsto. Emaya calcula que el año 2040 Palma necesitará 37,59 hectómetros cúbicos anuales porque presupone un consumo de 180 litros por habitante y día. La entidad recuerda, sin embargo, que los datos que incorpora el mismo PGSA muestran que entre 2013 y 2024 la dotación real se ha movido entre 226 y 247 litros, y que el último registro disponible es precisamente de 226 litros el año 2024.

Según los cálculos de la entidad, pasar de los 226 litros actuales a los 180 previstos supondría una reducción superior al 20% y, aplicada a la población proyectada para 2040, representaría aproximadamente 9,6 hm³ de agua cada año. El GOB no cuestiona que reducir esta dotación pueda ser un objetivo, sino que denuncia que el plan la utilice como si fuera un ahorro ya garantizado sin aportar una memoria técnica que explique cómo se conseguirá. Según los ecologistas, hace falta acreditar técnicamente cómo se reducirá el consumo medio por habitante, ya que la cifra real está muy por encima de los 180 litros.

Según fuentes de la entidad consultadas por el ARA Balears, "parece como si se quisiera crear agua sobre el papel, poniendo una cifra de consumo inferior a la que realmente está gastando la población de Palma". "Esto puede responder a la necesidad de autorizar más pisos, pero solo se puede hacer si realmente hay más agua", afirman.

El PGSA sí que prevé inversiones para reducir pérdidas y mejorar la eficiencia, pero, según el escrito, no permite relacionarlas de manera completa con el objetivo de los 180 litros. Por ejemplo, prevé tres millones de euros anuales para renovar la red sin cuantificar el ahorro de agua que se derivará. Otras actuaciones sí que tienen un impacto estimado, como la sectorización de la red –1 hm³ anual– y la telelectura –0,4 hm³–, pero el GOB señala que no existe una suma que acredite la reducción global prevista. También detecta una contradicción entre los 15,25 millones que cuesta la telelectura en una ficha del plan y los 5,25 millones que aparecen en la tabla final.

Una desaladora de hasta 36 hm³

El punto jurídicamente más contundente del escrito afecta a la evaluación ambiental. El PGSA prevé una nueva desaladora municipal con una capacidad máxima de 36 hm³ anuales, la explotación de la masa subterránea de Xorrigo para obtener 2,29 hm³ y la captación de 3,7 hm³ del torrente de la Síquia, entre otras actuaciones. La desaladora es definida por el mismo documento como una infraestructura “estratégica vertebradora” e “imprescindible”.

El GOB considera que estas magnitudes activan directamente la legislación ambiental balear. El Decreto legislativo 1/2020 somete a evaluación de impacto ambiental ordinaria a las desaladoras con más de 1.000 m³ diarios de nueva capacidad y a las extracciones subterráneas iguales o superiores a los 500.000 m³ anuales. Estos son efectivamente los umbrales que recoge la normativa. La desaladora prevista en Palma llegaría a unos 98.600 m³ diarios, casi cien veces el primer umbral, mientras que Xorrigo aportaría 2,29 millones de m³ anuales, más de cuatro veces el segundo.

A partir de aquí, el GOB defiende que el conjunto del PGSA debe pasar una evaluación ambiental estratégica ordinaria, porque la misma normativa obliga a evaluar los planes públicos de gestión de recursos hídricos que establecen el marco para autorizar proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.

La entidad advierte, además, de que la legislación balear prevé consecuencias invalidantes si un plan sujeto a evaluación ambiental se aprueba sin haber superado este trámite. Por eso reclama que Cort suspenda ahora la tramitación, acredite si existe una evaluación ambiental del PGSA y, si no la hay, retroceda el procedimiento hasta el momento en que se debería haber iniciado.

El GOB también ha solicitado acceso al expediente completo, incluidos el informe de Recursos Hídricos, los estudios que sustentan el objetivo de los 180 litros, los estudios de pérdidas de la red, los títulos concesionales y el estudio de viabilidad de la nueva desaladora.