Formentera ordena el cierre de un taller náutico ubicado en un espacio natural protegido

PalmaEl Consell de Formentera ha iniciado un expediente sancionador y ha ordenado el cierre cautelar de un taller náutico, situado en el varadero de la Savina, por la comisión de diversas infracciones graves en materia de actividades.

El expediente se origina a raíz de una denuncia formulada por el Seprona durante el pasado año y de las inspecciones posteriores realizadas por los técnicos del Consell Insular, que pusieron de manifiesto un conjunto de irregularidades administrativas y técnicas de gravedad.

Según el informe técnico, la actividad desarrollada no disponía de título habilitante, ni de las autorizaciones sectoriales preceptivas. Además, se constató que el establecimiento está ubicado dentro de una zona afectada por diferentes figuras de protección territorial y ambiental, como el Parque Natural de ses Salines, la Red Natura 2000 y el dominio público marítimo-terrestre.

Las inspecciones detectaron, entre otros incumplimientos, que se ejercía una actividad permanente sin licencia o declaración responsable, la falta de autorizaciones sectoriales o la ausencia de inscripción en el registro industrial y la falta de seguro de responsabilidad civil obligatoria. Asimismo, se constataron graves deficiencias en seguridad y salud laboral, con instalaciones deterioradas, estructuras oxidadas y riesgo de incidencias técnicas y mala gestión de los residuos generados, especialmente baterías, productos petroleros e hidrocarburos, sin sistemas de contención ni control.

Por otra parte, también se detectó la existencia de una instalación ilegal de vertido de aguas con conexión al medio natural, posteriormente retirada. El informe de los servicios técnicos concluye que la actividad supone un riesgo grave, aunque no inminente, para la seguridad, salubridad y cumplimiento normativo, e insta a la suspensión inmediata de la actividad hasta que se regularice la situación.

El documento ordena la paralización de todas las instalaciones y maquinaria, con un plazo de 48 horas para cesar su funcionamiento y 30 días para retirar materiales potencialmente contaminantes y ordenar el recinto. Las infracciones detectadas están tipificadas como graves de acuerdo con la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades, pudiendo comportar multas de entre 3.001 y 30.000 euros, así como la clausura temporal de la actividad por un período máximo de dos años. Además, el Consell tramitará un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por las construcciones realizadas sin licencia. Paralelamente, se ha dado traslado de la documentación a las administraciones autonómicas competentes en materia de medio natural y costas, para su valoración en el marco de sus atribuciones.