El fiscal superior reclama recursos para que las mujeres maltratadas puedan mantener las denuncias
Adrián Salazar alerta que la precariedad de la vivienda genera dependencia económica y residencial de las mujeres denunciantes y constata un aumento del 15% de los delitos de violencia contra las mujeres entre el 2024 y el 2025
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PalmaEl fiscal superior de las Islas Baleares, Adrián Salazar, ha reclamado este miércoles que se adopten medidas urgentes para garantizar una mejor atención económica y social a las mujeres víctimas de violencia machista. El objetivo, ha defendido, es que puedan mantener las denuncias contra sus agresores y no se vean obligadas a retomar la convivencia con ellos por falta de alternativas residenciales y recursos económicos.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlamento, en la que ha presentado las memorias de la Fiscalía correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025, Salazar ha definido como “una bomba” la situación de la vivienda en el archipiélago y las consecuencias que tiene para las mujeres que sufren violencia machista.
“Sería necesario que se adoptasen medidas urgentes que permitan dar una solución a la mujer para que persista en su denuncia y no tenga que volver con su agresor”, ha advertido. El fiscal considera que la falta de independencia económica y residencial puede convertirse en un obstáculo para que las víctimas rompan definitivamente con sus maltratadores. Salazar también ha alertado de que, a pesar de las medidas preventivas y represivas desplegadas, la violencia contra las mujeres continúa aumentando. En concreto, ha señalado que los delitos de esta naturaleza crecieron un 15% entre 2024 y 2025.
La saturación turística y de la justicia
Más allá de la violencia machista, el fiscal superior ha hecho un diagnóstico de los principales problemas estructurales de las Baleares y ha señalado la saturación territorial y de los servicios públicos derivada del éxito del modelo turístico. Según ha expuesto, el crecimiento del sector ha comportado una presión creciente sobre el territorio, los destinos y el medio ambiente, pero también sobre servicios esenciales como la Administración de justicia.
Una situación que, a su parecer, “deben resolver los gobernantes elegidos democráticamente”. También ha vinculado el aumento de la población y de la inmigración, tanto regular como irregular, con el agravamiento del problema de la vivienda y el incremento de las situaciones de vulnerabilidad. “Si la población aumenta, aumentan los conflictos y esto tiene una traducción en la criminalidad”, ha avisado. Durante la comparecencia, Salazar se ha mostrado igualmente preocupado por la “trivialización” del consumo de cannabis entre los jóvenes y por el aumento de la delincuencia juvenil, que ha calificado de cada vez más violenta.
Juicios señalados para el 2030
Otro de los puntos centrales de la intervención ha sido la saturación “terrible e intolerable” que sufre la Administración de justicia en las Baleares. El fiscal ha lamentado los retrasos acumulados y ha hecho referencia a procedimientos judiciales con vistas señaladas para el 2030.
Salazar ha admitido que la responsabilidad de la situación responde probablemente a múltiples circunstancias, pero ha reprochado que no se hubiera reclamado antes la creación de nuevas secciones penales. “Ahora, a toda prisa, no se puede pretender que se doten dos o tres más”, ha argumentado. El caso de Ibiza le ha parecido especialmente grave. El fiscal superior ha calificado de “especialmente escandaloso” que víctimas de delitos contra la libertad sexual tengan que comparecer por videoconferencia debido a las dificultades de funcionamiento de la Administración de justicia en la isla.