Entidades ecologistas y la izquierda llevan al TC la recalificación automática de suelo rústico: "Es un ataque sin precedentes en el territorio"

PalmaVarias entidades sociales y ecologistas, con el apoyo de más 50 diputados en el Congreso del PSIB y de Sumar-MÁS, han recurrido al Tribunal Constitucional la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, una normativa aprobada por el Gobierno del PP que permite, entre otras cosas, la recalificación automática de suelo rústico y protegido para la construcción de En el caso de las poblaciones de más de 20.000 habitantes, la norma elimina la obligación de agotar el suelo urbano y urbanizable, tal y como establecía la normativa vigente hasta ahora. Así, municipios como Palma, Calvià, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Inca, Alcudia, Ibiza, Santa Eulalia del Río, San José de Sa Atalaya, Ciutadella y Maó podrán decidir aplicar este modelo y llenar las Áreas de Transición —suelo rústico que rodea los núcleos principales— de edificio. Se trata del segundo recurso que se presenta en relación a normativas que afectan al territorio, después de que ya se hubiera recorrido la amnistía urbanística en suelo rústico y el TC la admitiera a trámite en junio de 2025: todavía no se ha pronunicado.

El nuevo recurso sostiene que la Ley vulnera el principio de seguridad jurídica y afecta a la autonomía municipal e insular, "en tanto que impone mecanismos que desdibujan las competencias de los consistorios y consejos en favor de intervenciones externas y proyectos estratégicos decididos a escala autonómica". También se considera que contraviene la legislación básica estatal en materia de urbanismo, medio ambiente y protección del suelo rústico, estableciendo mecanismos de "silencio positivo" y regulaciones exprés que pueden "despreciar los procesos de participación y de control ambiental". Los recurrentes alertan de que la normativa rebaja la protección del suelo rústico y "vehicula una amnistía encubierta de actividades y edificaciones que, en condiciones ordinarias, habrían sido declaradas ilegales".

Con la excusa de la falta de viviendas

Los promotores del recurso advierten que, bajo el paraguas de una urgente necesidad de vivienda, la Ley abre la puerta a procesos especulativos masivos que pueden poner en riesgo el patrimonio natural y cultural de las Islas. Según Margalida Ramis, presidenta del GOB, se trata de un "ataque en el territorio sin precedentes", porque la norma permite que promotores privados se salten los planes generales y municipales "con decretos leyes que entran en vigor sin debate ni participación ciudadana".

La Ley establece que los proyectos considerados de interés general pueden recalificar suelo rústico automáticamente, incluyendo urbanización, reparcelación y aprobación en un único trámite. Esta vía rápida, según los recurrentes, supone una tácita derogación de todas las normas urbanísticas vigentes, con un impacto directo sobre zonas protegidas como la sierra de Tramuntana y otros espacios naturales de alto valor. José María García, diputado de Unidas Podemos, advirtió de que la norma amnistía construcciones ya existentes e impide que futuros gobiernos puedan revertirlas, mientras que Josep Maria Castells, de MÁS por Menorca, consideró que la Ley sacrifica el interés general en favor de los promotores, al margen del debate político y de la voluntad ciudadana.

Según los opositores, el texto legal no sólo facilita la especulación, sino que afianza un modelo urbanístico denso y poco sostenible. Lluís Apesteguia, diputado de MÉS por Mallorca, ha asegurado que la Ley "representa el peor urbanismo del Fransquismo: barrios de alta densidad, sin espacios verdes ni infraestructuras, donde se maximizan los intereses empresariales y se reduce la calidad de vida". Iago Negueruela, del PSIB, ha denunciado que los promotores pueden actuar sin respetar los planes generales municipales ni garantizar servicios públicos ni movilidad adecuada, dejando que zonas de transición y suelo rústico se transformen de forma casi ilimitada.

Nuevo intento de eliminar el requisito de catalán en la sanidad

El impacto de la normativa no es sólo territorial. Toni Llabrés, presidente de la OCB, ha alertado de que la Ley pone en riesgo los derechos lingüísticos, ya que incorpora la eliminación de la exigencia de catalán para el personal sanitario, "con el peligro de regresión en derechos consolidados". El Gobierno ya intentó incorporar esta medida en varios textos legislativos previos, y ahora vuelve a insistir. Josep Benedicto, presidente del Foro de la Sociedad Civil, ha criticado que la norma constituye un "atentado contra el patrimonio" que pertenece a toda la ciudadanía y no al Govern, con el que se ha intentado dialogar y llegar a entendimientos "sin éxito". Mercedes Garrido, del PSIB, ha ejemplificado con la cuña verde de Sa Riera (Palma) donde un promotor podría sustituir a una zona verde por un edificio de pisos, al margen del Ayuntamiento, modificando el paisaje y vulnerando la legislación sobre suelo rústico.

Las entidades que han interpuesto el recurso subrayan que seguirán todos los proyectos urbanísticos que se promuevan, puesto que se han personado como partes interesadas, lo que obliga a los ayuntamientos a informarlas. En caso de que sea necesario y pueda asumirse, también se interpondrán recursos contencioso-administrativos. El objetivo es detener la aplicación de la Ley, proteger el suelo rústico, evitar la amnistía de viviendas irregulares y defender el patrimonio, así como los derechos democráticos y lingüísticos. Según Margalida Ramis, si la normativa sigue vigente, el modelo urbanístico de las Islas podría cambiar de forma irreversible, favoreciendo exclusivamente los intereses de los promotores y comprometiendo el equilibrio ambiental y social del territorio. La batalla legal que se inicia ante el Tribunal Constitucional refleja la profunda división entre la voluntad del Govern de construir viviendas y la de ciudadanos y entidades que defienden un modelo de territorio sostenible y respetuoso con el patrimonio y la cultura de Baleares.