Denuncian mentiras e irregularidades en el proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma
Las colectivos denuncian que no existe ninguna alternativa habitacional real y aseguran que todavía no se puede ejecutar el desalojo porque la vía administrativa continúa abierta
PalmaLos colectivos coordinados en defensa de los residentes de la antigua cárcel de Palma han denunciado este viernes “las mentiras” del Ayuntamiento sobre el proceso de recuperación posesoria del edificio y han reclamado “alternativas reales” para las personas que viven allí. Las entidades han emitido un comunicado conjunto después de que el miércoles algunos residentes recibieran la notificación de desestimación de las alegaciones presentadas contra el desalojo.
Según explican, el Consistorio ha concedido un plazo de cinco días hábiles, hasta el miércoles 13 de mayo, para que abandonen “voluntariamente” el recinto. Los colectivos, sin embargo, cuestionan este carácter voluntario. “Sin opciones, no hay voluntad posible”, aseguran, y denuncian que la única alternativa que se ofrece a los afectados es “irse a vivir a la calle”, hecho que, afirman, vulnera el derecho a la vivienda.
Las entidades también rechazan que se pueda ejecutar ningún desalojo el próximo lunes, día 11 de mayo, tal como —aseguran— se ha insinuado por parte del Ayuntamiento. Argumentan que el plazo para abandonar el espacio aún no habrá finalizado y que la vía administrativa continúa abierta. En este sentido, recuerdan que los residentes todavía pueden presentar un recurso de reposición y, posteriormente, un recurso contencioso administrativo. Los colectivos remarcan que entre las personas afectadas hay solicitantes de asilo, personas en situación de vulnerabilidad extrema y jóvenes extutelados que, al cumplir la mayoría de edad, se quedaron sin alojamiento.
El comunicado también carga contra las declaraciones del alcalde de Palma sobre una presunta alternativa habitacional. Según denuncian, “no se ha ofrecido ninguna alternativa real” a los residentes y aseguran que no han recibido ningún documento con información concreta sobre posibles recursos residenciales. “Una estancia de unos días en un albergue no es una alternativa”, añaden. Además, cuestionan los datos aportados por el Consistorio sobre el coste del dispositivo de control de accesos a la zona. Según el Ayuntamiento, este asciende a 4.100 euros diarios, una cifra que, según los colectivos, demostraría que “las instituciones tienen recursos”, pero que estos se destinan a “militarizar la zona” en lugar de buscar soluciones de vivienda.
Finalmente, las entidades acusan al Ayuntamiento de difundir “afirmaciones falsas y sin fundamento” sobre un supuesto foco de infección por hantavirus en la antigua cárcel. Según denuncian, estas declaraciones tienen el objetivo de “manipular la opinión pública, desarticular la solidaridad y deshumanizar a las personas que viven allí”. Los colectivos exigen alternativas “realistas y justas” para los residentes y reclaman que la Policía deje de presionarles para que abandonen el recinto “al más puro estilo desokupa”. También piden que se garantice información legal “clara y necesaria” sobre su situación administrativa.