Avisar de un control policial por Telegram puede costar hasta 30.000 euros en Eivissa
Un mensaje difundido en un grupo de mensajería permitió identificar a una mujer como autora del aviso de un punto de control, una práctica sancionable por ley cuando pone en riesgo un operativo policial
PalmaUn mensaje enviado a un grupo de Telegram ha terminado en denuncia en Ibiza. La Guardia Civil ha levantado acta contra una mujer por haber difundido la ubicación de un control policial en la carretera EI-200, en el término municipal de Santa Eulària, una práctica que puede acarrear sanciones económicas muy elevadas.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil de Santa Eulària llevaban a cabo un punto de verificación de vehículos y personas. Durante el dispositivo, detuvieron un turismo ocupado por dos mujeres que, una vez identificadas, continuaron la marcha con normalidad.
Pocos minutos después, los agentes detectaron un descenso repentino del tráfico en ese tramo de carretera y observaron cómo varios vehículos desviaban su recorrido por un camino vecinal paralelo, un comportamiento que levantó sospechas. Ante esta situación, comprobaron la existencia de un grupo de Telegram que, presuntamente, se dedica a informar sobre incidencias viarias y controles en las carreteras de la isla.
En uno de los mensajes publicados se advertía de forma explícita de la presencia del control policial en la rotonda de Santa Eulària. Las gestiones policiales para identificar la autoría del mensaje condujeron a una de las mujeres que había sido identificada minutos antes en el mismo punto de control.
Una vez localizada, la Guardia Civil le comunicó que se le había levantado acta de denuncia por una infracción de la Ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. En concreto, se le atribuye una vulneración del artículo 36.23, que tipifica como infracción grave el uso no autorizado de datos o información relacionada con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando esta difusión puede poner en riesgo la seguridad de los agentes o el buen desarrollo de un operativo.
Aunque mucha ciudadanía percibe el aviso de controles como una práctica informal o incluso solidaria, fuentes jurídicas recuerdan que la clave no es tanto el acto de informar como las consecuencias que puede tener. Alertar de la presencia de un control puede facilitar que conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, personas sin permiso de conducir o individuos implicados en actividades ilegales eludan la vigilancia policial.
Riesgo generado
Por este motivo, la normativa contempla sanciones que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, con el objetivo de disuadir especialmente a la difusión masiva de información operativa a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. La gravedad de la sanción puede variar en función del alcance del mensaje, del riesgo generado y de si se ha comprometido la eficacia del dispositivo.
Fuentes de la Guardia Civil insisten en que la comunicación de este tipo de información no está permitida cuando afecta a operativos en curso y recuerdan que, más allá de la sanción económica, este tipo de prácticas pueden poner en peligro tanto a los agentes como a terceras personas.
