Corte activa la cuenta atrás para despejar la antigua cárcel con 206 residentes censados

PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha empezado a entregar las notificaciones de desalojo a las 206 personas que actualmente residen en la antigua prisión de Ciutat, una decisión adoptada en una Junta de Gobierno extraordinaria hecha este viernes. Con este paso se abre un plazo de cinco días para que los ocupantes puedan presentar alegaciones, en un proceso que ha generado ya críticas de entidades sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los grupos de la oposición que alertan de una posible vulneración de derechos fundamentales.

Resuelto este trámite, el Consistorio prevé dictar el auto que obligaría a desalojar el recinto en un máximo de cuatro días, con el objetivo de desarrollar una rotonda e impulsar un proyecto residencial. En caso de que haya personas que no abandonen el inmueble de forma voluntaria, Cort solicitará la autorización judicial necesaria para ejecutar su desalojo.

La mayoría son hombres

Este mismo viernes también se ha llevado a cabo una Junta Local de Seguridad en la que se han presentado los resultados del censo elaborado durante los últimos días, después de haber establecido controles de acceso al espacio. Según estos datos, en el interior de la antigua prisión residen 206 personas: aproximadamente el 80% son hombres y la mayoría tiene entre 23 y 35 años. No se ha detectado presencia de menores de edad, si bien los datos aún deben contrastarse con las bases de la Policía Nacional.

Alrededor del 70% de las personas identificadas son de origen magrebí, a los que siguen un 15% españoles y un 10% colombianos. El resto proceden de otros países de América Latina, aunque estos datos también deben ser cotejados con la Policía Nacional. A estas 206 personas hay que sumar otras 60 que residen de forma irregular en las viviendas del antiguo recinto penitenciario que no han sido objeto del censo, ya que su desalojo se llevará a cabo en una fase separada.

Control de acceso

En cuanto al control de acceso instaurado desde el miércoles en la entrada de la antigua prisión, el alcalde recordó que se mantendrá hasta que no se produzca el desalojo completo del recinto. En esta línea, solicitó el apoyo de la Policía Nacional para reforzar el control y la vigilancia de las zonas adyacentes, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad tanto en el interior del edificio como en el entorno.

Paralelamente, en la reunión se detalló el dispositivo social activado por parte del Consistorio. En este sentido, Servicios Sociales ha contactado con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Consejería de Asuntos Sociales, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), el Obispado de Mallorca, la entidad Mater y Cruz Roja, con el objetivo de identificar recursos disponibles y coordinar alternativas de atención; y ha procedido a la apertura de un censo que permita establecer una vía entre el Ayuntamiento y aquellas entidades sociales que deseen poner sus recursos a disposición.

En el ámbito competencial, el alcalde ha reiterado el llamamiento a la Delegación del gobierno para habilitar las medidas que estén a su alcance, recordando que, según los anteriores censos municipales, el 65% de las personas que residen actualmente en el interior de la antigua prisión se encontraban en situación administrativa irregular, datos que también serán revisados.

Igualmente, se ha solicitado a la Delegación que facilite información sobre posibles actividades ilícitas en el interior del recinto, que avance en la identificación de las personas que todavía no disponen de expediente de extranjería y que se inicien los procedimientos correspondientes.

También se ha planteado a la Delegación la necesidad de valorar recursos residenciales para estas personas.

Junta de Gobierno extraordinaria

Posteriormente, sobre las 14.00 horas, se ha llevado a cabo la Junta de Gobierno extraordinaria, donde se ha dado el paso administrativo necesario para iniciar formalmente el procedimiento de recuperación posesoria, una vez obtenido el censo real de las personas que ocupan el inmueble de forma irregular.

Así, tras elevar a Junta de Gobierno la identificación inicial de los ocupantes, se procederá desde este viernes a la notificación de la apertura de un plazo de cinco días para la presentación de alegaciones.

Una vez resuelto el plazo de alegaciones, se dictará el acuerdo que obligará a cesar el empleo en un máximo de cuatro días de las 206 personas que residen en la parte de la antigua prisión y, en caso de no producirse el abandono voluntario, se solicitará la correspondiente autorización judicial.

Actuaciones en la antigua prisión de Palma

En las reuniones, el alcalde ha enumerado las diferentes actuaciones llevadas a cabo desde el inicio de legislatura en este recinto de propiedad municipal.

Por un lado, Bomberos de Palma realizó en 2024 un total de 16 actuaciones, que se elevaron a 49 en 2025, y en lo que va de año se han llevado a cabo 12 intervenciones más.

Asimismo, la Policía Local ha realizado 263 actuaciones desde el inicio de la legislatura, 143 de las cuales exceden las competencias habituales del cuerpo. A esto se suman otras 71 actuaciones desarrolladas en las calles adyacentes, fuera del recinto.

Por su parte, Servicios Sociales ha ofrecido en numerosas ocasiones la cartera municipal de servicios a los residentes del inmueble, ofrecimiento que está realizando de nuevo en el marco del proceso actual de recuperación posesoria, con el objetivo de garantizar asistencia social y apoyo durante esta transición.

Si bien el espacio lleva años ocupado, la activación del proceso actual responde al incremento de incidentes registrados en el interior y el entorno del inmueble, especialmente los incendios del pasado fin de semana, uno de los cuales obligó al rescate de cuatro personas.

"Aumento de la conflictividad"

Cort dice que este "aumento de la conflictividad", junto con los recientes informes emitidos por Policía Local y Bomberos alertando del riesgo existente, ha motivado la puesta en marcha del actual procedimiento de recuperación posesoria, dada "la urgencia de la situación y la necesidad de garantizar la integridad" de los ocupantes y la seguridad pública en general, siempre desde la legal.