El Constitucional tumba la decisión de Prohens de derogar la Ley de memoria de las Baleares

PalmaEl Tribunal Constitucional detiene la derogación de la Ley de memoria democrática aprobada por el Gobierno de Prohens con Vox. Hay que señalar que la derogación de la norma en cuestión fue la primera iniciativa legislativa impulsada por Vox que salió adelante en casi tres años de pacto con el PP.

Según ha informado este martes el mismo tribunal, la suspensión deriva de la impugnación presentada por el ejecutivo español al amparo del artículo 161.2 de la Constitución española, que permite al gobierno estatal recurrir ante el TC disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas. La medida tiene efectos desde el pasado 9 de junio, fecha en que se presentó el recurso.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya alertó el pasado mes de mayo que recurriría la derogación aprobada por el Parlament balear. En el recurso, el gobierno español sostiene que la derogación de la norma podría vulnerar derechos reconocidos en la Constitución al eliminar el marco jurídico de protección de las víctimas de graves vulneraciones de los derechos humanos. Asimismo, considera que la ley podría invadir competencias reservadas al Estado y vulnerar el principio de cooperación entre las administraciones. El Ejecutivo también argumenta que la derogación podría contravenir los principios constitucionales de seguridad jurídica y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Con la admisión a trámite del recurso, queda suspendida provisionalmente la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears, aprobada por el Parlament el pasado marzo con los votos del PP y Vox. Esta suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el fondo del recurso.

La derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos fue aprobada por el Parlament en marzo de este año con los votos favorables del PP y Vox. La norma, vigente desde 2018 e impulsada durante el segundo Pacto de Progreso, regulaba las políticas públicas de memoria democrática en las Illes Balears, incluyendo la localización y exhumación de fosas comunes, la identificación de víctimas de la represión franquista, la retirada de simbología fascista y la protección de los espacios de memoria.

La caída de la norma representó la primera iniciativa legislativa impulsada por Vox que prosperaba durante la legislatura gracias al apoyo del PP, a pesar de que los dos partidos ya habían roto su acuerdo parlamentario. El Govern de Marga Prohens defendió entonces que la norma estatal de memoria democrática ya daba cobertura a estas políticas y que la ley autonómica generaba duplicidades administrativas. Tanto los grupos de la oposición como las entidades memorialistas rechazaron este argumento y advirtieron que la derogación dejaba las Baleares sin un marco normativo propio para desarrollar estas políticas.

Cabe recordar que la decisión del Govern desencadenó una fuerte contestación social. Asociaciones memorialistas, familiares de víctimas del franquismo, sindicatos y partidos de izquierda se movilizaron en diversas ocasiones ante el Parlament y en otros puntos de Mallorca para reclamar que no se eliminara la ley. También denunciaron que la derogación suponía un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en las políticas de verdad, justicia y reparación. Diversas entidades advirtieron, además, que la desaparición de la norma podía afectar la continuidad de las exhumaciones, los programas educativos y los trabajos de investigación sobre la represión franquista en las Islas, entre otros.

Memoria de Mallorca insta al Gobierno a aplicar la Ley de memoria

La asociación Memoria de Mallorca ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la derogación de la Ley de memoria de las Baleares y ha denunciado la "parálisis" en la aplicación de la norma por parte del Gobierno, motivo por el cual ha exigido la convocatoria urgente de la comisión encargada de su desarrollo.

La entidad ha explicado que la resolución judicial, que mantiene vigente la ley autonómica mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno estatal, supone "un éxito y un aliento" para las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de las víctimas del franquismo.

A pesar de todo, Memoria de Mallorca sostiene que el Ejecutivo autonómico de Prohens ha mantenido una actitud "de inactividad deliberada" en lo que respecta al desarrollo de la ley. La organización también ha asegurado que, durante los tres años de mandato actual, la comisión encargada de ejecutar la normativa, de la cual forma parte la entidad, solo se ha reunido en dos ocasiones. Por ello, la entidad ha instado al Ejecutivo balear a la convocatoria "urgente e inmediata" de este órgano y ha advertido que la suspensión de la derogación carecerá de efectos prácticos si la ley continúa sin desarrollarse.