Cerca de 100.000 baleares viven en zonas con agua no apta para el consumo
Menorca registra el porcentaje más alto de incumplimientos, según un informe de la Alianza por el Agua que vincula directamente la situación con la presión urbanística y demográfica y advierte que la Ley ómnibus (Ley 4/2026) va en sentido contrario
PalmaCerca de 100.000 residentes de las Islas Baleares vivieron durante 2025 en zonas donde el agua de consumo fue declarada no apta al menos en algún momento del año. En concreto, se trata de 98.452 habitantes, una cifra que se eleva hasta los 145.027 si se añaden las personas que residen en las 22 zonas consideradas "en riesgo", es decir, con incumplimientos recurrentes que pueden acabar derivando en la declaración de no aptitud.
Así lo concluye el avance del informe anual de la Alianza por el Agua, elaborado a partir de los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad. El estudio, que analiza 992 analíticas hechas durante 2025 en los 67 municipios de Baleares, alerta de que muchos de los problemas detectados no son puntuales, sino que se repiten desde 2016 o 2017.
La situación más preocupante se registra en Menorca, que presenta el porcentaje más elevado de analíticas no aptas del Archipiélago, con un 26,1%. Los incumplimientos afectan a diez zonas de abastecimiento de Mahón, Es Castell y Ciudadela, con 22.705 habitantes censados. Según la entidad, en el entorno de Mahón predomina la contaminación por nitratos, mientras que en Ciudadela se combinan los nitratos con la salinización de los acuíferos.
70.357 afectados en Mallorca
A pesar de tener un porcentaje de incumplimientos inferior (9,2%), Mallorca concentra el mayor número de residentes afectados, con 70.357 habitantes distribuidos en 26 zonas de abastecimiento de trece municipios. El informe diferencia dos focos principales: los municipios agrícolas del interior –Manacor, Sineu, Ariany, Costitx, Vilafranca de Bonany, Lloret de Vistalegre, Llubí y Petra–, donde los nitratos superan reiteradamente los límites permitidos, y el municipio de Santanyí, donde el principal problema es la intrusión marina, con niveles elevados de cloruro, sodio, sulfato y conductividad. Además, hay doce zonas de Mallorca clasificadas como "en riesgo", entre las que destacan Llucmajor y Can Picafort.
En Ibiza, seis zonas de abastecimiento registraron agua no apta durante 2025 y afectaron a 5.390 habitantes, la mayoría concentrados en Cala de Bou-Port del Torrent, en Sant Josep. La Alianza también señala Sant Josep Zona I y el Canar Cosmi como las dos zonas con el historial más preocupante, ya que acumulan incumplimientos de manera casi ininterrumpida desde 2016, relacionados con la salinización de los acuíferos.
Por el contrario, Formentera es la única isla que no registró ninguna zona con agua declarada no apta durante 2025. Aun así, la red de distribución de La Mola se mantiene en situación de riesgo por incumplimientos recurrentes de los niveles de cloro libre residual. La Alianza por el Agua sostiene que estos problemas responden a un deterioro estructural de los acuíferos, provocado por la sobreexplotación, la salinización y la contaminación por nitratos. "Esto no se resuelve con más cloración ni con más analíticas. Lo que sale del grifo es el síntoma; la enfermedad está bajo tierra", afirma el portavoz de la entidad, Rafael Tur.
La organización reclama a la Conselleria de Salut que refuerce el control de los planes sanitarios del agua y a la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua que intensifique el control de las extracciones de agua subterránea e impulse medidas para recuperar los acuíferos. También insta a los ayuntamientos a no autorizar crecimientos urbanísticos nuevos sin garantizar antes la disponibilidad de agua suficiente y de calidad.
La entidad vincula directamente la situación con la presión urbanística y demográfica y advierte que, como avanzó el ARA Balears, la Ley Ómnibus (Ley 4/2026) va en sentido contrario porque, según denuncia, reduce los controles previos sobre la suficiencia hídrica de los desarrollos urbanísticos nuevos.