CCOO, UGT y CSIF amenazan con una huelga si no sube el sueldo a los funcionarios

PalmaLos sindicatos del ámbito público estatal –CSIF, CCOO y UGT– han anunciado un calendario de movilizaciones que arranca este miércoles, 30 de octubre, con una concentración ante la Delegación del gobierno a las 12 h, y que podría culminar con una huelga general en diciembre, si el Ministerio de Hacienda no atiende a sus reivindicaciones.

El secretario de Acción Sindical del CSIF, Pau Bou, ha hecho un llamamiento "a toda la ciudadanía" recordando que "cuando faltan trabajadores públicos o están mal pagados, lo que sufre es la calidad de los servicios públicos". "Esto no es sólo una cuestión laboral, sino de país", ha remarcado.

Según los datos aportados por los sindicatos, la congelación salarial afecta a más de 105.000 personas directamente y unas 20.000 más de forma indirecta en las Islas Baleares. "Es una situación insostenible", aseguró Miquel Àngel Romero, secretario general de UGT Servicios Públicos de UGT. "El Gobierno nos habla de una economía que va bien, pero para la gente trabajadora no se traduce en nada. Hay una clara incoherencia entre la macroeconomía y la microeconomía: es como si pidieran a las empresas que suban sueldos mientras el Estado mantiene congelados a los suyos."

Romero ha recordado que 3,6 millones de empleados públicos en todo el Estado tienen el sueldo congelado desde el 1 de enero de 2025, pese al "buen momento económico" que vive el país. "No se entiende que el gobierno congele sueldos mientras la economía crece y otros sectores registran subidas del 3%", ha denunciado. El dirigente sindical ha subrayado que el bloqueo salarial afecta a colectivos esenciales como personal de justicia, seguridad, limpieza, bomberos, sanidad, docentes, trabajadores de ayuntamientos y de Correos, y ha remarcado que "los funcionarios son el mayor colectivo de trabajadores del país que depende directamente del gobierno".

Las particularidades isleños

En Baleares, la situación es "aún más grave" debido a la insularidad y el coste de vida, que dificultan la cobertura de plazas públicas. "Aquí tenemos un problema añadido: el precio de la vivienda y la vida cara hacen que muchos funcionarios no quieran venir o se vayan. Además, los trabajadores destinados en Baleares cobran sólo 90 euros más que el salario mínimo", ha explicado Romero.

El coordinador del área pública de CCOO, Mario Devis ha denunciado que el Estado "mantiene bloqueadas las negociaciones" y que quedan pendientes medidas comprometidas como la reducción de la jornada a 35 horas semanales, la correcta clasificación profesional y la jubilación parcial anticipada. También reclamó una subida salarial plurianual que permita recuperar poder adquisitivo, y no sólo el incremento previsto para 2025. "Pedimos una subida que, como mínimo, sea equivalente al IPC", remarcó.

Los sindicatos han recordado que el Estado ha recaudado un 7% más que el año anterior y, aun así, "mantiene parada la negociación con el sector público". Si el Ministerio no reabre el diálogo, las organizaciones sindicales anuncian una movilización en Madrid en noviembre y no descartan una huelga general en diciembre. "Nos falta diálogo con la Administración", advirtieron. "Si hay huelga, será un fracaso del gobierno."