De dónde salen los 6.500 pisos que se realizarán en Palma en los próximos años: ya hay tres proyectos estratégicos en trámite
Los promotores advierten que la solución a la carencia de la vivienda es muy compleja
PalmaPalma tramita tres Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) con más de 6.000 pisos que se han acogido a la ley que permite acelerar estas iniciativas -la Ley de medidas urgentes para la obtención de suelo-, según ha confirmado a la ARA Baleares la asociación de promotores inmobiliarios Proinba. Se trata de actuaciones que aprovechan que en un solo procedimiento se llevan a cabo todos los trámites que antes se resolvían secuencialmente -planeamiento urbanístico, reparcelación y urbanización- reduciendo los plazos de hasta diez años a entre 18 y 24 meses. "Aun así, estos plazos ya no podrán acortarse más, y no podemos esperar a muy corto plazo. En cualquier caso, estas edificaciones estarán en marcha mucho antes de que si las hubiéramos tramitado por la vía convencional", explica el presidente de Proinba, Óscar Carreras.
A los tres proyectos que se tramitan como estratégicos hay que añadir otros dos, también "muy avanzados", confirma Carreras. Todo ello dibuja un escenario con unos 11.000 nuevos pisos, unos 5.500 de los cuales, tal y como establece la normativa, "serán protegidos oa precio limitado, una parte importante, gestionados por el Ibavi para atender a las personas con mayor urgencia que reúnan los requisitos", señala el presidente. Para acceder a los pisos con limitación de precio, los beneficiarios tendrán que acreditar un mínimo de cinco años de residencia en las Islas.
En cuanto a la posibilidad de construir pisos en zonas de transición (suelo rústico) que también prevé la normativa, el presidente de los promotores considera que a corto plazo no es posible, entre otras cosas por la incertidumbre que genera el recurso ante el Constitucional. "Como asociación nos opusimos. Primero hay que agotar el urbano y urbanizable, y en este sentido los ayuntamientos pueden elegir siempre esta opción", ha dicho.
La situación del acceso a la vivienda es muy complicada en Baleares y los promotores admiten que "una sola medida no arregla la tremenda falta de vivienda disponible", lamenta Carreras. Aún así, los promotores se muestran convencidos de que 11.000 pisos nuevos servirán para mermar la tensión que ahora mismo existe porque la demanda supera todas las expectativas. "En el caso de la segunda mano, es todo tan exagerado que ya tiene el mismo precio que la vivienda nueva. Falta tanto de vivienda que la gente está dispuesta a pagar por la segunda mano lo mismo que por un piso de nueva construcción con las mismas características", dice el presidente de los promotores.
El recurso ante el Constitucional
La norma que ampara estas actuaciones urgentes (la Ley 4/2025) ha llegado al Tribunal Constitucional mediante el recurso, admitido a trámite, que interpuso un grupo de 50 diputados de los grupos parlamentarios Sumar-Més y Mixto (Podemos) del Congreso. La actuación contó con el apoyo de entidades sociales y ecologistas, y sostiene que la ley vulnera la seguridad jurídica, la normativa ambiental, la protección del suelo rústico y las competencias municipales, porque permite recalificaciones y construcciones con poca regulación previa. Los responsables del recurso consideran que los PRE pueden poner en peligro la transparencia del planeamiento urbanístico y favorecer beneficios para promotores privados en lugar de garantizar vivienda asequible real para residentes.
Los argumentos a favor de los PRE se centran en la capacidad para agilizar la tramitación urbanística e incrementar la oferta de vivienda en un contexto donde la demanda supera ampliamente la oferta. La normativa permite desbloquear suelo urbano y urbanizable que durante años había sido bloqueado y asignarlo a promociones que "prioricen a residentes locales", en palabras del Gobierno, con el objetivo de paliar los efectos del aumento de precios y garantizar vivienda asequible. Además, la ley establece que una parte mínima de la edificabilidad debe destinarse a vivienda protegida, un avance respecto de la normativa previa.
Sin embargo, los PRE han suscitado críticas y controversias importantes. Colectivos ecologistas y sociales han advertido sobre los impactos territoriales y ambientales, y alertan de que la normativa podría facilitar expansiones urbanas desordenadas y afectar a espacios y recursos naturales. Algunos ayuntamientos, como Manacor, han rechazado explícitamente la aplicación de los PRE en su territorio, aduciendo que podrían incrementar la densidad y la edificabilidad más allá de lo previsto en los planes urbanísticos vigentes y poner en riesgo la planificación sostenible del municipio. El GOB calificó el acuerdo político entre el Gobierno y Vox, que permitió impulsar esta normativa aceleradora, de una "bomba urbanística y demográfica", y señala que la recalificación de suelo rústico podría alterar la sostenibilidad territorial y ecológica del Archipiélago.
En este sentido, el presidente de los promotores, Oscar Carreras, ha asegurado al ARA Baleares que "hay que dar respuesta a la población que ha llegado en los últimos años (más de 100.000 personas)". "Si no cambia esta tendencia, las Islas que hemos conocido sufrirán cambios territoriales muy importantes", dice.
