Caso Barraquer

El caso Barraquer acaba con una multa de 3.000 euros: "Desahuciaron a una mujer con menores y los violentos éramos nosotros"

Decenas de personas se concentran en los juzgados en apoyo a los activistas, que niegan haber agredido a la Policía y denuncian una actuación desproporcionada

Los encausados acompañados de personas que han asistido a apoyarles el caso
24/03/2026
3 min

PalmaDecenas de personas se han concentrado este martes ante los juzgados de la vía de Alemania de Palma para mostrar su apoyo a las personas encausadas para intentar detener el desahucio de una familia con menores en el año 2022. El procedimiento judicial, conocido como caso Barraquer, se ha resuelto con un acuerdo de conformidad que ha evitado el juicio0. delito de resistencia a la autoridad.

La movilización ha sido convocada por el Sindicato de la Vivienda de Palma (SHP), que durante la concentración ha desplegado una pancarta con el lema 'La represión sólo nos hará más fuertes' y han gritado consignas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente".

Los encausados ​​en la salida del juzgado de la vía de Alemania.

El portavoz del sindicato, Miquel Durán, ha explicado que los hechos se remontan a un desahucio producido en 2022, en el que una persona fue detenida y otras ocho fueron encausadas por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones a agentes de la Policía Local de Palma. Inicialmente, la Fiscalía les solicitaba penas que superaban los diez años de cárcel y unos 15.000 euros de multa en su conjunto.

Por último, este martes las partes han llegado a un acuerdo que rebaja la calificación de los hechos a un delito de resistencia a la autoridad. Según Durán, se ha aceptado ante lo que consideraban una "pena desmedida" y un proceso penal "aberrante". "Consideramos que la resistencia no debería ser delito, y menos aún cuando se trata de evitar que una familia en una situación vulnerable quede en la calle", remarcó.

Niegan las agresiones y denuncian violencia policial

Los activistas encausados ​​consideran que los cargos iniciales eran "incongruentes". En este sentido, rechazan haber cometido delitos de atentado contra la autoridad y lesiones, y niegan haber agredido a ningún agente. "Desahuciaron a una mujer con menores en su cargo y resulta que los violentos éramos nosotros", ha denunciado.

Según han explicado al ARA Baleares, el contacto físico se produjo cuando los policías "empezaron a sacar violentamente a los asistentes de la puerta", que –afirman– ejercían su derecho a la protesta con resistencia pasiva. "No hubo ningún ataque a la Policía; los que fuimos atacados y estropeados fuimos nosotros", sostienen. También cuestionan que no se produjeran detenciones en el momento de los hechos y que el atestado policial se redactara con posterioridad.

Un desahucio con menores y sin alternativa

Según el colectivo, el caso se origina en un desahucio que afectaba a una mujer con varios menores a cargo, hermana de una víctima de violencia machista. Era el tercer intento de desalojo de una vivienda propiedad de una entidad bancaria. La familia había intentado acceder a un alquiler social a través de la Oficina Antidesahucios de Palma, pero sin éxito ni alternativa habitacional. El día del lanzamiento, a principios de noviembre de 2022, varios activistas se concentraron ante el domicilio para impedirlo.

Durán ha asegurado que, al llegar la Policía Local, los agentes –que superaban en número a los activistas– les retiraron de la puerta agarrándolos por el cuello y con torsiones de dedos, unas actuaciones que considera "totalmente innecesarias". Los encausados ​​coinciden en señalar que el uso de la fuerza fue desproporcionado e interpretan la intervención como acción represiva para desincentivar la protesta. El desahucio se prolongó durante horas y la mujer que se encontraba en la vivienda sufrió un ataque de ansiedad, por el que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario, mientras los menores quedaban en el interior de la casa.

Según el sindicato, la comisión judicial advirtió a los niños de que, en caso de desalojo, serían separados en diferentes centros, una actuación que califican de "tortura psicológica". Por último, los menores salieron del domicilio después de un operativo que se prolongó durante ocho horas. Los encausados ​​consideran que este caso no es aislado, sino que refleja una problemática estructural de la vivienda en Mallorca, y hacen un llamamiento a la organización colectiva para hacerle frente.

stats