Dos años de aire para 25.000 familias de las Baleares ante el mayor encarecimiento del alquiler del Estado

PalmaCerca de 25.000 familias de las Baleares pueden ganar dos años de respiro antes de tener que afrontar la renovación del contrato de alquiler, si el Congreso de los Diputados no tumba la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Las Baleares, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, era donde se esperaba la subida más alta para los contratos que terminarán en los próximos meses: el Estado había calculado que pasar de un contrato que termina este año a uno nuevo a precios de mercado podía suponer en las Islas un sobrecoste medio de 4.615 euros anuales, unos 385 euros cada mes, el mayor impacto de todas las comunidades autónomas. La media estatal se situaba en 1.735 euros anuales, unos 145 euros mensuales.

Este es el contexto en el que llega la prórroga extraordinaria aprobada este martes por el Consejo de Ministros. El primero de los dos reales decretos ley pactados por el gobierno español permite alargar durante dos años los contratos vigentes que lleguen al final antes de 2028, manteniendo sus condiciones, una protección que ahora tendrá que superar la convalidación en el Congreso.

El mayor salto de todo el Estado

Los 385 euros no son una estimación de un portal inmobiliario. El cálculo procede del Ministerio y mide la diferencia potencial entre las rentas de los contratos que llegan a su fin y los precios que estos hogares encontrarían si tuvieran que volver ahora al mercado. Esto tampoco significa que todos los contratos deban encarecerse exactamente 385 euros mensuales. Es una media estimada. Pero el resultado sitúa a Baleares a la cabeza del Estado y muestra hasta qué punto es grande la distancia entre muchos contratos firmados hace años y el mercado actual.

Para una economía familiar, el salto no es poca cosa: 4.615 euros adicionales cada año equivalen a tener que encontrar casi 400 euros más cada mes solo para continuar destinándolos a la vivienda. Esta presión es especialmente relevante para los hogares con menos renta disponible. Y las fuentes oficiales confirman que el mercado al cual estas familias habrían tenido que volver se ha encarecido de manera intensa.

El Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, elaborado por el Ministerio de Vivienda a partir de fuentes tributarias, constata que el precio de los contratos vigentes no ha dejado de aumentar. En 2024, el precio medio en Baleares ya superaba los 9 euros mensuales por metro cuadrado. El parque de alquiler analizado por el sistema estatal llegaba aquel año a las 87.759 viviendas, el doble que en 2011.

Una segunda fuente oficial ofrece una señal todavía más contundente. El Observatorio de la Vivienda de las Islas Baleares, a partir de las fianzas depositadas en el Ibavi, concluye que entre 2020 y 2025 ha habido una tendencia sostenida al alza y una “práctica duplicación” de los valores medios de los alquileres. Ningún municipio de las Islas presenta en 2025 una media inferior a la que tenía en 2020.

Los datos de los portales, que reflejan sobre todo los precios de la oferta que sale al mercado en cada momento, apuntan en la misma dirección. Fotocasa calculaba a finales de 2025 que el alquiler de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados había pasado de unos 931 euros mensuales cinco años antes a más de 1.500 euros: cerca de 600 euros mensuales más y un encarecimiento de alrededor del 64%. Es en este mercado donde habrían tenido que renegociar miles de hogares si los contratos terminaban ahora.

Dos años sin tener que volver al mercado

La principal consecuencia de la prórroga es precisamente esta: durante un máximo de dos años, las familias afectadas pueden evitar el momento en que el contrato vigente desaparece y se debe negociar otro precio.

La fórmula ya tiene un precedente. El gobierno español aprobó en marzo una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler habitual que acabasen antes del final de 2027. Aquella norma establecía que, a petición del inquilino, el propietario debía aceptarla con carácter general y se debían mantener los términos y las condiciones esenciales del contrato, con excepciones como la necesidad legalmente prevista del propietario de recuperar la vivienda.

Aquella protección acabó decayendo en el Congreso, de manera que los hogares con contratos a punto de vencer volvieron a quedar expuestos a la renegociación. Ahora el gobierno recupera el instrumento dentro del nuevo paquete aprobado este martes.

La prórroga extraordinaria, sin embargo, no resuelve por sí misma la evolución del mercado. Aplazar dos años la renovación no significa que dentro de dos años los precios hayan bajado, sino que evita que las familias afectadas deban asumir ahora una renegociación en uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años.

Los inmobiliarios alertan de un enfriamiento de la oferta

El sector inmobiliario balear pone el foco en la otra cara de la intervención. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Baleares (COAPI), José Miguel Artieda, ha dicho estos días que los topes y las limitaciones sobre los contratos pueden provocar que una parte de los propietarios "enfríe" la decisión de poner sus pisos en alquiler.

Artieda ha reiterado este martes en IB3 Ràdio esta preocupación. Su argumento es que, ante nuevas restricciones, algunos propietarios pueden optar por esperar antes de incorporar la vivienda al mercado. La misma advertencia ya la había hecho públicamente el lunes: aseguraba que había propietarios “en alerta” que llamaban a las agencias para informarse de la futura normativa y que algunos estaban frenando tanto la salida de pisos al mercado como renovaciones por temor a los cambios. Es el principal interrogante que el sector plantea sobre la medida: si proteger durante más tiempo los contratos existentes puede acabar reduciendo una oferta de alquiler que ya es limitada.

Los inquilinos querían ir más allá

En el otro extremo, las organizaciones de inquilinos consideran que dos años siguen siendo insuficientes. En Mallorca, el Sindicato de Inquilinas reclamaba antes de la aprobación una prórroga indefinida de los contratos, congelar las subidas y modificar la legislación para evitar el uso de los contratos temporales y por habitaciones como fórmula para escapar de la regulación. Su portavoz, Óscar Martínez, había pedido al gobierno español que no aprobara un decreto “mutilado”. Una parte de los manifestantes que el lunes salieron a la calle en Palma mantuvo una acampada en la plaza de España a la espera de conocer el resultado del Consejo de Ministros.

En Ibiza, el planteamiento es similar. El Sindicato de Inquilinas había reunido el domingo a unas 200 personas en Vara de Rey y reclamaba directamente congelar los precios y establecer la renovación indefinida de los contratos. Su portavoz, Daniel Granda, advertía que en la isla se producen de manera continuada casos de familias, jóvenes y trabajadores con dificultades para mantener una vivienda. Ibiza es ya conocida por las situaciones límite que deben soportar los trabajadores que ven cómo el precio del metro cuadrado de alquiler es de los más altos del Estado.