Acusan al Ayuntamiento de Palma de mover mandos de la Policía Local "por WhatsApp" y sin procedimiento

PalmaEl conflicto entre el Ayuntamiento de Palma y la Policía Local por el retraso en la implementación del plan de ordenación ha vuelto este jueves en el pleno municipal con una dura intervención de la concejala socialista Angélica Pastor, que denunció una "vulneración flagrante de derechos laborales" y una gestión "arbitraria" de la movilidad de los agentes por parte del equipo de gobierno del PP, con "el silencio cómplice" de Vox. Paralelamente, un centenar de agentes se ha concentrado en la plaza de Cortpor denunciar el reiterado incumplimiento de promesas por parte del alcalde, Jaime Martínez.

Pastor ha acusado al gobierno municipal de haber impulsado un plan con el que "pretende comprar y vender derechos", una práctica que ha rechazado por completo: "Los derechos no se compran, se negocian y se conquistan". Según afirmó, el intento de "comprar la voluntad" de la Policía Local "ha salido mal" y ha evidenciado el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el cuerpo. "Les ha salido el tiro por la culata", ha dicho.

Durante la intervención, la concejala hizo un extenso listado de deficiencias en la gestión de la seguridad ciudadana, empezando por una "falta de personal estructural absoluta", que, según dijo, se tapa con el uso "indebido de agentes en prácticas, no para formarlos, sino para cubrir la falta de efectivos.

Pastor también ha denunciado el abandono de la Unidad Nocturna, una situación que, ha advertido, pone en riesgo la seguridad de los agentes que patrullan de noche. Se suma la falta generalizada de vehículos policiales: el renting de coches patrulla ha finalizado y ni siquiera se han podido licitar correctamente las mamparas de protección por errores en los pliegos, lo que deja furgones y patrullas sin ese elemento de seguridad.

Según ha dicho, otro punto crítico es la gestión del vestuario: "La comisión correspondiente ha sido meses sin reunirse y sin atender a las necesidades de los agentes".

Sin embargo, Pastor ha señalado como más grave la vulneración directa de derechos laborales: "Movilidad arbitraria -que ya ha anunciado que será denunciada-, incumplimiento de acuerdos, bloqueo de traslados y de segundas actividades, además de irregularidades en los nombramientos". En este sentido, cuestionó el desmantelamiento de los mandos del área nocturna y el cese de cuatro subinspectores de Seguridad Ciudadana "sin ningún procedimiento administrativo ni legal", comunicado únicamente por WhatsApp. "Se ha hecho una purga sin norma ni cobertura legal", ha comentado y después ha pedido bajo qué base normativa se han dado estas órdenes y si esa dinámica continuará.

Mercedes Celeste: "Es una auténtica barbaridad"

En respuesta, la concejala de Función Pública, Mercedes Celeste, defendió la actuación del gobierno municipal y aseguró que la negociación sindical "no es un conflicto laboral, sino el trabajo que corresponde a un equipo de gobierno". Celeste rechazó de forma contundente las acusaciones de intentar comprar voluntades y calificó estas afirmaciones de "auténtica barbaridad" y de "insulto a los funcionarios de la casa".

La concejala también ha apuntado al coste de la defensa jurídica del cuerpo policial por el caso Cursach, que asciende a cinco millones de euros, y ha insistido en que "la dignidad de los funcionarios no se compra ni antes ni después de las elecciones".