Las Baleares han iniciado el verano con una situación muy complicada en términos de reservas hídricas. Los datos del mes de junio preocupan al Ejecutivo, y es natural. Las reservas subterráneas, principal fuente hoy en día del suministro, han vuelto a bajar a las puertas del verano y la falta de lluvias durante las últimas semanas ha agravado una situación que ya venía marcada por la presión sobre los acuíferos. Aunque no se habla de una emergencia generalizada, los datos oficiales dibujan un escenario cada vez más ajustado.

El Gobierno introdujo a última hora una modificación legal de la normativa de aguas para eximir algunas operaciones urbanísticas de la necesidad de conseguir la autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos. Una disposición adicional de la Ley ómnibus aprobada por el PP y Vox permite evitar nuevos informes de suficiencia hídrica (disponibilidad de agua) en determinados casos, siempre que se considere que un determinado planeamiento o proyecto no supone un aumento de la demanda o que no hayan cambiado las circunstancias que justificaron informes anteriores.

"El alcalde de Palma tendrá que responder por los desastres que puedan venir después de construir en zonas inundables". Con esta advertencia, la portavoz de MÉS por Palma en Cort, Neus Truyol, ha cargado este jueves contra la estrategia del Ayuntamiento de Palma deeliminar la autorización previa de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern para agilizar la concesión de licencias urbanísticas.

El Gobierno ha sacado a licitación por 1,3 millones de euros un contrato para externalizar la redacción y tramitación de informes de la Dirección General de Recursos Hídricos con el objetivo de agilizar expedientes, especialmente los vinculados a proyectos de construcción de vivienda. La decisión llega en un momento de fuerte presión del sector promotor, que denuncia desde hace meses retrasos en los informes hídricos y condicionan el otorgamiento de licencias y el inicio de obras en un contexto de demanda disparada de pisos.