No le fue fácil a Marga Prohens encontrar un sustituto para Carlos Simarro en la Dirección General de Costas y Litoral. Quedaba poca legislatura, y el PP tenía pendiente un compromiso electoral un tanto complicado, porque las competencias principales de la costa todavía son del Estado: arreglar las casetas de primera línea, los embarcaderos y también otros negocios dentro de dominio público. Fue una apuesta electoral de Prohens, principalmente en Formentera y, por este motivo, está a punto de aprobarse un proyecto de ley del litoral que quiere evitar demoliciones. Maria Joanquina Ferrer es funcionaria de la CAIB desde 1996. Es licenciada en Derecho y, sobre todo, honesta: acaba de denunciar un intento de soborno, precisamente de un negocio litoral. En el momento de hacer esta entrevista, los hechos no se conocían.

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un empresario de Mallorca que intentó sobornar la directora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer. El hombre, que acudió al despacho de la alta cargo para resolver un tema de permisos vinculados a sus negocios, le regaló una caja de bombones. La sorpresa de Ferrer fue mayúscula cuando, al abrirla para ofrecer algunos a unos trabajadores, estaba llena de dinero: en total, había 20.000 euros en billetes de 50.

El histórico puerto de Sanitja, que acogía la antigua ciudad romana de Sanisera, al norte del Mercadal, se encuentra a las puertas de la temporada sin barcas. Ni una de la cuarentena que todavía había hasta este invierno. Costas las ha desalojado por no haber podido regularizar la asociación de usuarios y la situación legal de los cinco pantalanes que se empleaban en este paraje protegido, la cual ya había motivado la apertura de varios expedientes sancionadores por parte de la administración estatal.

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para derribar la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente, cuando lo leí, me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.

El consejero balear de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha firmado una resolución que algunos creían imposible: la autorización definitiva para derribar la piscina, el embarcadero y la terraza del chalé propiedad del periodista Pedro J. Ramírez en la costa de los Pins (Son Servera), que ocupan el dominio público sin la correspondiente autorización en vigor. De esta manera, prácticamente se pone el punto final a una historia que comenzó hace 25 años y que ha supuesto un litigio maratoniano entre Ramírez y un grupo de entidades y ciudadanos liderados por el activista e independentista mallorquín Jaume Sastre.

El ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, una norma que, como la preparada por el Gobierno, pretende crear un marco para salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, pequeños restaurantes y rechinos que incumplen la Ley estatal de costas se incluyen dentro del registro de construcciones que la normativa considera de "interés cultural", bajo el pretexto de proteger el patrimonio. Según la Generalitat Valenciana, el objetivo de la norma es "garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades económicas existentes, incluidas las construcciones que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial, se consideren de interés cultural". El Gobierno de Marga Prohens tiene terminada la norma para aprobarla como proyecto de ley y tramitarla en el Parlament, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que esto no ocurrirá hasta después de Pascua.

Cerca de la sede de Baleària del puerto de Palma, donde cada año desembarcan miles de turistas en Mallorca, se aprecian unas carpas blancas con una excesiva protección policial en la entrada. Son las instalaciones que acogen sólo a los hombres migrantes mayores de edad que llegan a la costa de la isla durante 24 o, a veces, 48 ​​horas antes de viajar hacia la Península –los menores van directamente a Son Tous y las mujeres con niños van a instalaciones de Cruz Roja. "Aquí no queda nadie, todos se van en muy poco tiempo", asevera un trabajador que guía a los medios de comunicación en las diferentes estancias. Desde que se abrieron estas instalaciones, en noviembre de 2025, en Mallorca ya han pasado 472 personas; 555, en el puerto de Eivissa, y 90, en Formentera.

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado caducado el expediente de delimitación del dominio público marítimo-terrestre que afectaba al tramo litoral de Es Comú de Muro comprendido entre las Casetes dels Capellans y la Playa de Muro. Este expediente tenía como objetivo acabar con una polémica histórica: determinar la legalidad de tener tres restaurantes en primera línea y una veintena de casas de veraneo que ocupan esta zona de alto valor natural. Según la interpretación de algunos técnicos y de los ecologistas, se trata de unas edificaciones hechas sobre el sistema dunar y, según la Ley de costas, estos ecosistemas deben ser preservados en su integridad, independientemente de los metros que haya desde el mar.

Los propietarios de un edificio en Cala Llamp (Andratx) tendrán que tapar una parte de la piscina y abrir la terraza privada al público porque la justicia confirma que no pueden disfrutar del dominio público sin la pertinente concesión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo, quien confirma que una comunidad de propietarios "no puede ser titular de una concesión administrativa por ocupar dominio público marítimo-terrestre". La decisión ratifica la resolución de la Audiencia Nacional, que archivó la solicitud presentada por la comunidad de Cala Llamp, un territorio completamente desfigurado por el urbanismo salvaje de los últimos años.

A finales de julio de 2022, la Dirección General de Costas del Estado desestimó la petición de los propietarios del restaurante El Bungalow, en primera línea de la playa palmesana de Ciutat Jardí, para conseguir una concesión y legalizar su situación, ya que el establecimiento se encuentra sobre dominio público sin permiso. La máxima autoridad del litoral dio seis meses a los propietarios para derribar el edificio, que ocupa más de 400 metros cuadrados sobre las rocas de Ciutat Jardí sin autorización.

Un nuevo episodio de incivismo sacude el mar Balear. El windsurfista olímpico Nacho Baltasar ha denunciado, en un vídeo en las redes, la presencia de barcos y embarcaciones a pocos metros de la costa, navegando a alta velocidad y de forma temeraria. En el vídeo, el mallorquín bucea en la zona de Portopetro, a poca distancia de la superficie, cuando una embarcación pasa a toda velocidad por encima de él. Varias motos de agua pasan hasta tres veces.