Las imágenes de la casa de Nicolas Cage en Malibú dan miedo. Las autoridades admiten que las olas y mareas asociadas al huracán Marie, que ha golpeado la costa del sur de California, son la causa directa de la destrucción de esta y otras casas, que como tantas otras se levantan en primera línea, poderosa y altiva para ofrecer a su propietario la exclusividad de una vista que los pobres no pueden tener.

El PP y Vox han impedido este jueves que el consejero del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, comparezca de manera extraordinaria en el Parlamento para dar explicaciones sobre la destitución de la exdirectora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer, y sobre las decisiones adoptadas posteriormente por el departamento. La Diputación Permanente ha rechazado este jueves la petición formulada por la oposición, que quería aclarar si hubo presiones o instrucciones políticas sobre Ferrer o los funcionarios de Costas y si estas afectaron a expedientes administrativos. El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos ya habían advertido que las informaciones conocidas les generaban una “desconfianza absoluta” hacia el consejero.

El PP y Vox han bloqueado la comparecencia del conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, para dar explicaciones por la destitución de la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer. Los dos partidos han avanzado que se opondrán a la petición de la oposición para que el conseller tenga que dar cuentas al Parlament por esta salida, que 21 funcionarios cuestionaron en una carta abierta.

Conselleria de Mar y Ciclo del Agua, 17 de agosto, 14:15 h. El jefe del Servicio Jurídico, Mariano Socias, firma digitalmente un informe jurídico y propuesta de resolución de 80 páginas sobre las polémicas autorizaciones de tumbonas y sombrillas de Formentera. La propuesta es volver a autorizar buena parte de las instalaciones que la Dirección General de Costas había dejado fuera solo tres meses antes.

Los vecinos del Port d’Andratx están hartos de encontrarse cada vez con más obstáculos para llegar al mar. El cierre de uno de los accesos tradicionales del camino de Sant Carles, en dirección a La Mola, por parte de un millonario extranjero que tiene una mansión ha vuelto a encender el malestar entre los residentes, que denuncian una progresiva "privatización" de los caminos que conducen al litoral. Para este sábado, 29 de agosto, han convocado un encuentro vecinal para reclamar que se recupere el paso situado entre los números 22 y 24 de la calle.

El Gobierno ha intentado este martes dar por cerrada la crisis política abierta en torno a la gestión de las concesiones de temporada de las playas de Formentera. Tras días de polémica marcados por el cese de la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer, las críticas de la oposición, el apoyo público de los funcionarios de la Dirección General de Costas a la exdirectora y las quejas de los concesionarios de los chiringuitos de las playas por la falta de decisiones, la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua ha anunciado que ha culminado la revisión de las instalaciones de temporada y ha aprobado la resolución que fija las ocupaciones autorizadas para el período 2026-2029.

No han pasado ni cuatro meses desde que el Gobierno manifestó su "orgullo y satisfacción" por la conducta de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, que denunció el intento de soborno por parte de un empresario de Mallorca. Pero el Ejecutivo ha virado del reconocimiento público a la destitución de Ferrer, que no ha llegado a cumplir un año en el cargo y que ahora volverá a su plaza de funcionaria de la CAIB. La destitución se hará efectiva este viernes en el Consell de Govern.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santanyí contra diversas resoluciones de la Demarcación de Costas relacionadas con el aparcamiento situado en Cala Llombards y ha avalado la actuación de la administración del Estado para ordenar la retirada de la señalización y la clausura.

El rastro dejado por los continuados temporales de invierno no se ha borrado en Menorca. La huella todavía está presente, meses después, en diversos lugares del litoral menorquín y, lo que es más grave, con la temporada iniciada.

No le fue fácil a Marga Prohens encontrar un sustituto para Carlos Simarro en la Dirección General de Costas y Litoral. Quedaba poca legislatura, y el PP tenía pendiente un compromiso electoral un tanto complicado, porque las competencias principales de la costa todavía son del Estado: arreglar las casetas de primera línea, los embarcaderos y también otros negocios dentro de dominio público. Fue una apuesta electoral de Prohens, principalmente en Formentera y, por este motivo, está a punto de aprobarse un proyecto de ley del litoral que quiere evitar demoliciones. Maria Joanquina Ferrer es funcionaria de la CAIB desde 1996. Es licenciada en Derecho y, sobre todo, honesta: acaba de denunciar un intento de soborno, precisamente de un negocio litoral. En el momento de hacer esta entrevista, los hechos no se conocían.

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un empresario de Mallorca que intentó sobornar la directora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer. El hombre, que acudió al despacho de la alta cargo para resolver un tema de permisos vinculados a sus negocios, le regaló una caja de bombones. La sorpresa de Ferrer fue mayúscula cuando, al abrirla para ofrecer algunos a unos trabajadores, estaba llena de dinero: en total, había 20.000 euros en billetes de 50.

El histórico puerto de Sanitja, que acogía la antigua ciudad romana de Sanisera, al norte del Mercadal, se encuentra a las puertas de la temporada sin barcas. Ni una de la cuarentena que todavía había hasta este invierno. Costas las ha desalojado por no haber podido regularizar la asociación de usuarios y la situación legal de los cinco pantalanes que se empleaban en este paraje protegido, la cual ya había motivado la apertura de varios expedientes sancionadores por parte de la administración estatal.

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para derribar la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente, cuando lo leí, me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.

El consejero balear de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha firmado una resolución que algunos creían imposible: la autorización definitiva para derribar la piscina, el embarcadero y la terraza del chalé propiedad del periodista Pedro J. Ramírez en la costa de los Pins (Son Servera), que ocupan el dominio público sin la correspondiente autorización en vigor. De esta manera, prácticamente se pone el punto final a una historia que comenzó hace 25 años y que ha supuesto un litigio maratoniano entre Ramírez y un grupo de entidades y ciudadanos liderados por el activista e independentista mallorquín Jaume Sastre.

El ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, una norma que, como la preparada por el Gobierno, pretende crear un marco para salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, pequeños restaurantes y rechinos que incumplen la Ley estatal de costas se incluyen dentro del registro de construcciones que la normativa considera de "interés cultural", bajo el pretexto de proteger el patrimonio. Según la Generalitat Valenciana, el objetivo de la norma es "garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades económicas existentes, incluidas las construcciones que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial, se consideren de interés cultural". El Gobierno de Marga Prohens tiene terminada la norma para aprobarla como proyecto de ley y tramitarla en el Parlament, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que esto no ocurrirá hasta después de Pascua.

Cerca de la sede de Baleària del puerto de Palma, donde cada año desembarcan miles de turistas en Mallorca, se aprecian unas carpas blancas con una excesiva protección policial en la entrada. Son las instalaciones que acogen sólo a los hombres migrantes mayores de edad que llegan a la costa de la isla durante 24 o, a veces, 48 ​​horas antes de viajar hacia la Península –los menores van directamente a Son Tous y las mujeres con niños van a instalaciones de Cruz Roja. "Aquí no queda nadie, todos se van en muy poco tiempo", asevera un trabajador que guía a los medios de comunicación en las diferentes estancias. Desde que se abrieron estas instalaciones, en noviembre de 2025, en Mallorca ya han pasado 472 personas; 555, en el puerto de Eivissa, y 90, en Formentera.

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado caducado el expediente de delimitación del dominio público marítimo-terrestre que afectaba al tramo litoral de Es Comú de Muro comprendido entre las Casetes dels Capellans y la Playa de Muro. Este expediente tenía como objetivo acabar con una polémica histórica: determinar la legalidad de tener tres restaurantes en primera línea y una veintena de casas de veraneo que ocupan esta zona de alto valor natural. Según la interpretación de algunos técnicos y de los ecologistas, se trata de unas edificaciones hechas sobre el sistema dunar y, según la Ley de costas, estos ecosistemas deben ser preservados en su integridad, independientemente de los metros que haya desde el mar.

Los propietarios de un edificio en Cala Llamp (Andratx) tendrán que tapar una parte de la piscina y abrir la terraza privada al público porque la justicia confirma que no pueden disfrutar del dominio público sin la pertinente concesión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo, quien confirma que una comunidad de propietarios "no puede ser titular de una concesión administrativa por ocupar dominio público marítimo-terrestre". La decisión ratifica la resolución de la Audiencia Nacional, que archivó la solicitud presentada por la comunidad de Cala Llamp, un territorio completamente desfigurado por el urbanismo salvaje de los últimos años.

A finales de julio de 2022, la Dirección General de Costas del Estado desestimó la petición de los propietarios del restaurante El Bungalow, en primera línea de la playa palmesana de Ciutat Jardí, para conseguir una concesión y legalizar su situación, ya que el establecimiento se encuentra sobre dominio público sin permiso. La máxima autoridad del litoral dio seis meses a los propietarios para derribar el edificio, que ocupa más de 400 metros cuadrados sobre las rocas de Ciutat Jardí sin autorización.