El Estado recurre al Constitucional la ley valenciana que Baleares ha copiado para salvar a los chibius ilegales

PalmaEl ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, una norma que, como la preparada por el Gobierno, pretende crear un marco para salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, pequeños restaurantes y rechinos que incumplen la Ley estatal de costas se incluyen dentro del registro de construcciones que la normativa considera de "interés cultural", bajo el pretexto de proteger el patrimonio. Según la Generalitat Valenciana, el objetivo de la norma es "garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades económicas existentes, incluidas las construcciones que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial, se consideren de interés cultural". El Gobierno de Marga Prohens tiene terminada la norma para aprobarla como proyecto de ley y tramitarla en el Parlament, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que esto no ocurrirá hasta después de Pascua.

La fórmula de crear un registro de patrimonio litoral del ejecutivo valenciano es la misma estrategia que ha seguido el Gobierno para evitar que el Estado tome miles de construcciones en la costa –hasta 3.000 según algunas fuentes. Las edificaciones abarcan desde varaderos donde se guardaban barcas hasta piscinas de hotel y restaurantes como el Illetes, en el Camp de Mar (ver fotografía), que se ubica sobre un islote en medio de la playa y que no dispone de autorización vigente para ocupar el dominio público. Buena parte de estos establecimientos tienen ya –como en el caso de la Comunidad Valenciana– órdenes de demolición del Ministerio de Transición Ecológica. Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA Baleares, la norma que ha elaborado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua tiene artículos que parecen copiados de la valenciana.

El núcleo normativo del proyecto de ley de ordenación y gestión integral del litoral de las Islas Baleares sigue un patrón muy parecido al que ha impugnado el Estado. La estrategia incluye un registro de construcciones y actividades económicas con valor patrimonial que permita legalizar de facto establecimientos irregulares. Según técnicos de la administración autonómica y de la Dirección General de Costas consultados por el ARA Baleares, en las Islas hay miles de chibius y pequeños bares y restaurantes dentro del dominio público que, en el mejor de los casos, tienen la autorización caducada. La mayor parte se concentra en el litoral mallorquín y ibicenco, donde los establecimientos ocupan playas con hamacas, pasarelas y servicios de temporada sin cumplir los límites legales de Costas. Aunque la ley balear habla de "protección, conservación y mejora del patrimonio histórico y cultural del litoral", la intención en la práctica es salvaguardar construcciones que incumplen la normativa estatal.

Denuncias de colectivos ecologistas

Los principales colectivos ecologistas de Baleares criticaron el planteamiento de la nueva ley del litoral y la idea de 'protección' que propone, sobre todo porque se puede utilizar para regularizar construcciones y actividades que vulneran la normativa estatal de costas. La portavoz del GOB, Margalida Ramis, advirtió de que, aunque la ley habla de proteger el litoral, en realidad "expande y consolida usos preexistentes que no guardan relación con la protección costera" y pone en riesgo los valores naturales que pretende salvaguardar.

El GOB ha hecho hincapié en casos concretos, como el del restaurante El Bungalow (Ciudad Jardín), que sigue operando y ocupando espacio público marítimo, y ha criticado la "inacción aparente" ante las órdenes de Costas. "Los tribunales han terminado siempre dando la razón al Estado cuando ayuntamientos o comunidades autónomas intentan legalizar irregularidades en dominio público", explica un técnico de Costas que pide el anonimato. La entidad ecologista ha reclamado que se detenga y se retire el anteproyecto porque es contradictorio y presenta "inconsistencias" respecto a los objetivos de conservación que se pretenden justificar.

Coincidencias con la versión valenciana

La comparación entre las leyes valenciana y balear evidencia coincidencias notables: registro de construcciones, reconocimiento de actividades económicas preexistentes y el argumento patrimonial para justificar su legalización. La estrategia es casi idéntica: crear un marco normativo que legitime edificaciones irregulares con la apariencia de protección cultural. Sin embargo, el precedente gallego sirve de aviso de que el Estado sólo tolera margen de maniobra dentro de los límites legales del dominio público marítimo-terrestre.

En el caso valenciano, el recurso al Constitucional subraya que competencias como el uso del dominio público, sobre todo de construcciones y actividades económicas, son exclusivas del Estado. De este modo, si Baleares aprueba su ley con artículos que pretenden legalizar chibius y bares irregulares, pueden enfrentarse a un recurso similar. La similitud de los registros y de los mecanismos administrativos entre ambas comunidades acentúa esta vulnerabilidad.

Aunque los ecologistas y los técnicos consultados por el ARA Baleares consideran que el proyecto de ley parece más una estrategia para "salvar" actividades económicas irregulares bajo el paraguas de la protección patrimonial que una herramienta estricta de conservación, el Govern lo niega. El consejero del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, aseguró en varias ocasiones que la ley aspira a "hacer compatibles la ordenación urbanística del litoral y su uso con la protección y la preservación", y reivindicó que la costa es "un patrimonio natural y cultural que debemos proteger". Según el Ejecutivo, la norma también debe preservar elementos tradicionales vinculados a la actividad marinera, como los varaderos.

Promesa electoral

Durante la campaña electoral de 2023, Marga Prohens anunció que haría esta norma para preservar construcciones en el litoral. Visitó Formentera dos veces, y allí enfatizó su compromiso con estas edificaciones. El PP es consciente de la importancia social que tiene este tema en la Pitiusa menor y, por este motivo, ha preparado una normativa que de alguna forma refleja la filosofía que impulsó el gobierno español de Mariano Rajoy. En 2013 se aprobó una reforma de la Ley de Costas, una modificación importante de la normativa de 1988 con cambios sustanciales en el régimen del dominio público marítimo-terrestre y en la forma de abordar ocupaciones, concesiones y delimitaciones. La reforma pretendía facilitar extensiones de concesiones y otros usos preexistentes, incluyendo aspectos que, según los críticos, beneficiarían a ocupaciones privativas de la costa.

El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos de la reforma de 2013 a raíz de un recurso que presentó el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. El TC consideró inconstitucionales partes que trataban de acotar criterios sobre empleos y usos, para vulnerar el artículo 132.2 de la Constitución, que atribuye al Estado la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.

Galicia también lo intentó

Otro precedente de normativas autonómicas que intentan facilitar la actividad en dominio público es el de Galicia, donde en el 2023 se aprobó una ley similar para intentar regularizar negocios y viviendas en primera línea de costa. Sin embargo, en este caso no se trataba tanto de bares y restaurantes, como de empresas vinculadas a actividades pesqueras y también industriales, propias del litoral gallego. El Estado también impugnó varios artículos ante el Tribunal Constitucional, que finalmente anuló algunos por exceder las competencias autonómicas, pero validó otros que permitían a la comunidad ordenar determinados usos económicos con limitaciones claras, como los sistemas de tratamiento de aguas y algunos privilegios para embarcaciones gallegas.