MÉS per Palma denuncia que el Gobierno rebajará hasta el 80% las sanciones por el alquiler turístico ilegal
Neus Truyol afirma que la modificación "convierte una sanción en un incentivo económico" y reclama reforzar la persecución de los pisos ilegales
PalmaMÉS per Palma ha cargado este lunes contra la reforma impulsada por el Gobierno del PP y Vox a través de la Ley ómnibus, que prevé reducir hasta el 80% las sanciones impuestas por alquiler turístico ilegal si los propietarios incorporan las viviendas a determinados programas públicos de alquiler.
La formación ecosoberanista considera que la medida beneficia a los propietarios que han comercializado viviendas turísticas sin licencia y sostiene que envía un "mensaje muy preocupante", porque, según denuncia, los infractores pueden ver reducidas considerablemente las multas y, al mismo tiempo, obtener ingresos si se adhieren al programa Alquiler Seguro.
La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha asegurado que esta modificación convierte las sanciones en "un incentivo económico" y ha defendido que las multas deben tener un efecto disuasorio. Según la formación, hasta ahora las reducciones de las sanciones tenían como objetivo recuperar viviendas para destinarlas a alquiler asequible, mientras que la nueva regulación incorpora también la posibilidad de que los propietarios perciban una contraprestación económica a través del programa autonómico.
En este sentido, MÉS afirma que los propietarios adheridos al programa Alquiler Seguro pueden llegar a percibir hasta 88.200 euros durante siete años, una cifra que considera incompatible con la finalidad sancionadora de las multas.
La formación también ha criticado los resultados del programa Alquiler Seguro. Recuerda que el Gobierno anunció la incorporación de 2.000 viviendas y sostiene que el objetivo no se ha alcanzado. Por ello, considera que las bonificaciones a los propietarios sancionados no son la manera de impulsar esta iniciativa.
Finalmente, MÉS per Palma ha reclamado al Ejecutivo autonómico que retire esta reforma y refuerce las medidas de control contra el alquiler turístico ilegal con el objetivo de incrementar el parque de vivienda destinado a uso residencial.
