El Gobierno pisa el acelerador para cerrar la ley de costas y legalizar miles de chibius

PalmaMientras la legalización de casas irregulares en suelo rústico avanza gracias a la Ley de simplificación, la otra promesa de amnistía que hizo el PP durante la campaña electoral, las construcciones en el litoral, está enrocada. El texto de la futura ley de costas no ha llegado todavía al Parlament pese a ser una prioridad de Prohens y el Gobierno ha tenido que buscar sustituto este verano al ex director general de Costas, Carlos Simarro, quien ha entrado como diputado en el Congreso en sustitución de Sandra Fernández.

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirman que, cuando se conoció la decisión de Simarro –en julio–, se pusieron en marcha los mecanismos para encontrar un nuevo director general. Pese a que se dijo que había una oferta firme en el ex alcalde de Pollensa Tomeu Cifre, la realidad es que esta maniobra no tenía apoyo unánime en el Gobierno ni en el PP. Fuentes conocedoras han explicado al ARA Baleares que la Dirección General de Costas ya tiene una nueva titular, de la que todavía no ha trascendido el nombre. La sustitución de Simarro en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria (APB) por el pollencín David Alonso también contribuyó a la confusión –Alonso completará la asignación como concejal del PP de Pollença con la dieta por asistencia al Consejo de Administración de la APB, que se sitúa en unos 1.000 euros por reunión.

Entre otros temas, la nueva directora general tendrá que hacer frente a la elaboración de un proyecto de ley de costas "con cara y ojos", según apuntan fuentes del Ejecutivo. Porque son miles los propietarios de chibius, negocios y casitas de litoral que ven cómo el Estado sigue apretando para poner orden a muchas ilegalidades y no llega la norma autonómica que se les prometió. Por el momento, el texto que elaboró ​​la Consejería del Mar y el Ciclo del Agua no ha pasado de ser un borrador que, eso sí, ya ha completado el primer proceso de información pública. Ahora, la sustituta de Carlos Simarro deberá cerrar el proceso de incorporación de enmiendas, culminando todas las fases hasta llegar al Parlament.

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirman que Simarro, que todavía sale en la web de la Consejería del Ciclo del Agua como director general, aprovechó que Marga Prohens nombró a Fernández como consejera de Asuntos Sociales para conseguir una plaza más cómoda en la Cámara Baja y dejar una dirección Prohens hecha a miles de propietarios de casitas y negocios en el litoral, y que implica luchar por salvar las construcciones aunque no tengan permisos del Estado.

Un puntal de la campaña electoral

Marga Prohens centró parte de su estrategia electoral en los propietarios de casitas y los gestores de negocios en el litoral. En 2022 y 2023, Prohens se reunió con vecinos y posibles votantes en Formentera y Menorca para abordar sus preocupaciones sobre la normativa de costas. En Formentera –febrero de 2023– prometió que, de gobernar, la normativa autonómica protegería la idiosincrasia de la isla, incluyendo la posibilidad de crear una delimitación propia que diera seguridad jurídica a restaurantes, bares y chibius. Según Prohens, la normativa estatal había generado "inseguridad y arbitrariedad" para negocios y propiedades locales.

En Menorca –octubre de 2022– Prohens se reunió con vecinos afectados por la nueva normativa estatal de costas, contra la que cargó. También aseguró que las instituciones gobernadas por el PP seguirían luchando por proteger los intereses de los propietarios y negocios litorales, además de promover medidas para legalizar construcciones y actividades económicas existentes.

Una ley para salvar construcciones

Como en el caso de la amnistía en suelo rústico, la futura ley de costas incluye una serie de artículos para salvar construcciones tradicionales de la costa como varaderos y casitas de acera, así como otras que son edificaciones fuera de ordenación que se utilizan desde hace años sin la pertinente autorización de Costas del Estado. El principal argumento para promover la consolidación de estas edificaciones es su valor patrimonial.

El anteproyecto incluye un mecanismo para crear un registro de construcciones tradicionales irregulares que no cumplen la normativa estatal y que están en dominio público. Estas edificaciones podrían evitar el derribo si se inscriben en este registro, gestionado por los consejos insulares, a pesar de no tener la protección de la figura del Bien de Interés Cultural (BIC).

3.000 propietarios esperan

Se calcula que alrededor de 3.000 construcciones (varaderos, restaurantes, piscinas, etc.) ocupan ilegalmente el litoral isleño y, en muchos casos, no disponen, ni siquiera, de una autorización del Estado. Por este motivo, los propietarios se mostraron entusiasmados ante las promesas del PP de regularizar su situación mediante ley autonómica. Por su parte, el GOB calificó el anteproyecto de "despropósito" porque pretende consolidar usos especulativos en el litoral, critica la falta de coherencia normativa y remarca que parece diseñado para favorecer intereses privados más que proteger el medio.

El Colegio de Ambientólogos denuncia que la ley se enfoca demasiado en el aprovechamiento económico del litoral y poco en su protección. Reclaman el uso de una terminología actualizada, referencias al cambio climático y la instauración de medidas de gestión coherente según tipo de playa (urbana, natural con servicios, sin servicios), así como la integración de criterios ambientales, conservación de la posidonia y la preservación de los usos culturales históricos.

Fracaso en Galicia

Legalizar por ley las construcciones irregulares en el litoral no resultará tan sencillo, según diferentes juristas consultados por el ARA Baleares, ya que el Estado no ha transferido el conjunto de las competencias de Costas por mucho que así se haya explicado por parte de diferentes responsables políticos de las Islas –tanto del gobierno actual como del anterior. La experiencia de Galicia sirve como advertencia en el debate sobre la legalización de construcciones en el litoral isleño. El Tribunal Constitucional tumbó varios artículos de la normativa autonómica gallega que pretendían regular edificaciones y actividades en el litoral, subrayando que el Estado mantiene la potestad exclusiva en materia de dominio público marítimo-terrestre. Este precedente evidencia los límites legales a los que se enfrentan las comunidades autónomas cuando intentan flexibilizar la normativa de costas y sirve de referencia para el debate político y jurídico que existe en Baleares.