La nueva ley del litoral balear no ha de consolidar irregularidades
Ha habido diversas leyes de costas en el estado español y se puede decir que incluso la de 1969, en tiempos de Franco, tenía cierta pretensión conservacionista. Sobre todo, porque creó un gran concepto: el dominio público marítimo-terrestre, una franja que varía de extensión de acuerdo con diferentes criterios, y que consagra los primeros metros de costa como un bien inviolable.
Este concepto fue ampliado y ampliamente mejorado en el año 1988 con la primera ley de costas de la democracia. Que todavía hoy es una referencia. La idea central del legislador es poder recorrer el litoral español sin encontrarse ningún obstáculo que lo privatice y le cierre el paso. Esta ley sirvió, por ejemplo, para acabar derribando los apartamentos ilegales de ses Covetes, que se habían construido con una licencia fraudulenta del Ayuntamiento de Campos. También ha servido esta ley para fijar la franja de manera práctica, y revisar todo lo que se había autorizado antes incluso de la norma del 1969.
Y ¿qué se ha ido encontrando la Administración? Miles de construcciones irregulares. Algunas tenían una concesión temporal antigua y caducada y otras, ni eso. Sencillamente, se habían construido en aquellos tiempos en que todo el mundo hacía y nadie miraba. Hoy, por suerte, las cosas han cambiado, y poco a poco –demasiado lentamente– el Estado y ahora también las comunidades autónomas, como las Baleares (que han recibido parte de las competencias), van poniendo orden.
En la primera entrevista concedida a un medio, Maria Joaquina Ferrer, la nueva directora general de Costas, admite en ARABalears que todavía hay demasiada cultura del aprovechamiento privativo en un espacio que es público. Y es así. Restaurantes, bares, incluso hoteles y, por supuesto, piscinas, como la del chalé de Pedro J. Ramírez que después de veinte años de litigio será derribada. Es evidente que el estado de derecho ofrece muchas garantías, incluso a un infractor, para recurrir y alargar el disfrute de una ocupación ilegal. Se hace largo para el ciudadano y genera la cultura que critica la directora general, la de la impunidad de los abusos.
Pero precisamente por eso los poderes públicos deben actuar con responsabilidad. En primer lugar, tanto el Estado como la CAIB, que se reparten las competencias hoy en día, deben dotar de más medios los servicios de vigilancia y tramitación de expedientes. En algunas resoluciones, la misma administración se disculpa por tener 20 y 30 años un edificio sin permiso en primera línea, ocupando lo que es de todos. Tampoco se pueden generar, como hizo el PP, falsas expectativas a quienes tienen pequeños negocios y propiedades sobre dominio público en Formentera. La ley es igual para todos, y hacer ahora una autonómica con el propósito de legalizar lo que el estatal –de más rango– impide es jurídicamente un despropósito y va en contra del bien más preciado que tenemos los isleños: un litoral protegido, sin construcciones sobre el mar.
