Si un extraterrestre aterrizara hoy en nuestra casa y solo leyera los titulares de los diarios, probablemente pensaría que España está gobernada desde los juzgados, y quizás no iría muy errado. Mientras el PSOE de Pedro Sánchez acumula investigaciones que afectan al entorno del Gobierno y el PP continúa perseguido por los casos de corrupción, en nuestra casa se ha llegado a calificar de terrorismo una simple pintada en una protesta ecologista. La sensación es que buena parte de la confrontación política se ha desplazado de los parlamentos a los tribunales, hasta el punto de que los jueces parecen haber devenido un actor más de la disputa pública. En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿funciona realmente la justicia?Antes de intentar responder a la cuestión, conviene recordar una evidencia. Una democracia no se limita a celebrar elecciones cada cuatro años; necesita también instituciones independientes que se controlen mutuamente. La Constitución proclama esta separación de poderes y garantiza la independencia judicial. Sin embargo, entre el principio y la práctica a menudo hay una distancia considerable. Al fin y al cabo, los tribunales no existen al margen de la sociedad, sino que forman parte de ella y reflejan, inevitablemente, sus tensiones y contradicciones.Los jueces tienen una determinada manera de entender el mundo, como cualquier persona. Y los datos muestran una realidad difícil de negar: solo uno de cada diez jueces se considera progresista. Esto no convierte automáticamente a los jueces en parciales. Se puede ser conservador y aplicar la ley con absoluta profesionalidad. Pero también es legítimo preguntarse si una judicatura tan homogénea ideológicamente no acaba generando determinados sesgos, aunque sean inconscientes. Porque, yo me pregunto, ¿es saludable que quien juzga a una sociedad tan plural provenga casi siempre del mismo entorno social?La ciudadanía, en cualquier caso, ya ha dictado sentencia. Según una encuesta de Ateneo del Dato, casi la mitad de los españoles considera que la justicia no es imparcial. El CIS aún es más contundente: casi nueve de cada diez ciudadanos creen que una persona poderosa no recibe el mismo trato que un ciudadano corriente, y la confianza en los tribunales a duras penas llega al 4,76 sobre 10. Una justicia que no inspira confianza es una justicia institucionalmente más débil.La responsabilidad de esta situación es compartida: la polarización política ha convertido los tribunales en una extensión del Parlamento. Los partidos aplauden las sentencias que les benefician y denuncian las que les perjudican como si fueran un ataque a la democracia. Las filtraciones de sumarios alimentan juicios paralelos y algunas instrucciones especialmente controvertidas acaban deteriorando la credibilidad del conjunto del sistema. Y así estamos.Creo que la justicia funciona razonablemente bien en la inmensa mayoría de los conflictos cotidianos –un divorcio, un accidente de tráfico y un robo, por ejemplo. Lo hace con una lentitud a menudo desesperante, pero, en términos generales, cumple la función que le corresponde y es equiparable a la de los países de nuestro entorno, como Francia, Italia y Portugal. Ahora bien, tampoco debemos olvidar que se trata de una justicia de una democracia liberal, con las virtudes y las limitaciones que esto comporta.Su gran problema, pues, es otro. La razón es que quien tiene dinero compra tiempo. Puede contratar a los mejores abogados, presentar recursos casi indefinidamente y resistir procesos que duran años. Quien no tiene, se resigna. La igualdad ante la ley es un principio jurídico; la igualdad ante las posibilidades de defenderse es otra historia.Tampoco se puede obviar que la justicia española es una institución heredera de la Transición y, por tanto, de la transformación de las estructuras del estado franquista en un sistema democrático. Y como en tantos otros ámbitos, algunas inercias aún perduran, como el elitismo de la misma judicatura. Recordemos que acceder a la carrera judicial exige dedicar años a preparar unas oposiciones sin ingresos, un lujo que muchas familias no se pueden permitir. Después a algunos aún les sorprende que los jueces compartan, a menudo, una misma procedencia social, una misma cultura jurídica y una determinada manera de entender el mundo.Finalmente, una reflexión dirigida a los mallorquinistas: conviene no olvidar una evidencia que demasiado a menudo pasa desapercibida. La magistratura es un poder del Estado y, como cualquier otra institución estatal, tiene la función de garantizar y preservar el ordenamiento constitucional vigente. Por ello, esperar que los tribunales resuelvan conflictos lingüísticos y de autogobierno que ponen en cuestión este mismo marco constitucional es una expectativa poco realista. Al fin y al cabo, difícilmente ningún poder judicial del mundo adoptaría decisiones que contradijeran los fundamentos jurídicos y constitucionales sobre los cuales se sustenta su propia autoridad.Quizás la lección es esta: la justicia puede resolver litigios, perseguir delitos y proteger derechos, pero nunca sustituirá a la política. Quien aspire a transformar la sociedad haría bien en no confundir los tribunales con las urnas, ni las sentencias con las soluciones a los grandes conflictos colectivos.
