Toda la isla de Mallorca acabará siendo una gran ciudad. Lo oí por primera vez hace unos treinta años, y no podría precisar de quién. ¿Algún portavoz del GOB? ¿Algún profesor del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad? ¿Algún militante del PSM? Qué más da, ahora.
Al contrario de lo que se podría pensar, Mallorca viene de ser una isla industriosa. Seguramente la única del Mediterráneo que se acogió al progreso que supuso la revolución industrial. Zapatos, perlas, industria textil, muebles... Los núcleos urbanos acogían la actividad fabril, que ensalzaba el opuesto entre burguesía y proletariado coincidiendo con el advenimiento de la ideología liberal y librepensadora. Una manera moderna de enfrentarse al conservadurismo del antiguo régimen, que pervivía en el campo, con grandes extensiones de señores que administraban las grandes posesiones heredadas del tiempo de la sociedad estamental. Todo aquello, sin embargo, se esfumó, y los latifundios se parcelaron para dar dinero y oxígeno a aquella gente que insistía en el privilegio de vivir sin trabajar.
El siglo XX fue atravesado por una guerra civil devastadora y la isla, sobre todo en el campo, vivía una miseria insondable, que se alargaba hasta avanzados los años cincuenta. Entonces, los viajeros románticos se convirtieron en turistas de masas, los trozos de tierra prima junto al mar devinieron minas que en vez de ser explotadas por excavación lo eran por acumulación. Hoteles desfigurados destrozaban el paraíso mientras llenaban de dinero los valles y los surcos de las manos de los campesinos hasta hace dos días miserables. Hacer dinero era fácil. Tiendas de souvenirs, restaurantes, bares, fondas, hotelitos, florecían junto al mar. La temporada se concentraba en dos meses o tres intensísimos en verano y en puntos muy localizados de la isla: Playa de Palma, Cala Millor, Can Picafort, Calvià, por decir algunos.
Acabado el siglo XX, se produjo el desastre. Los hoteleros perdieron el monopolio. Llegó el alquiler vacacional que supuestamente democratizaba la riqueza. El turismo residencial crecía. Los ricos del mundo veían Mallorca como un destino asequible y con una legislación laxa para construir en suelo rústico sin problemas excesivos. Dos cuartos de hectárea eran suficiente terreno para construir un chalet con piscina. Primero se apuntaron los indígenas. Después, el resto del mundo. En Mallorca impera una ley única, la del dinero.
Mientras tanto, Terraferida ha vuelto a la acción y lo ha hecho con fuerza. En su campaña ‘Foravila fuera grúas’ muestran los resultados de un estudio que concluye que las construcciones en suelo rústico levantadas los últimos nueve años ocupan una superficie de 14 kilómetros cuadrados, el equivalente al municipio de Consell, y a la isla de Cabrera, si quieren otro símil. Otro estudio, Casas que no existen, del pollensino Miquel Rosselló Xamena, determina que en el suelo rústico de Mallorca hay 55.256 casas. Calculando tres personas por vivienda, más de 150.000 habitantes. Con mucha ventaja, hablamos de la segunda ciudad de la isla. Los chalets en las afueras, hoy, ya se hacen en serie. Una promotora compra una docena de fanegas, las cierra de pared seca y construye seis chalets al mismo tiempo. Es lo que se conoce como urbanización. Pero en dispersión, como vivienda unifamiliar en rústico, sin servicios, sin agua corriente, pero con piscina, multiplicando de manera exponencial la movilidad, con accesos de nueva creación y sin ceder terrenos para hacer viales ni zonas de servicios, de los cuales disfrutan sin problema ni previo aviso en la villa más cercana. Después se quejarán porque no tienen un punto de recogida de basuras cerca o se indignarán porque les entra agua cuando llueve un poco, porque habían construido en zona inundable.
El sentido de las ciudades, de las villas y de las aldeas tiene un nombre: mancomunidad. Las personas no se juntan, en este caso, por nostalgia ni por compañía, sino por la necesidad de compartir los recursos. La electricidad en red, el agua corriente, la recogida de residuos, las escuelas, los centros de salud y los hospitales, la administración pública, las tiendas y supermercados, y la gran mayoría de puestos de trabajo. Los desplazamientos se hacen a pie. Los 150.000 que viven en suelo rústico lo hacen en casas que no existen, porque no han aportado al bien común, han destruido el paisaje, han descuartizado el territorio y han esterilizado la despensa del lugar donde viven. Solo un quince por ciento de la comida que consumimos ha sido generada en Mallorca. La agricultura no sale a cuenta. Las herencias no se pueden partir. Ningún indígena puede pagar a precio de mercado a los hermanos la parte que le ha tocado. Y venden, que siempre es fácil, y se marchan.
Cada fanega que hemos vendido, no tiene retorno. Ninguno de nosotros podrá volver a comprarla. ¿Dónde vivirán nuestros hijos? Ahora dicen que en Asturias, o en Galicia. Quizás más adelante, en Extremadura o en León. En Fraga, o en Lérida, en el mejor de los casos.
Es hora de tomar decisiones sobre este asunto. Ni dos parcelas, ni cuatro, ni diez. ¿Privamos la construcción de unifamiliares en suelo rústico? Privémosla. Ya basta. ¿Alguien en la sala política isleña que vaya a lo suyo? Lo dicen los de Terraferida: una línea de típex sobre el Plan territorial de Mallorca bastaría. ¿Queremos poder atrevernos?
