Políticas aporofóbicas

Cuando a finales de los 90 Attac alertaba sobre las consecuencias de la financiarización de la economía, aún no podíamos intuir hasta dónde llegaría el poder destructivo del capitalismo digital y financiero de nuestros días.Saskia Sassen ya anunció la evolución del sistema económico hacia un capitalismo extractivo masivo (Expulsiones, 2014). En el siglo XX la economía se basaba en la producción de bienes materiales y era necesario que hubiera ciudadanos con capacidad económica para adquirirlos, por lo que el eje político fue la inclusión, el estado social de bienestar. Al contrario, en un mundo donde el beneficio procede de la especulación financiera, las personas han dejado de tener valor como productores y consumidores, y preocuparse por el bienestar de las clases medias y bajas es malgastar recursos. Así, el sistema ahora pivota en torno a una lógica radical de exclusión o expulsión masiva de gran parte de la población a los márgenes del sistema. La actual configuración del capitalismo financiero ya no genera bienestar generalizado, sino el crecimiento de la desigualdad. Mientras unas élites se enriquecen desmesuradamente, las clases trabajadoras y medias se ven desplazadas hacia la precariedad y el empobrecimiento. A las políticas de austeridad y reducción de servicios públicos, la desocupación y la pérdida de derechos laborales, se suma la dinámica de los capitales financieros que, para continuar expandiéndose, necesitan mercantilizar y apropiarse de los bienes y servicios básicos de la vida, como la vivienda, la sanidad, la educación y las pensiones, y provocar su escasez o elitización. Las consecuencias de esta evolución económica son incompatibles con el marco cultural que nos ha regido desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU (1948). Afirmar que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y […] deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” tiene hoy un alcance revolucionario, porque el capitalismo necesita expropiar y socavar vidas y derechos para extraer valor.La ultraderecha es el instrumento del capitalismo extractivo no solo para impulsar sus propuestas desreguladoras y supresoras de derechos y garantías en diversos ámbitos de la vida, sino también para generar en la sociedad otro marco mental que facilite el avance de estas políticas económicas y sociales expropiatorias, no solo sin resistencia ciudadana, sino con aceptación y adhesión, haciendo incidencia en la escuela, la educación, la cultura, los medios. Como dice E. J. Díez, “el neoliberalismo y el neofascismo constituyen dos expresiones indisolubles entre sí de una misma configuración actual del sistema capitalista”. Así, la extrema derecha genera y generaliza discursos que rompen el consenso básico de igualdad de derechos basada en la dignidad humana, y legitiman la desigualdad y restricción de derechos a algunos colectivos. ¿Derechos? No para todos. La ultraderecha señala con el dedo a aquellos que ya se encuentran en una situación inicial desfavorecida para acentuarla. Su lucha aparente es contra el feminismo, contra los migrantes, contra los sectores sociales más excluidos, haciéndolos aparecer como culpables de los problemas económicos y sociales o de la escasez para justificar su expulsión del sistema de bienestar, mientras se ocultan los verdaderos culpables. Empezar a recortar derechos primero para algunos, en un futuro para muchos más. En este contexto de creciente exclusión social, surgen las políticas aporofóbicas que se ejecutan allí donde gobierna la ultraderecha y la derecha seguidista, también en nuestra isla. Cuando la Sra. Prohens, presidenta de la CAIB, se opone a la regularización administrativa de las personas migrantes y dice que “no todo lo que llega es un ser de luz”, está diciendo que ya no basta ser persona para tener derechos, se da o no a gusto y conveniencia del poder. Y en general, se quita a los más desfavorecidos. ¿Para qué gastar dinero? Lo vemos de cerca. Por ejemplo, el desempadronamiento masivo de residentes precarios en Palma, la negativa a empadronar a personas sin hogar y caravanistas. El acoso a personas sin techo. La deshumanización y criminalización de los menores en tránsito para privarles de sus derechos como menores. La supresión o restricción de prestaciones como la renta social garantizada. La cesión de suelo dotacional (destinado a servicios) a promotores inmobiliarios con la excusa de la falta de vivienda. Hay un futuro para todos, pero debemos defenderlo hoy.