El nuevo modelo de financiación no está pensado para Baleares
La mejor noticia para los ciudadanos de las Islas Baleares respecto al nuevo modelo de financiación autonómica que propone el gobierno español es, sobre todo, que se ha dado un paso decidido hacia una revisión que llega diez años tarde. Y, además, llega porque el presidente Pedro Sánchez se había comprometido con Catalunya a cambio del correspondiente apoyo parlamentario. Por tanto, es evidente cuando se analizan las primeras medidas anunciadas, a falta de conocer la letra pequeña –la cual será imprescindible–, que el nuevo escenario no se ha hecho pensando en Baleares.
Aunque el delegado del gobierno en las Islas, como le toca hacer, se esfuerce en destacar que la comunidad recibirá 412 millones de euros más, y hay que celebrarlo, esta cantidad no resuelve, ni mucho menos, la enorme precariedad de la financiación de las Islas. Sobre todo, porque no se incorpora el concepto de población soportada. En el caso de Baleares, esta figura habría sido clave para poder romper el terrible desequilibrio entre la prestación de servicios a 18 millones de visitantes que pasan por el Archipiélago, algo que ha sido ignorado de forma histórica por el Estado. Ahora más que nunca habrá que preguntarse si vale la pena seguir forzando los recursos naturales de las Islas para subir las estadísticas turísticas.
En cambio, curiosamente, el hecho de tener que acoger a estudiantes que tienen otras comunidades, sí tendrá premio. Será para Madrid y Cataluña. En cambio, el criterio de insularidad pierde una décima en el nuevo cómputo, y, por tanto, no sólo no se tiene en cuenta esta realidad que perjudica claramente la competitividad de las empresas y la realidad de los residentes, sino que baja su reconocimiento del ya pobre 0,6% que había establecido hasta ahora.
Una vez más ha quedado patente el poco peso que tienen Baleares en el conjunto del Estado, gobierne quien gobierne en Madrid. Por eso, aunque al Gobierno de Marga Prohens le toque levantar la voz y protestar, la resolución ha sido y será siempre idéntica independientemente del color político que haya en el Estado. Y en el caso concreto, no hay que perder de vista que el impulso político de este acuerdo proviene de un compromiso de Sánchez con Catalunya, una comunidad también históricamente perjudicada por la balanza entre lo que aporta y lo que recibe del Estado.
De hecho, el acuerdo de financiación entre el gobierno español y ERC, sellado el pasado jueves por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone un paso adelante para Catalunya. Una reforma relevante del actual y caducado modelo, que se había demostrado claramente perjudicial para esa comunidad. No era fácil reformar el sistema de manera sustancial. Se ha hecho y se han empezado a romper algunos tabúes, por ejemplo el de la ordinalidad. Con los números y la letra en la mano, Catalunya no es ni mucho menos insolidaria. En cualquier caso, lo que ahora se propone, y está pendiente de ser aprobado en el Congreso, es un cambio relevante. Es un sistema más justo para Cataluña y, al mismo tiempo, es beneficioso para el conjunto de gobiernos autonómicos.
