Inicio de curso, en la escuela pública y en catalán
Se ha producido la noticia más importante de cada año, y es que los chicos han vuelto a la escuela. La patria, el país, la esperanza, lo que ustedes quieran, es eso: que cada septiembre los chicos vuelvan a la escuela. Cuando esto deja de ocurrir, es cuando las cosas se han puesto mal en serio. No hay escuela en Palestina, como no hay en Sudán, ni en Yemen, ni en Congo, ni en muchos lugares de Siria. No hay escuela en los sitios donde hay violencia y guerra civil. Hace ochenta y nueve años, después del verano del levantamiento franquista, aquí también dejó de haber escuela. Aclaremos: dejó de haber escuela pública, que hacía poco que había empezado a existir. La escuela privada, la de los que se la pueden pagar al margen de lo que pase o deje de pasar al resto de la sociedad, está siempre abierta, por supuesto.
La escuela debe volver cada septiembre, debe ser pública y, en Baleares, debe ser en la lengua propia del país, que es el catalán. Esto es lo que permite que, a pesar de todo, este país, estas Islas, tengan una posibilidad de avanzar, mejorar, convivir y mantener una mínima cohesión social. Sin una escuela pública en catalán, y de calidad, esta posibilidad deja de existir y lo que se impone su sitio es el deterioro, el empobrecimiento de las personas, la crispación, la no convivencia y, en definitiva, el naufragio como sociedad. Un naufragio que es una tentación que siempre está al acecho ya la que parece que estemos a punto de ceder. Si no lo hacemos, si no hemos cedido todavía, estemos seguros, es porque existe una escuela pública y en catalán de calidad.
Precisamente por eso algunos hacen todo lo que pueden por erosionar la enseñanza pública, y naturalmente por atacar el catalán, dos verdaderas obsesiones ideológicas de la derecha nacionalista. Por eso también es tan importante que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya sentenciado contra la propuesta de imponer el 25% de castellano en las aulas de primaria, una pretensión pedagógicamente absurda y que sólo responde al desempeño de estas obsesiones (que el tribunal haya sentenciado la entidad judicialista que presentaba la demanda a pagar las costas del coste).
Igualmente relevantes han sido los resultados de la encuesta lingüística promovida por el PP y Vox, con un 80% de familias que eligieron que sus hijos reciban la enseñanza primaria en catalán (82% en Mallorca, 91% en Menorca, 60% en Eivissa). Y aún antes, el rechazo de la comunidad educativa al Plan de segregación lingüística que el PP accedió a realizar por exigencia de Vox. Todas estas realidades dejan clara una cosa: querer gobernar contra la escuela en catalán es querer actuar contra la voluntad de los ciudadanos de Baleares. También es un atentado contra los derechos lingüísticos de estos mismos ciudadanos, y los derechos lingüísticos son derechos fundamentales: por tanto, actuar en contra equivale a un retraso y una involución democrática. Se lo diremos, por escrito, de palabra y mediante protestas ciudadanas, tantas veces como haga falta. No hay nada negociable sobre la escuela pública y la lengua propia de Baleares. Es correcto, sí, que se dediquen recursos públicos a la construcción de nuevos centros educativos. Sin embargo, falta que se dediquen muchos más aún de recursos a dotar correctamente a los centros (los nuevos y los que no son nuevos) del profesorado y los materiales que necesitan para trabajar de manera óptima. Y que no se pierdan más tiempo ni energías señalando a los docentes, fiscalizando su trabajo o pretendiendo convertir la escuela pública en un escenario de confrontación.