Infancias robadas: desde Gaza hasta nuestra casa
Infancias robadas, gobiernos sin escrúpulos. Así se resume la realidad que vivimos: niños masacrados bajo las bombas en Gaza y niños abandonados en los bordes del sistema en nuestro país.
Cada mañana nos despierta un nuevo golpe en la conciencia colectiva: noticias que relatan la vulneración sistemática de los derechos humanos de los niños. Las imágenes que llegan de Gaza son insoportables: niños y niñas muertos bajo los escombros, madres que lloran por hijos que se han apagado por falta de alimentos y medicinas, familias desmembradas por la violencia y la deshumanización. La infancia es atacada como estrategia de guerra, de forma intencionada y perversa, con el objetivo de condenar a un pueblo a la desaparición de su futuro.
Europa, ante esto, no puede permanecer impasible. Los llamamientos a los gobiernos europeos para que actúen con contundencia no son sólo necesarios: son un imperativo ético. Decir lo suficiente, exigir que se detenga la barbarie, es lo mínimo que podemos hacer. Porque nada más inhumano que robar la infancia en nombre de intereses políticos o militares. No es cuestión de ideología, sino de dignidad humana.
Sin embargo, sería demasiado fácil señalar sólo los horrores que pasan lejos y girar la mirada frente a las vulneraciones que tienen lugar mucho más cerca. En nuestro país también hay niños víctimas del abandono y de la manipulación política. Hablamos de los menores migrantes, aquellos que huyen del hambre, de la violencia y de la muerte en sus países de origen. Niños que han recorrido miles de kilómetros solos, a menudo expuestos a todo tipo de abusos y peligros. Cuando finalmente llegan a nuestro país, no encuentran la acogida que merecen, sino la desconfianza y el estigma. Son etiquetados con un acrónimo deshumanizador –“menas”– que los convierte en objetos burocráticos y, lo que es peor, en armas arrojadizas dentro del debate político.
No podemos olvidar que hablamos de niños y niñas. No son estadísticas, no son problemas de seguridad ni cifras de reparto: son personas menores de edad que han sufrido experiencias que muchos adultos no resistiríamos. Reducirlos a una sigla es negarles la condición humana. Y utilizarlos como moneda de cambio en disputas políticas es un ataque frontal a sus más fundamentales derechos.
Es evidente que la cuestión migratoria es compleja y requiere políticas valientes, coordinadas y ambiciosas. Se necesitan recursos, planificación y una mirada a largo plazo. Pero hay una línea roja que no se puede traspasar: los niños no pueden ser convertidos en títeres al servicio de la confrontación partidista. Su bienestar y protección deberían situarse por encima de cualquier cálculo electoral. Ellos no se lo merecen y nosotros, como sociedad, no podemos permitírnoslo.
La historia reciente nos ha demostrado que, cuando existe voluntad política, los recursos aparecen. Durante la pandemia de la Covid-19 se habilitaron, en cuestión de días, residencias de emergencia, espacios de acogida y recursos extraordinarios para atender a personas vulnerables. Nadie cuestionó que fuese necesario, y se hizo porque la situación exigía rapidez y compromiso. ¿Por qué ahora, ante la llegada de sólo 49 niños, el Gobierno de la señora Prohens dice sentirse desbordado? ¿De verdad debemos creer que las instituciones no tienen capacidad para acogerlos con dignidad? ¿O más bien debemos entender que se trata de una estrategia calculada para mantenerlos en el centro de la polémica y utilizarlos como herramienta de enfrentamiento con el gobierno de España?
Esta actitud es inaceptable. La infancia nunca puede ser objeto de disputa política. Los poderes públicos tienen la obligación legal y moral de protegerla, y la sociedad tiene el deber de exigírselo. No hay posibles excusas. Si se pudieron generar recursos en tiempo récord por una emergencia sanitaria, también se pueden generar por una emergencia humanitaria. La diferencia no es de capacidad, sino de voluntad.
Y, ante esto, sólo existe una opción posible: levantar la voz, denunciar la injusticia y reclamar acción inmediata. Porque el derecho a una infancia segura, digna y plena no es negociable. Y porque cada vez que una sociedad gira la cara frente a la vulneración de los derechos de los niños, renuncia a su propia humanidad.