Evitar lo evitable
El comienzo de un nuevo año suele venir acompañado de numerosos análisis y predicciones sobre lo que acontecerá. En algunos casos, adivinar es sencillo; en otros, la incertidumbre es casi absoluta, sobre todo en lo que no depende de la acción humana, como un terremoto. En cambio, lo que depende de nuestra voluntad es más fácil de predecir y, cuando nada es bueno, debería ser evitable, al menos en teoría. Pero esto último no todo el mundo lo tiene claro porque hay eventos o procesos que dependen de nuestras decisiones y, aun así, son percibidos como inevitables.
Posiblemente, el ejemplo más claro de esto es el determinismo tecnológico, es decir, la creencia de que la tecnología avanza de forma autónoma a las decisiones humanas y que nada podemos hacer para detenerlo. Un ejemplo actual es la inteligencia artificial, una tecnología que puede tener aplicaciones muy positivas, pero que muy razonablemente provoca algunas reservas para los usos que se pueden hacer. Existe un importante debate sobre todo esto, pero muchos de los mensajes que nos llegan, implícitamente transmiten la idea de que su despliegue es inevitable y que, en cualquier caso, cualquier intento de regular o limitar esta tecnología sería un error que nos pondría en una situación de desventaja ante terceros países.
Aunque, a fuerza de oírlo, parezca convincente, en el fondo este argumento es perverso, porque con el mismo razonamiento se podría defender reintroducir la esclavitud en nuestro país si lo hacen los demás, por lo de no perder competitividad. Por otra parte, tampoco es cierto que el desarrollo científico o tecnológico no pueda detenerse o limitarse y, de hecho, existen ejemplos reales, como el de la prohibición de desarrollar la tecnología que permita la creación de clones humanos.
Lo que es evidente es que esta creencia beneficia a un sector económico poderoso, cuya actividad, con esta excusa, queda fuera del control político. En la práctica, esto quiere decir que las decisiones sobre cómo nos afectará esta tecnología no se deciden en los parlamentos sino en los consejos de administración de las empresas, sin que los ciudadanos podamos opinar. Una situación que no deja de ser una forma de tiranía.
¿Tanto poder tienen estas empresas? La respuesta breve no es. El problema real es otro y tiene mucho que ver con la pérdida de peso de la política en general. No es casual que hoy hablar de politizar cualquier ámbito humano tenga siempre connotaciones negativas, que los políticos rechacen presentarse como tales y prefieran hacerlo como gestores, o que los foros de debate pierdan influencia en favor de los comités de expertos. Las causas de esto son diversas, pero una de las más relevantes tiene que ver con otro determinismo, tan falso como el tecnológico: el que defiende que la economía tiene sus propias reglas y que cualquier intervención humana sólo puede seguir criterios técnicos que las respeten, aunque se provoquen efectos secundarios como la pobreza o la marginación.
Ante los retos económicos o tecnológicos, la única vía legítima en una sociedad democrática es que la política recupere el espacio que le corresponde. Esto no quiere decir, naturalmente, que deba obviar el criterio de los expertos, sino que éste no puede sustituir a la decisión política, con una visión mucho más ancha, decidiendo, no tanto a partir de criterios de eficiencia como de criterios de justicia.
