La legislatura de Prohens, entre el humo y la demolición

Un año justo para acabar la legislatura. Al final de marzo del año que viene se disolverá el Parlament y se convocarán elecciones, y el pacto PProhens-Vox habrá completado su (primer?) ciclo.A pesar de las coartadas habituales –los fatídicos ocho años anteriores, el insolidario gobierno estatal, los larguísimos estudios previos...– empieza a ser hora de hacer balance de la ruptura, por si una animalada ha ido sepultando la anterior y ahora, al estilo trumpista, justo podemos recordar la última paliza.El tuf general de la legislatura resulta exasperante. El pacto presupuestario del 2025, por ejemplo, incluyó la negativa a acoger menores inmigrantes de otros territorios o la oposición al Pacto Verde Europeo. “Dos cuestiones que en ningún momento han sido un obstáculo para la negociación”, subrayó Prohens entusiásticamente.La legislatura no ha sido muy democrática –ni interlocución ni diálogo social– ni muy escrupulosa con los procedimientos, con el abuso de tramitaciones opacas, como las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, que pretenden modificar hasta 50 leyes por la puerta de atrás. El cuerpo de letrados del Parlament ya ha advertido por unanimidad sobre este reiterado modus operandi y su posible inconstitucionalidad.Otro atributo del mandato es la disonancia entre la música –libertad, eficacia, agilización...– y la letra: amnistía urbanística, construcción en suelo rústico, aumento de los aprovechamientos urbanísticos, construcción en zonas inundables, privatización del espacio público...O entre lo que se dice –fomentar el acceso a la vivienda, lucha contra la saturación turística...– y lo que se hace: fracaso de los programas de alquiler seguro y de la Oficina Antiokupación, renuncia a limitar los coches de alquiler y a subir la ecotasa, permisividad con el alquiler turístico ilegal...También ha sido la legislatura de los eufemismos. Véase el glosario de urgencia: ‘liberar suelo’, ‘cementar extrarradio’; ‘impulsar la economía’, ‘favorecer a los especuladores’; ‘libertad’, ‘privilegios de las élites’; ‘simplificar’, ‘eliminar controles y garantías’; ‘acelerar trámites’, ‘externalizar la Administración’...La legislatura educativa ha estado marcada por el despropósito del Plan piloto –estratagema para inyectar 21 M€ anuales a 19 centros concertados a cambio de incumplir el espíritu de la normativa lingüística– y por la contradicción entre lo que se dice –se anuncia la inverosímil creación de 77 nuevos centros educativos y una aerostática ‘Ciudad de las Artes’– y lo que se hace –desmantelamiento del IES Politécnico y del CEIP Felip Bauçà, 3ª línea en el CEIP de Prácticas...El Departamento ha apostado claramente por la privatización educativa: la FP privada, la concertación de 0-3 años y bachilleratos, la desviación de alumnado a la concertada, las nuevas universidades privadas, la complicidad con la patronal... Y por la segregación escolar con la introducción de la zona escolar única y del punto por antiguo alumno, que blinda privilegios familiares, desdibuja la escuela de proximidad, ataca la equidad e imposibilita la igualdad de oportunidades.Sobre todo, habrá sido una legislatura amenizada diariamente por vistosos –y fantasmagóricos– proyectos: un tren a Llucmajor que atraviesa Palma bajo tierra, un tren a Alcúdia que perfora dos montañas enteras, soterramientos diversos (Gesa, plaza Mayor, paseo Marítimo...), recintos feriales, jardines botánicos... Acaba de anunciarse una línea de metro que se empezará... ¡en 2029! y que (dicen) costará 230M€. ¿Alguien lleva las cuentas de tanto proyecto irreal? Conviene, porque hasta este año no habremos terminado de pagar el Palma Arena (90M€) y las autopistas de Ibiza (2003) no se terminarán de pagar hasta 2035! El render echa humo, sí. La realidad, sin embargo, sigue otro ritmo: tensión máxima en la antigua prisión; el teatro Catalina Valls cerrado desde 2022; ninguna de las 26 plazas de aparcamiento anunciadas en Palma se empezará esta legislatura; parálisis en las piscinas de s’Aigo Dolça (en obras desde 2022), en el puente de Son Forteza, en el Tirador...; dos años sin cobrar el cánon de los bares del parque de la Mar, incapacidad para cerrar las dos gasolineras ilegales de Palma...La cosa se complica: 90.000 personas en lista de espera en la sanidad pública, pérdida de 180 ha anuales de suelo rústico, proyecto de destrucción del flanco oeste del puerto de Palma: gran zona de reparaciones, planta de residuos de Ibiza, 10 ha de nuevos diques de hormigón...Y pocas manías en materia ideológica: pruebas dentales a menores inmigrantes, derogación de la ley de memoria, oír hablar en sede parlamentaria de ‘Alzamiento Nacional’ y de ‘Cruzada de Liberación’, desamparo de personas en situación de emergencia social, obsesión contra el catalán (rebajas, retrocesos, mordiscos, excepciones...), 895 profesionales sanitarios sin conocimientos de catalán...A mí el cuerpo me empieza a pedir un poco de marcha. ¿A ti no?