Auditar lo que se ha auditado
El Consell de Mallorca tiene sobre la mesa un informe de la Intervención General, el máximo órgano fiscalizador de la casa. Destapa un presunto enriquecimiento injusto de 41,4 millones de euros por parte de Tirme, la concesionaria de residuos. Ante el escándalo financiero, la respuesta del gobierno de Galmés ha sido anunciar una nueva auditoría “más extensa y más potente”.
¿Qué es una auditoría “más potente” cuando la anterior ya ha sido redactada por los funcionarios de élite de la misma institución? En el diccionario político, ‘potente’ significa simplemente ganar tiempo a costa de dinero público; sacar a licitación un concurso y esperar sentados a que una empresa externa venga a auditar aquello que ya ha sido auditado.
La maniobra es una humillación y un desprecio absoluto a los técnicos de la casa. Si el criterio de la Intervención General no sirve para tomar decisiones, ¿debemos desconfiar a partir de ahora de cualquier conclusión de los altos funcionarios? ¿La administración no dispone de herramientas legales para blindar sus pasos?
El consejero de Hacienda, Rafael Bosch, se ha apresurado a advertir que “ir a los tribunales es peligroso”. No lo es si haces tu trabajo, defiendes el interés general y te amparas en las garantías jurídicas que ofrece el mismo Consell. Pero la parálisis por análisis es la marca de la casa. No necesitamos un nuevo informe que eclipse al anterior, de la misma manera que no hacían falta más estudios de carga en las carreteras, ni hacía falta un Pacto por la sostenibilidad en el Gobierno –nacido muerto y diseñado para congelar el reloj– para concluir que la masificación destruye la calidad de vida.
Necesitamos soluciones basadas en seguridad jurídica para actuar con celeridad, no una manta burocrática para tapar la inacción. Este miedo reverencial y prudencia mal entendida desaparecen cuando se trata de gobernar a golpe de decreto, colando medidas en leyes Frankenstein o fiando la gestión del territorio a simples declaraciones responsables.
Gobernantes y oposición deberían dejar de lanzarse informes al pleno como si fueran granadas de mano para tapar que unos guardaron papeles en el cajón y los otros continúan alimentando al monstruo. Quien manda hoy en el Consell debería plantearse, antes de firmar la próxima licitación, si los ciudadanos votaron a su partido para que liderara la isla o si, sin saberlo, externalizaron su sufragio a una consultora privada.