No es el manual de acción directa: es la violencia que hace años que aceptamos sin protestar

La publicación del Manual de acción contra la turistificación ha provocado estos últimos días una avalancha de titulares, portadas de periódicos, tertulias radiofónicas y reacciones, condenas y advertencias sin precedentes. Se ha hablado de radicalización, de incitación a los daños, al vandalismo, incluso, de amenaza para la convivencia y la seguridad (nos deberíamos preguntar de quién). Pero muy pocas voces se han detenido a plantear una pregunta previa: ¿qué entendemos exactamente por violencia y quién tiene el poder de ejercerla, contra qué y contra quién.

De repente surgen las voces que se desentienden, condenan y se esconden detrás de grandes frases moralistas y grandilocuentes, buscando desesperadamente la legitimidad que sienten que pueden perder si se atreven a tocar el orden impuesto: podemos “criticar” y simular que nos enfadamos, hacer acciones “simpáticas” y movilizaciones performativas que no toquen a nadie, que molesten un poco, como mucho, pero hay que contener las verdaderas muestras de este descontento, no fuera cosa que “los amos” se enfadaran.

La cuestión de fondo –aunque también se podría discutir y sería bastante interesante– no es si era o no el momento, la forma o el peligro de la interpretación –siempre maniquea– de este tipo de propuestas, con amenazas incluso de denuncias penales por parte de quienes hacen negocio. De si se utilizará políticamente o de si esto deslegitima y fractura el movimiento (sin embargo, los movimientos estamos constantemente expuestos a ello). La cuestión no es si es legítimo poner silicona en una cerradura o pintar una vivienda destinada al alquiler turístico ilegal, sino por qué estas acciones despiertan una alarma inmediata, mientras otras formas de violencia, infinitamente más profundas y devastadoras, se han normalizado hasta el punto de dejar de ser percibidas como tal. Y la cuestión es también hasta dónde se creen que la gente es capaz de soportar sin estallar.

Hace años que Mallorca vive sometida a un proceso de turistificación acelerada que expulsa a la población de los barrios, convierte la vivienda en un activo financiero, agota los recursos hídricos, degrada los ecosistemas y precariza las condiciones de vida de miles de personas. Esta violencia no es espectacular. No aparece con sirenas ni cristales rotos. Se perpetúa lentamente. Se ejecuta desde despachos, consejos de administración e instituciones que, por acción u omisión, permiten que el negocio y la devastación de las condiciones materiales para la vida continúen avanzando sobre derechos que deberían ser incuestionables y sobre el patrimonio natural (agua, suelo fértil, biodiversidad…) que posibilita el ciclo de la vida, en unas condiciones cada vez más extremas social y ambientalmente.

Pero es cuando la ciudadanía decide desobedir, aunque sea de manera no violenta, cuando parece que aparece el problema. Y yo me pregunto, ¿en qué momento la necesidad de acusar ha hecho que algunos olviden de dónde venimos y olviden, además, que la acción directa de la que habla el manual es la acción directa no violenta (ADNV) sobre la cual tanta teoría hemos leído, tantos talleres hemos hecho –desde los movimientos sociales–, y que ha permitido, en ocasiones anteriores, detener el avance de proyectos devastadores? No se ha inventado nada nuevo. La ADNV forma parte de la historia de los movimientos sociales en todo el mundo y también de la historia reciente de Mallorca. Sin acción directa probablemente hoy la Dragonera sería una urbanización de lujo. Sin personas dispuestas a ocupar espacios, a impedir físicamente determinadas obras y a asumir riesgos personales, muchas de las victorias ecologistas que hoy aplaudimos, simplemente, no existirían. Las movilizaciones para salvar el Trenc, las protestas contra infraestructuras destructivas y tantas otras campañas de defensa del territorio han combinado desde siempre diversas formas de lucha: propuestas institucionales, recursos jurídicos, pedagogía, manifestaciones, creatividad y, cuando todo esto no bastaba, desobediencia civil. Es precisamente esta tradición que la plataforma Menys Turisme, Més Vida reivindica cuando publica un Manual de acción contra la turistificación.

No se trata de una llamada a la violencia. Al contrario. Se trata de canalizar el malestar y la rabia existente en un contexto cada vez más punitivo y adverso. Hace años que la plataforma recoge el malestar creciente de una sociedad que ve cómo las movilizaciones multitudinarias, las propuestas políticas, las reuniones con instituciones y las campañas informativas son ignoradas. Las demandas sociales se acumulan mientras las políticas públicas continúan profundizando el mismo modelo que ha provocado la crisis.

Cuando las instituciones dejan de ser espacios útiles para canalizar los conflictos sociales, es inevitable que aparezcan otras formas de acción colectiva. La desobediencia civil no es un fracaso de la democracia. A menudo es el síntoma del fracaso de las instituciones para escuchar a la ciudadanía. Naturalmente, hay límites. Por eso, precisamente, se habla de acción directa no violenta. Las siglas ADNV no son un detalle menor. Definen una manera de entender el conflicto político, basada en la intervención directa sobre los mecanismos que generan el problema, pero que evita cualquier agresión a las personas. No es lo mismo dañar un objeto que agredir a una persona. No es lo mismo interrumpir temporalmente una actividad que condenar a una parte creciente de la población a no poder vivir en su propio territorio.

Hacer una pintada es noticia. Que una familia tenga que abandonar su barrio, porque el propietario convierte el edificio en alojamiento turístico parece formar parte del orden natural de las cosas. Poner silicona en la cerradura de una vivienda turística ilegal genera editoriales indignados. Que las administraciones mantengan durante años una oferta ilegal perfectamente identificada provoca, en cambio, una resignación sorprendente. No es extraño que una parte de la sociedad haya decidido dejar de confiar exclusivamente en los canales institucionales. Lo que sería extraño es que, ante una crisis de esta magnitud, el malestar no acabara buscando nuevas formas de expresión. Deslegitimar cualquier forma de acción directa solo sirve para evitar el debate importante: ¿por qué cada vez más personas sienten que las vías convencionales ya no son suficientes?

La sociedad mallorquina continuará movilizándose. Lo hará en las calles, en las asambleas, con propuestas políticas y también reivindicando la larga tradición de desobediencia civil que ha contribuido a proteger el territorio cuando las instituciones no lo han hecho. Porque la pregunta que deberíamos hacernos no es si un manual es demasiado radical o si no se debería haber hecho público; la pregunta es cuánta violencia estructural debemos seguir aceptando antes de entender que defender el derecho a vivir dignamente en Mallorca también es una forma de proteger la democracia.