El PP y MÉS hacen piña en el Congreso para pedir la ampliación del Régimen especial de las Baleares

PalmaEl PP y Sumar-MÉS han sumado votos este miércoles en la Comisión de Política Territorial del Congreso para pedir la ampliación del Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB). En un texto que ha sido validado en la Cámara baja, han acordado reclamar al gobierno de Pedro Sánchez "la reforma y actualización del REIB", además de una revisión de los mecanismos que determinan el factor de insularidad y las inversiones del Estado en las Islas Baleares, de manera que se tenga en cuenta la población flotante (los turistas y trabajadores de temporada) y la presión demográfica efectiva. En el mismo sentido, reclaman incorporar al REIB instrumentos específicos de impulso a la diversificación económica y la transición ecológica, además de garantizar la bonificación del transporte público como el tren y el autobús en las Islas.

Se trata de una iniciativa impulsada por los ecosoberanistas a la que los populares han introducido enmiendas y que, finalmente, ha salido a la luz. A lo largo de esta legislatura, el diputado de MÉS Vicenç Vidal ha impulsado diversas iniciativas sobre el REIB en el Congreso. Una de las primeras preguntas parlamentarias del ecosoberanista fue conocer qué actividades relacionadas con el REIB se habían impulsado efectivamente y cuáles no. En 2024, además, se acabó de desarrollar reglamentariamente la parte fiscal del REIB, mediante un real decreto. Tampoco es la primera vez que los ecosoberanistas votan conjuntamente con el PP cuestiones que afectan a las Islas. En noviembre de 2025, ambos partidos defendieron una enmienda a la Ley estatal de movilidad sostenible que tuvo los votos del PP y también del PSIB para aprobar la gratuidad del transporte público.

El REIB establece las medidas para compensar algunas desventajas económicas de las Islas por el hecho de ser un territorio insular. En la práctica implica aportar beneficios fiscales para las empresas de las Baleares, compensar el gasto añadido de transporte de mercancías entre las Islas y la Península, y establecer que el Estado debe tener en cuenta el factor de insularidad a la hora de planificar inversiones públicas. Se aprobó por primera vez en 1998, bajo el gobierno del popular Jaume Matas. Pero no se actualizó hasta 2019, durante el Gobierno de Francina Armengol.