Parlamento

MÉS por Mallorca y MÉS por Menorca recurrirán la Ley ómnibus al Constitucional

Los ecosoberanistas denuncian irregularidades en el proceso parlamentario y vulneración de derechos

Lluís Apesteguia, este martes en el pleno del Parlament
26/05/2026
2 min

PalmaMÉS per Mallorca y Més per Menorca han confirmado este martes que impugnarán la Ley ómnibus ante el Tribunal Constitucional (TC) a través de un recurso de amparo porque consideran que se ha aprobado de manera irregular. El motivo es que la norma incluye enmiendas sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el impulso de proyectos estratégicos, que era el objeto inicial de la norma, a la que incluso se ha acabado modificando el nombre a través de una enmienda. Los cambios introducidos mayoritariamente por el PP y Vox, aunque el PSIB también ha pactado varios con los populares, afectan a una cincuentena de leyes. En paralelo, MÉS per Mallorca también presentará un segundo recurso de inconstitucionalidad por los puntos que consideran que afectan "derechos" de la ciudadanía.

Los ecosoberanistas se alinean con el criterio que los letrados del Parlament expresaron en comisión. Tal como establece el artículo 125 del reglamento, las enmiendas que se presentan a los proyectos de ley deben estar relacionadas con su objeto, y solo en caso de unanimidad de los miembros de la mesa se puede hacer la excepción de introducir otras. De hecho, los dos partidos se han negado a votar las enmiendas que no tenían nada que ver con el objeto de la ley durante la tramitación, aunque en el último momento han modificado esta posición para evitar que diversas enmiendas de calado salieran validadas gracias a su abstención.

En cuanto al recurso que afecta al contenido, y que ha sido anunciado por el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, se refiere concretamente a la eliminación del requisito de conocimiento de catalán para los docentes en puestos de muy difícil cobertura, que según el diputado contraviene la Ley de normalización lingüística. También a la limitación del acceso a la Renta Social Garantida (Resoga) a las personas que acrediten que han vivido al menos tres años en las Islas Baleares. Consideran que vulneran derechos adquiridos y, por tanto, estas medidas son objeto de impugnación.

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