El Gobierno recorre el reparto de menores migrantes argumentando que vulnera "la solidaridad entre comunidades"

PalmaEl Gobierno ha autorizado este viernes a la Abogacía de las Islas Baleares a interponer un recurso contra el reparto de menores migrantes proveniente de las Islas Canarias argumentando que vulnera "la autonomía y solidaridad entre comunidades". La vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Antònia Estarellas, ha anunciado la medida y ha criticado que el reparto no se imponga ni en Catalunya ni en el País Vasco.

También ha avanzado que el Ejecutivo pedirá que se declare la situación contingencia migratoria pese a que todavía no se ha alcanzado la cifra necesaria de menores extranjeros no acompañados acogidos: son 1.218, mientras que en la actualidad hay cerca de 700, según los datos que ha dado el Ejec. Sin embargo, Estarellas no ha aclarado si, una vez se llegue a este límite, las Islas pedirán o no que se repartan algunos de estos menores en otros puntos del Estado, como hacen Canarias.

El vicepresidente primero y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha acusado al gobierno español de haber dado una "capacidad ordinaria de acogida de 406 plazas" en las Islas con "criterios elegidos unilateralmente". "Hay 72 plazas, y en la actualidad atendemos a 682 menores", ha dicho: "Resulta que al gobierno de Pedro Sánchez esto le parece insuficiente, y considera que hasta llegar a los 1.218 menores no debe hacer nada". "¿Qué está haciendo para evitar que lleguemos a las cifras que tienen Canarias?", ha pedido: "Utilizaremos todas las vías que nos permite el estado de derecho para defender los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares".

El recurso del Gobierno ante el Tribunal Supremo (TS) se dirige contra el real decreto que despliega y concreta el reparto de los menores. Cuelga de un real decreto anterior, que también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como ha argumentado Estarellas, el Gobierno considera que este recurso si se aplicara "afectaría gravemente a la autonomía financiera de la CAIB", porque "pondría en peligro el sistema de protección de los menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad".