Miquel Roldán se toma la baja y evitará (de momento) el examen médico de Educación
Este lunes la Mesa Paritaria ha autorizado su evaluación, con el voto mayoritario de los sindicatos y el apoyo de la Administración
PalmaLa Mesa Paritaria ha autorizado que el docente Miquel Roldán, condenado por acoso continuado a un menor, se someta a un estudio psicológico para determinar su idoneidad para ejercer como maestro. La propuesta recibió el voto favorable de los siete representantes de la Administración y del conjunto de sindicatos, con la excepción de UOB y USO, que se abstuvieron, y de SIAU, que votó en contra. Según ha podido saber ARA Baleares a través de fuentes sindicales, el siguiente paso es que la Conselleria de Educación cite formalmente a Roldán para iniciar el proceso de evaluación, pero él no está obligado a aceptarlo. Ahora bien, también fuentes sindicales aseguran que el docente se ha tomado una baja médica esta mañana. Por tanto, desde ese momento su estado de salud pasa a depender de la Seguridad Social, y Riesgos Laborales de la Conselleria pierde su competencia mientras dure el proceso. Roldán no tendrá obligación de ir a realizarse la revisión.
Mientras tanto, las familias del alumnado del CEIP Maria Antònia Salvà, en Son Sardina, mantienen la huelga y continúan sin llevar a los niños a la escuela como protesta por la reincorporación del docente al centro. Roldán había sido asignado como sustituto pese a su condena, lo que ha generado una fuerte respuesta social. Educació ha enviado a un nuevo docente para que asuma la tutoría de sexto y que Roldán quede a realizar tareas de apoyo, una decisión que las familias han considerado insuficiente.
Más de 90 asociaciones de familias y cientos de docentes de Mallorca han mostrado su apoyo a la protesta a través de la adhesión al manifiesto impulsado por FAPA Mallorca. El documento exige la retirada "inmediata" de Roldán de cualquier centro con presencia de menores e insta a la Conselleria de Educación ya las administraciones competentes a impulsar reformas legales que impidan a personas condenadas por acoso ejercer como docentes.