Las familias del CEIP Son Pisà no llevan a los hijos a la escuela en protesta por el docente condenado por acoso
El centro registra un 40% de ausencia y alerta que la situación ya afecta la convivencia escolar
PalmaLas familias del CEIP Son Pisà han acordado no llevar a los hijos a la escuela hasta reunirse con la Conselleria de Educación como medida de protesta ante la incorporación al centro del docente Miquel Roldán, condenado por acoso a menores. La decisión se ha tomado después de un encuentro de la comunidad educativa con más de 200 familias, en el que los padres y madres han valorado diversas opciones de respuesta ante la situación. Durante la reunión, el director del centro ha explicado que este mismo miércoles, de manera improvisada, ha faltado un 40% del alumnado y los niños que han venido a clase "están nerviosos" porque la situación está afectando la convivencia.
El portavoz de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, ha explicado que este jueves se ha convocado un consejo escolar extraordinario para abordar la situación, al cual acudírá el inspector educativo de la zona para responder a las dudas de los interesados, porque están "muy alterados". Algunos padres y madres han manifestado la intención de esperar en los alrededores del centro para ver si se toma alguna decisión que pueda poner fin a esta situación.
Por ahora, el docente tiene plaza confirmada hasta el día 28 de abril, aunque es muy probable que la baja de la persona que sustituye se alargue. La medida de protesta se enmarca en una estrategia de presión que ya se llevó a cabo al inicio de curso en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, al cual el mismo docente había sido asignado y donde las familias protagonizaron una movilización sostenida en rechazo a su presencia. En aquel caso, durante los primeros 11 días de curso no se impartieron clases.
La comunidad educativa de Son Pisà considera que la incorporación del Roldán no es un hecho aislado, sino la continuidad de un problema que ya se ha vivido en otros centros (Son Sardina y antes en el CEIP Gabriel Janer Manila) y que no se ha resuelto de manera estructural. En este sentido, expresan que el traslado del docente de un centro a otro no es una solución efectiva, sino una medida que simplemente desplaza el conflicto sin garantizar la protección del alumnado ni dar respuesta a la preocupación de las familias.
Por este motivo, reclaman a Educación que asuma responsabilidades y establezca medidas claras y definitivas que eviten situaciones similares en el futuro. Insisten en que la prioridad debe ser garantizar un entorno seguro para los niños y que hay que revisar el marco normativo para que casos como este no se puedan repetir dentro del sistema educativo.
Sin inhabilitación
El caso de Miquel Roldán tiene su origen en una condena de un año de prisión por un delito de acoso a un exalumno menor de edad, sentencia confirmada por la Audiencia. Sin embargo, el tribunal no decretó la inhabilitación para ejercer la docencia al entender que los hechos no estaban directamente vinculados a la actividad profesional, un punto que ha mantenido abierto el debate jurídico, educativo y social sobre los límites del ejercicio docente en estos supuestos.
En su anterior destino, en Son Sardina, su incorporación desencadenó un conflicto de gran intensidad dentro de la comunidad educativa. Las familias expresaron un rechazo frontal a su presencia en las aulas y denunciaron episodios previos que calificaban de "muy desagradables". La tensión derivó en movilizaciones sostenidas y en una huelga de familias que mantuvo a los niños fuera de la escuela durante once días, con un fuerte impacto en el funcionamiento del centro.
Durante aquel episodio, más de 70 asociaciones de familias y más de 300 docentes mostraron apoyo a las familias afectadas. La presión llevó a la Conselleria y a los sindicatos a plantear un estudio psiquiátrico para valorar la idoneidad del docente para trabajar con menores, pero la baja médica detuvo su ejecución y el procedimiento quedó finalmente sin continuidad.
Posteriormente, la Conselleria de Educación retiró la propuesta de evaluación, lo que dejó el caso sin medidas preventivas específicas más allá del marco administrativo habitual. Esta decisión ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar la normativa en situaciones de condenas por delitos vinculados a menores sin inhabilitación judicial expresa. En paralelo, el caso ha llegado al Parlament, donde se han planteado iniciativas legislativas para restringir el ejercicio docente en determinados supuestos. El debate continúa abierto y ha convertido el caso Roldán en un punto de fricción entre resoluciones judiciales, gestión administrativa y presión social dentro del sistema educativo.