Una familia de Santa Maria rechaza ir a la escuela religiosa: "Queremos la pública y laica"

PalmaEl caso de Ferreries, donde se ha dado plaza en la escuela concertada religiosa a 11 familias que se han plantado porque querían ir a la pública, no ha sido el único en lo que se refiere al proceso de matriculación para el próximo curso. En Santa Maria del Camí son cuatro las familias de niños de 3 años que han quedado fuera del CEIP Melcior Rosselló y Simonet. Se les ha concedido plaza en el colegio Ramon Llull, un centro concertado de carácter confesional cristiano, regentado por las Hermanas de la Caridad. "Queremos llevar a nuestro hijo a la escuela pública y laica del pueblo. Además, somos una familia formada por dos mujeres, lo que, lamentablemente, nos hace sentir aún más vulnerables en este contexto", explica Marta (nombre ficticio), madre de una de las familias que se han visto afectadas por la falta de puestos escolares públicos.

Uno de los temas que preocupa a Marta, dada su tipología de familia, es el ideario religioso que hay detrás de las escuelas católicas. "En una de sus últimas intervenciones, el papa León XIV dijo que a las parejas homoparentales no se nos consideraba familias. No nos acepta, ya mí me es imposible llevar a mi hijo a un puesto de base cristiana, cuando la persona más importante del cristianismo ha dicho esto", dice.

La situación con la que se ha encontrado María es un ejemplo claro del conflicto moral con el que chocan las familias no creyentes que se ven obligadas a escolarizar a los niños en centros católicos. El artículo 27 de la Constitución recoge que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Históricamente, la Administración incumple ese derecho constitucional. Se permite a las familias indicar preferencias, pero si no hay plazas para todos, el niño es asignado allá donde quedan.

Las cuatro familias afectadas lamentan no haber obtenido plaza en la escuela pública. Como ya hicieron en Ferreries, han pedido a Educació que les permita estar a los niños en un centro público, una petición que se ha desestimada. "Nos genera una gran inquietud y un profundo malestar, ya que entendemos que la escolarización en los centros públicos del municipio debería estar garantizada para todos los niños residentes", exponen en una carta remitida al ARA Baleares. "Nos preocupa especialmente el impacto emocional que esto puede tener en los niños, así como las dificultades logísticas y sociales para las familias que se ven forzadas a llevar a sus hijos e hijas fuera de su entorno de proximidad", añaden.

Adiós a la escuela pública de proximidad

La familia de Marta ha decidido llevar a su hijo a la escuela de Santa Eugenia (CEIP Mestre Guillemet), a 15 minutos en coche. "Nos implicará cambios en la logística familiar. Nosotros ya vivíamos en Pina y nos mudamos a Santa María para estar en un pueblo más grande. Ahora no nos mudaremos, pero teníamos la idea de tener una escuela pública de proximidad y no será posible", lamenta. "Él ha ido a la escoleta del pueblo y todos sus amigos han entrado en la escuela pública de Santa Maria. Está triste por no poder ir con ellos. Lo hemos tenido que animar", explica la madre.

En Ferreries, las familias que querían escolarizar a sus hijos en la escuela pública (CEIP Castell de Santa Àgueda), pero que han terminado en la escuela concertada religiosa (CC Sant Francesc de Asís) por falta de plazas –Educación las ha derivado allí–, no se han rendido. Seis de los 11 alumnos han cedido y aceptado la plaza adjudicada, mientras que el resto esperará en septiembre para encontrar una alternativa educativa que les satisfaga más. Fuentes cercanas a las familias afectadas por la decisión aseguran que, de las que sí han acudido a la concertada religiosa, las hay que aceptarían un cambio de centro si se les ofreciera.