Evaluar la realidad: una propuesta contra la ficción educativa

PalmaAhora que hemos acabado el curso, los docentes y las familias tenemos más tiempo para la reflexión. Es necesaria, porque somos muchos los profesores que pensamos que vivimos una gran mentira. Parece que la Administración ha elegido encubrir el auténtico nivel de los institutos. Se ha ido fijando, con el tiempo y más por omisión que por acción directa, un listón que los claustros consideramos “rebajado” prácticamente por unanimidad, hecho que devalúa los títulos que se obtienen. Mientras que la escuela debería mitigar las desigualdades y ofrecer oportunidades, los diferentes gobiernos han optado por convertirla en una cortina que oculta la realidad. Una ficción que tapa, especialmente en lugares como Ibiza, el drama de la precariedad laboral y de un mercado de la vivienda imposible; un contexto de individualismo creciente, que aboca a las familias al desarraigo y a la desvinculación de los pueblos y barrios, como también de la lengua y la cultura propias.

Por eso, somos muchos los que vemos necesario un golpe de timón que devuelva la dignidad al día a día de la práctica docente, cada vez más degradada por la burocratización y la presión de las familias, y que recupere el papel de la escuela como agente creador de conciencia ciudadana, igualdad y oportunidades. Proponemos aquí una idea, a veces despreciada por la pedagogía bienpensante, que, junto con otras medidas, creemos que podría mejorar el funcionamiento de todo: las pruebas externas. Debido a las limitaciones evidentes, este texto no tratará otros problemas endémicos que deberían abordarse conjuntamente, con recursos y de forma radical, como la estabilidad de las plantillas y la calidad de las instalaciones y la infraestructura.

Actualmente, la evaluación externa en el sistema público se concreta en dos vías: o bien en las pruebas IAQSE –unas pruebas de diagnóstico cuyo resultado es difícil de descifrar y poco capaz de aportar soluciones a tiempo–, o bien en la selectividad (PAU). Curiosamente, la primera vez que un alumno se enfrenta a una prueba externa con consecuencias es cuando sale del sistema, cuando termina. Proponemos introducir pruebas de diagnóstico en 2º y 4º de primaria y en 2º de ESO, y de titulación en 6º de primaria y en 4º de ESO. A pesar de que la legislación española, a través de la LOMLOE, descarta las pruebas de titulación y solo prevé de diagnóstico, opinamos que hay cierto margen normativo para introducirlas como criterio esencial en las decisiones de titulación en el ámbito autonómico. Estos hitos harían redundantes las IAQSE y ofrecerían un espejo objetivo, neutral y externo, no pervertido por las filias y fobias del profesorado y la presión de las familias, en el que los alumnos se irían acostumbrando a mirarse para limar la pretensión constante de que se les debe todo sin esfuerzo.

Además, sacar el peso de la nota final de las manos del profesor transforma la relación con los alumnos y las familias. El docente deja de ser el enemigo al que fiscalizar o presionar y se convierte en el aliado, el entrenador, ante la prueba. No aprovechar las clases confiando en la bonhomía de la proximidad, en medidas excepcionales y en la presión de los padres deja de ser una opción. El respeto por la profesión llega más naturalmente si esta figura no es quien nos califica finalmente, sino la única que nos puede ayudar a superar la etapa.

Lagunas de base

En este paradigma, las pruebas de 2º y 4º de primaria y de 2º de ESO tendrían un papel informativo y orientador para detectar lagunas de base (comprensión lectora o cálculo) y aplicar refuerzos. Si los resultados son malos en un centro, habrá que corregirlos a medio plazo con más recursos y replanteamientos pedagógicos. Así se persigue la equidad con recursos públicos asimétricos allí donde la realidad socioeconómica lo indica. Esta evaluación constante haría que las pruebas de titulación a 6º y 4º fueran auténticas acreditaciones de nivel y lo único que justificaría la repetición: “Te quedas un año más para que puedas obtener el título, no por capricho de ningún profesor”.

El modelo elimina las repeticiones inútiles que degradan el clima del aula en los últimos cursos de ESO y rebaja la ansiedad de enfrentarse al Bachillerato y a las PAU, que son un choque demasiado tardío. Además, permitiría derivar a los alumnos según su perfil académico hacia rutas alternativas como los programas de Diversificación o la FP Básica desde segundo de ESO, evitando frustraciones.

La educación no puede resolver las duras condiciones del mercado laboral y del inmobiliario, pero tiene la obligación de no taparlas. El papel de la escuela no puede ser rebajar el nivel hasta convertir la titulación en un certificado de asistencia y que parezca que no pasa nada. Tenemos que construir una escuela pública exigente y rigurosa que se aleje del individualismo y ayude a quien lo necesite sin quemar al profesorado ni engañar a las familias. Por este motivo, necesitamos indicadores útiles para destinar recursos de forma asimétrica, mientras se mantienen la exigencia y la excelencia como un derecho universal, no como patrimonio único de la privada ni de programas exclusivos que no salen de Palma. No actuar en esta dirección es pura anestesia, un ejercicio de autocomplacencia y cinismo institucional que las huelgas de los compañeros en el Principado y en el País Valenciano también ayudan a combatir.