Los cuatro ataques de Antoni Vera en la escuela en catalán
Por ahora, el Plan de segregación lingüística es la medida con mayor impacto en el sistema educativo, con más de 5.800 alumnos implicados
PalmaEl modelo lingüístico educativo atraviesa un período de transformación acelerada, marcado por el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno y, concretamente, por la Consejería de Educación de Antoni Vera. Todas ellas han reabierto el debate sobre el papel del catalán en la enseñanza. Desde el despliegue del Plan de segregación lingüística hasta la flexibilización del requisito de catalán para el profesorado, pasando por la modificación de la Ley de educación (LEIB) para reconocer al castellano como lengua vehicular, las iniciativas del Ejecutivo han generado una fuerte controversia dentro de la comunidad educativa.
Aunque el Govern defiende que estas decisiones responden a la voluntad de garantizar el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, sindicatos, docentes y entidades advierten que pueden acelerar el retroceso del catalán dentro del sistema educativo.
Plan de segregación lingüística
El Govern ha extendido este curso 2025-2026 el Plan de segregación lingüística, una iniciativa que permite a las familias elegir el idioma en el que se realizan algunas asignaturas (especialmente en castellano), tanto en Primaria como en Secundaria. Este año participan ya 20 centros educativos, todos ellos concertados, con más de 5.800 alumnos, muy por encima de los 2.300 del curso anterior (11 centros). Para ello, la Conselleria de Educación ha triplicado su presupuesto, que ha pasado de 1,15 millones de euros a casi 3,74 para financiar profesorado específico para los grupos lingüísticos.
Según el conseller Antoni Vera, el objetivo es que el alumnado domine en igualdad de condiciones las dos lenguas cooficiales. La iniciativa ha levantado polémica y ha generado un rechazo significativo en la comunidad educativa. Sindicatos, docentes y entidades en defensa del catalán alertan de que favorece la reducción del catalán como lengua vehicular, crea segregación lingüística y beneficia principalmente a los centros concertados para hacer algo que ya hacían: impartir clases en castellano.
Elección de lengua a tres años
Otra medida que ha configurado el debate sobre la escuela en catalán es la posibilidad de que las familias elijan la lengua de primera enseñanza para sus hijos cuando comienzan la educación formal, especialmente en 4º de Educación Infantil. Este curso 2025-2026 el 80,52% de las familias (6.458) han elegido que sus hijos reciban esta primera enseñanza en catalán, mientras que el 19,48% han optado por el castellano, con diferencias territoriales significativas (por ejemplo, mayor apoyo al catalán en Menorca y Mallorca que en Ibiza y Formentera).
La elección no es una invención del Govern, sino que está recogida y amparada por la normativa vigente. Según la Conselleria, así se garantiza el derecho de las familias a elegir la lengua de primera enseñanza. Los defensores de la enseñanza en catalán ven los datos como una muestra del soporte social a su modelo y del consenso en favor de la lengua propia como idioma de la educación.
Castellano, lengua vehicular
La modificación de los principios rectores de la LEIB por incorporar la vehicularidad del castellano junto con el catalán también ha generado controversia. Este cambio, impulsado en el marco del acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox en 2025, ha hecho que se añada al artículo 135 una mención para que ambas lenguas oficiales tengan carácter de vehiculares en la enseñanza.
Sin embargo, el conseller de Educación, Antoni Vera, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa en la que ha asegurado que esta reforma no afectará a la autonomía de centro ni a los proyectos lingüísticos que ya existen en cada escuela. Según Vera, los centros que quieran seguir impartiendo toda la docencia en catalán podrán seguir haciéndolo, y no se tocarán ni el Decreto de mínimos ni la Ley de normalización lingüística. La incorporación formal del castellano como vehicular se ha presentado como cuestión normativa y no como imposición que cambie automáticamente la práctica educativa.
La posición del Govern intenta compatibilizar el compromiso con Vox con la voluntad de mantener elementos clave del modelo lingüístico vigente, pero la medida ha sido recibida con sospecha y crítica por parte de entidades, sindicatos y partidos de izquierda. Mientras, el cuestionamiento constante de los proyectos lingüísticos en catalán ha hecho que docentes que eran contrarios a ellos saquen pecho y se enfrenten a los proyectos de centro. Otros, cuando nadie los ve, dan las clases en castellano.
Docentes sin requisito de catalán
El acuerdo entre PP y Vox elimina el requisito de catalán en las plazas docentes de muy difícil cobertura. La medida responde, según se ha defendido, a la dificultad de cubrir vacantes en especialidades concretas y en islas como Eivissa y Formentera. En la práctica, esto implica que profesionales sin el nivel lingüístico podrán acceder a estas plazas y empezar a ejercer, con el compromiso de acreditarlo posteriormente.
Este cambio implica una profunda alteración del modelo lingüístico: por primera vez, se abre la puerta a que docentes funcionarios sin un conocimiento acreditado de catalán puedan impartir clase en la escuela pública. Esto pone en riesgo los proyectos lingüísticos de muchos centros, que podrían verse debilitados ante la dificultad de una parte del profesorado para utilizar la lengua propia con normalidad. De hecho, ya existen docentes interinos que ejercen sin comprenderla. Con este nuevo paso, la excepción se convierte en norma y se institucionaliza el acceso a la función pública al margen del requisito de catalán.
Más recursos para la acogida lingüística
El Govern también ha impulsado proyectos que buscan favorecer el conocimiento de la lengua, especialmente en la acogida de alumnado recién llegado. Una de las principales es el refuerzo del Programa de Acogida Lingüística y Cultural (PALIC), cuyo objetivo es facilitar la integración de los estudiantes que llegan de fuera a través de la inmersión en lengua catalana y el conocimiento del entorno. El PALIC se convierte en un instrumento básico para garantizar que estos estudiantes adquieran suficiente competencia lingüística para incorporarse con unas garantías mínimas a la dinámica educativa.
Para el curso 2025-2026, la Conselleria de Educación incrementó los recursos destinados a este programa hasta llegar a 1.247 horas de soporte lingüístico, 233 más que el curso anterior. En sólo dos años, el incremento acumulado ha sido de 516 horas, un dato que evidencia la apuesta por reforzar este dispositivo dentro de los institutos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por garantizar una primera acogida en catalán, una vez incorporados a las aulas ordinarias, muchos alumnos se encuentran con un sistema educativo que cada vez utiliza menos la lengua propia.