Vecinos de Palma denuncian que Cort cede suelo público para el negocio privado: "Es una barrabasada"
Las entidades vecinales acusan a Corte de vulnerar la ley y el Reglamento de Participación Ciudadana en la conversión de seis solares dotacionales en suelo patrimonial apto para explotación privada durante 75 años
PalmaLa Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha presentado alegaciones formales contra la decisión del pleno municipal del 31 de julio de recalificar varios solares públicos de carácter dotacional –es decir, destinados a servicios comunitarios– para convertirlos en suelo patrimonial susceptible de ser cedido a promotores inmobiliarios. Según los acuerdos impugnados, estos terrenos podrían ser explotados durante 75 años por empresas privadas para la construcción de viviendas de alquiler. "Queremos que se devuelva atrás la decisión del pleno para hacer esta barrabasada", ha dicho en declaraciones al ARA Baleares la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar.
Los solares afectados se encuentran en diferentes puntos de Ciudad: dos en Son Quint (Camino Son Vida 8 y Bernat Pomar 4, Son Rapinya), dos en Son Güells (Pierre Lavedan 1 y 5), uno en el Coll d'en Rabassa (Camino Son Fangos 4) y otro en el Oliv.
La Federación considera que esta operación supone una vulneración de la normativa urbanística, puesto que se trata de terrenos que, por ley, deben mantener un uso público y no lucrativo. "Es como expropiar a unos propietarios para entregar el terreno a otros para que hagan negocio", denuncian las entidades.
Alcázar ha señalado que no se puede ceder "ni un palmo ni un centímetro de suelo público para la especulación inmobiliaria que no resolverá el problema de la vivienda" y, además, ha recordado que "sin participación ciudadana no hay democracia".
Uno de los puntos centrales de las alegaciones es la falta de transparencia y de participación ciudadana en la tramitación de los acuerdos. La Federación denuncia que ni ella ni ninguna de las entidades registradas han sido informadas previamente, pese a lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
"El Consistorio está obligado a notificar y permitir la participación de las entidades antes de iniciar el procedimiento", recuerda la Federación, que asegura haberse enterado de la decisión a través de los medios de comunicación. "¿Dónde queda la participación ciudadana y el cumplimiento de la normativa establecida por el propio Ayuntamiento?", se pide.
"Corte recibirá escombros"
Las entidades alertan también del riesgo de que, después de 75 años de explotación privada, los inmuebles se devuelvan al Ayuntamiento en estado de deterioro. "Supera la vida útil aceptable de un edificio. Cuando se cumplan los 75 años, el Consistorio recibirá escombros que costarán dinero rehabilitar, mientras que los promotores habrán hecho negocio con suelo público", señala la Federación.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma advierte que, si sus alegaciones no son atendidas y no se reanuda un proceso participativo "real y transparente" para abordar la crisis de vivienda, se reserva el derecho de emprender acciones legales contra los cambios de calificación de los terrenos.
Las entidades reclaman, además, que el Ayuntamiento apruebe en pleno un compromiso de no urbanizar las llamadas "áreas de transición" mientras exista suelo urbanizable disponible, y critican el incremento de densidad previsto en zonas como Son Güells y Son Puigdorfila sin estudios de impacto ni diálogo con los barrios.
"Colapso general"
Según considera la Federación, todo este paquete de medidas, "sin estudio de impactos, de nuevas necesidades que se generan, de procesos participativos, ni planificación urbanística real digna de tal consideración", abre la puerta a "un colapso general de la ciudad, en una burbuja inmobiliaria especulativa que no va a resolver el problema de vivienda".
Son Rapinya
Además de la Federación, la Asociación de Vecinos de Son Rapinya también ha presentado alegaciones por los dos solares de su barrio. La entidad celebró este 3 de octubre una asamblea abierta con la participación del colectivo vecinal y del centro educativo CIDE, en el que se acordó iniciar acciones conjuntas, como una recogida de firmas, para reclamar la recuperación de estos espacios para usos comunitarios.
Durante la reunión, se recordó la existencia de un convenio firmado hace años entre el Ayuntamiento –cuando el alcalde era Joan Fageda–, la promotora Vivelba y la asociación vecinal, que incluye uno de los solares ahora recalificados. Los vecinos sostienen que el hecho de que el equipamiento previsto no se haya construido no implica que el convenio haya perdido vigencia ni que el terreno pueda destinarse a fines privados.