Un trabajador del puerto de Palma reclama 15.000 euros a la empresa adjudicataria ya la Autoridad Portuaria por represalia laboral
Asegura que fue sancionado seis días después de presentar una demanda judicial por reclamar derechos laborales y denunciar irregularidades de seguridad marítima
PalmaUn marinero del puerto de Palma ha presentado una demanda judicial contra la empresa D-Marin Spain, que gestiona los amarres, y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en la que reclama 15.000 euros por daño moral por una presunta vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad, es decir, la prohibición de represalias.
Según recoge la demanda, a la que ha tenido acceso el ARA Baleares, el trabajador –con una antigüedad que se remonta al 2014– sostiene que la sanción impuesta por la empresa responde a una represalia directa por haber reclamado judicialmente mejoras económicas y haber advertido de irregularidades laborales.
El demandante, que ejerce como marinero y patrón profesional, asegura que es el único trabajador de la plantilla con todas las titulaciones marítimas necesarias para el servicio que presta la empresa, unas habilitaciones que –según expone– resultan imprescindibles para que D-Marin pueda mantener la concesión del servicio público. En este contexto, afirma que solicitó un complemento salarial y una excedencia voluntaria con reserva de puesto, reclamación que acabó judicializando después de un intento de conciliación sin acuerdo.
Seis días después de presentar la demanda en el juzgado, la empresa le comunicó una sanción disciplinaria. Este elemento temporal es clave en la denuncia, que defiende que la medida vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la garantía de indemnidad recogidos por la Constitución.
Denuncias por seguridad y falta de documentación
El trabajador también relata que había advertido a la empresa sobre deficiencias en la documentación y en la seguridad de varias embarcaciones utilizadas para maniobras dentro del puerto, incluida una lancha alquilada que, según su versión, podría no cumplir los requisitos legales para operar en este ámbito. Asegura que solicitó seguros, permisos de navegación, evaluaciones de riesgos y otra documentación técnica, sin obtener respuesta.
Según el escrito, estas advertencias habrían incrementado el conflicto con la empresa. El demandante sostiene que, lejos de corregir las presuntas irregularidades, la dirección optó por abrirle un procedimiento sancionador, que considera "injustificado" y tramitado sin el preceptivo trámite de audiencia previa, por lo que también pide su nulidad.
La demanda también se dirige contra la Autoridad Portuaria de Baleares, a quien el trabajador atribuye una posible responsabilidad por falta de vigilancia sobre el cumplimiento del contrato público adjudicado a D-Marin. Según argumenta, la APB debería haber controlado que la empresa dispusiera del personal cualificado necesario y que las operaciones marítimas se desarrollaran con todas las garantías de seguridad. Además de la nulidad de la sanción, el trabajador reclama una indemnización por daño moral, vinculando a un cuadro de ansiedad y estrés derivado del conflicto laboral. El importe solicitado -15.000 euros- se fundamenta en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la aplicación orientativa del régimen sancionador social para infracciones muy graves. El caso está ahora pendiente de resolución judicial.
