Así ha reabierto la sala de partos de Manacor: "Las mujeres no vienen. Es como si hubieran perdido la confianza"

PalmaEl paritorio del Hospital de Manacor reanudó la actividad ordinaria el 27 de enero, después de haber estado en situación de contingencia desde el día 19. Durante este período, y ante la imposibilidad de cubrir las guardias con los dos ginecólogos habituales, los partos se derivaron a otros hospitales. Según fuentes cercanas al centro, durante esos días no se registró ningún nacimiento en el centro. Ahora, pese a la reapertura del servicio, el ambiente sigue siendo de incertidumbre: "No vienen mujeres. Es como si hubieran perdido la confianza", explican las mismas fuentes. "Se atienden partes, pero menos que antes. Esperamos que nos vayamos recuperando", añaden. Mientras, el servicio está operativo y preparado para atender a las embarazadas que vayan, sea cual sea su problema.

La situación de la sala de partos lleva semanas en el centro del debate público a raíz de la crisis del Servicio de Ginecología y Obstetricia. A mediados de enero, la Conselleria de Salut activó un plan de contingencia por la carencia de ginecólogos, una decisión que comportó la derivación de partos normales a otros hospitales y dejó la sala de partos prácticamente sin actividad ordinaria, limitada sólo, sobre el papel, a casos urgentes o partes inminentes. Pero según fuentes del centro, no llegó a atenderse ninguna. Aquellos días, el ambiente en el hospital estaba enrarecido, con una tensión evidente entre ginecólogos y matronas.

La medida provocó una fuerte reacción entre profesionales sanitarios y usuarias. Comares del centro denunciaron que, a pesar de mantenerse la plantilla, no se les permitía atender partes normales, mientras mujeres embarazadas se derivaban a otros hospitales, a menudo lejos de su domicilio y trasladadas en ambulancia. Entidades sociales, la Asociación Balear de Comares y el colectivo Naixença –vinculado al parto respetado– alertaron de que la decisión generaba desigualdades territoriales y ponía en riesgo un modelo asistencial que había convertido Manacor en un centro de referencia para los partos fisiológicos.

Apoyo de profesionales de otros centros

Ante la presión social y profesional, Salut anunció la desactivación del Plan de contingencia y la voluntad de recuperar la normalidad asistencial en la sala de partos de Manacor, que, en lo que se refiere a los efectivos, se materializó el 27 de enero. Sin embargo, entidades y profesionales han advertido que el problema de fondo (la falta estructural de ginecólogos) no se resolverá hasta que no se adopten medidas estructurales que garanticen la continuidad del servicio a medio y largo plazo. Por el momento, la crisis se ha resuelto gracias a profesionales de otros hospitales, que han accedido a cubrir guardias en la capital del Levante.

Paralelamente, más de una veintena de entidades sociales y profesionales hicieron público un comunicado conjunto en el que advertían que la situación podía derivar en un proceso de desmantelamiento o de privatización encubierta del servicio. En este contexto, reclamaron una solución estructural a la falta de personal médico y la plena recuperación de la sala de partos para garantizar una atención segura y de calidad a una población de referencia de más de 130.000 personas. El Ayuntamiento de Manacor se ha hecho suyo este reclamo y ha exigido a la Consejería de Salud que se garantice un servicio ginecológico de calidad.

La crisis de la sala de partos se enmarca en un contexto más amplio de dificultades estructurales del sistema sanitario público en Baleares, especialmente en servicios hospitalarios que requieren una alta especialización. Profesionales y sindicatos han alertado reiteradamente de las dificultades para cubrir plazas, la sobrecarga asistencial y la falta de incentivos para fidelizar a personal médico en determinados centros.

En este escenario, el caso de Manacor se ha convertido en un símbolo del creciente malestar ante la gestión de los recursos sanitarios y del miedo a que decisiones coyunturales acaben teniendo consecuencias permanentes sobre servicios esenciales. Las entidades y los colectivos implicados insisten en que el mantenimiento de una sala de partos pública, próxima y plenamente operativa es clave tanto para la seguridad clínica como para garantizar el derecho de las mujeres a decidir cómo y dónde quieren parir.