El precio de la vivienda ahoga: 110.000 personas viven en casas inseguras y 100.000, en inadecuadas

PalmaBaleares se encuentra ante una crisis residencial sin precedentes. Según el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social, presentado este miércoles por Cáritas, 46.000 hogares del Archipiélago caen en pobreza severa sólo después de asumir el coste del alquiler y los suministros. Los responsables de la entidad alertan de que el derecho a la vivienda se ha convertido en un "derecho falso" y que la presión inmobiliaria está expulsando a muchas familias de la posibilidad de vivir con dignidad. "La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna", ha señalado el sociólogo de Foessa, Thomás Ubrich, en la presentación del informe en Palma. "No fallan las personas sino el sistema", ha añadido, poniendo de relieve que muchos hogares intentan salir de la situación de exclusión, pero se encuentran con barreras estructurales y dispositivos fragmentados que impiden su recuperación.

Entre 2018 y 2024, el precio de la vivienda ha continuado disparado. En Palma, el alquiler se ha encarecido un 38% y, en el conjunto de las Islas, un 27%, con un precio medio que ya alcanza los 1.598 euros mensuales, un incremento del 31% respecto a 2019. Hoy, el 32% de la población vive de alquiler, diez puntos por encima de la media estatal, y Baleares continúan entre las comunidades. Esta situación genera una enorme presión sobre los hogares, especialmente en zonas como Eivissa, donde la tensión del mercado es mayor. Entre 2018 y 2024 el precio de compra ha subido un 40.000.

Como consecuencia, 110.000 personas viven en viviendas inseguras y 100.000, en viviendas inadecuadas, muchas con problemas de insalubridad o hacinamiento. Más del 60% de los inquilinos destinan más del 30% de sus ingresos a cubrir los gastos de vivienda, una situación que intensifica la precariedad y limita el acceso a otras necesidades básicas.

La exclusión social sigue elevada

El 19% de la población de Baleares, más de 233.000 personas, se encuentra en situación de exclusión social y 94.000 viven en exclusión severa. Pese a los avances macroeconómicos, la recuperación no llegó a los hogares más vulnerables. El empleo ha crecido y ha pasado de 560.000 personas empleadas en 2018 a 607.000 en 2024, pero esto no ha reducido su exclusión. Los salarios han aumentado un 20% nominalmente pero sólo un 3,3% en términos reales, insuficiente para compensar el aumento del coste de la vida. La exclusión entre personas con trabajo ha pasado de afectar a una de cada diez a casi una de cada siete, mostrando que tener un trabajo ya no garantiza salir de la vulnerabilidad.

Las desigualdades tienen un claro componente demográfico. La exclusión entre personas extranjeras alcanza el 31%, más del doble que entre la población española. Los menores y jóvenes son especialmente vulnerables: el 24% de los menores de 18 años y el 26% de las personas entre 18 y 44 años viven en exclusión. Los hogares con niños concentran dos tercios de la población excluida, y las familias encabezadas por mujeres presentan un riesgo elevado, con un 22% en situación de vulnerabilidad.

El Informe Foessa también denuncia un grave déficit en el sistema de prestaciones sociales. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo llega al 35% de las personas en pobreza severa, y el 66% de los hogares vulnerables afirman no haber recibido nunca información sobre esta prestación. La Renta Social Garantizada ha experimentado un retroceso dramático, pasando de cubrir al 1% de la población en 2018 al 0,44% en 2024. Según Ubrich, la compatibilidad entre IMV y Resoga podría cubrir mejor las necesidades básicas, pero la burocracia y la falta de acompañamiento dejan muchos hogares. Paralelamente, sólo el 7% de la población utiliza los servicios sociales muy por debajo de la media estatal del 13%.

La discriminación es un factor que agrava la vulnerabilidad. Uno de cada cinco hogares declara haber sufrido, cifra que se eleva a casi uno de cada dos entre la población en exclusión. El 88% de las personas que han vivido discriminación afirman haber perdido oportunidades laborales o sociales a causa de ésta. Sin embargo, Foessa detecta un aumento de la solidaridad entre hogares, que ha pasado del 58% en 2018 al 66% en 2024, un elemento clave para sostener el tejido social mientras no llegan respuestas estructurales.

Llamamiento a un nuevo modelo social

Ante este panorama, Cáritas y Foessa reclaman ambiciosas políticas para ampliar el parque público de vivienda, frenar los incrementos abusivos de los precios y reforzar y simplificar el acceso a las prestaciones sociales. Además proponen un giro del modelo social basado en los cuidados, la justicia social y la sostenibilidad ecológica, para revertir las desigualdades consolidadas en la última década. Ubrich concluye que Baleares se encuentra ante un cruce: continuar hacia una sociedad más desigual y fragmentada o apostar por un nuevo pacto social que ponga la vida, los derechos y el bien común en el centro de la acción pública.