Los 'party boats' llevan la Autoridad Portuaria a los tribunales por su expulsión del puerto de Palma
Ya habían criticado la reordenación impulsada por el Estado porque los deja fuera de la actual ubicación y les prohíbe hacer ruido
PalmaLas empresas que organizaban las excursiones marítimas conocidas como party boats con base en el puerto de Palma han decidido llevar a los tribunales la decisión de la Autoridad Portuaria de expulsarlas de la zona donde se encuentran actualmente (frente al Auditorio) con motivo de la nueva ordenación del puerto de Palma. Cinco empresas del sector, Barca Samba, Cruceros Marco Polo, Mallorca Sailing Catamarans, Nautical Adventures y Ociana Calvià han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el concurso impulsado por la Autoridad Portuaria de las Baleares (APB), que en la práctica supone su expulsión del muelle de las golondrinas y un giro profundo en el modelo de actividad turística dentro del recinto portuario.
El conflicto judicial llega como respuesta de los operadores a lo que consideran una modificación profunda del puerto de Palma y que de alguna manera limitará y mucho su actividad, sobre todo aquella que tiene que ver con el concepto de party boat. Esta nueva propuesta responde, en parte, a las necesidades de la Autoridad Portuaria de disponer del muelle de enfrente del Auditorio para otras actividades, pero a nadie se le escapa que este cambio viene motivado, en parte, por una considerable presión vecinal contra un negocio que durante años se había desarrollado sin suficientes controles, según las reiteradas denuncias de los residentes principalmente en el paseo Marítimo.
El puerto de Palma se encuentra inmerso en un proceso de transformación muy importante, recogido en el Plan Maestro con horizonte 2035, que prevé una inversión de cientos de millones de euros y que tiene como objetivo redefinir completamente los usos del puerto, con la voluntad "de integrarlo mejor con la ciudad y reducir sus impactos", según han dicho los representantes de este organismo en diferentes ocasiones.
Aunque este plan todavía se encuentra en fase de desarrollo, con los primeros pasos administrativos en marcha y la licitación del documento estratégico, ya se han empezado a aplicar decisiones concretas que anticipan el nuevo modelo. La más inmediata y polémica afecta al muelle de tránsito local, conocido popularmente como el de las golondrinas, que se convierte así en el primer escenario real de esta reordenación.
El final de las ‘party boats’ en el muelle de las golondrinas
La nueva concesión impulsada por la APB introduce un cambio sustancial en la actividad de este espacio. La prohibición de las embarcaciones con música y ambiente festivo y la limitación a actividades de transporte marítimo de pasajeros suponen, en la práctica, la desaparición de las conocidas party boats de esta zona. Este cambio no es meramente formal, sino que implica un desplazamiento directo de las empresas que operaban hasta ahora en estas condiciones, muchas de las cuales se ven obligadas a modificar su modelo de negocio. Estas empresas ya han dicho formalmente que estos cambios serán muy perjudiciales para su actividad. En todo caso, la Autoridad Portuaria quiere que el muelle deje de ser un espacio asociado al ocio masivo y pase a orientarse hacia un uso más controlado y, según la Administración, "compatible con el entorno urbano".
Precisamente el pasado mes de diciembre una de las empresas que organiza las excursiones marítimas fue protagonista de otra crítica, la de los vecinos de la zona de la Feixina de Palma, por un mercadillo de Navidad lleno de elementos foráneos, y que tuvo el apoyo del Ayuntamiento de Palma. Presentado como mercadillo artesanal, una investigación de ARA Balears pudo demostrar que en realidad la mayoría de puestos de venta (hasta 45) estaban controlados por el mismo empresario, precisamente socio de la Barca Samba.
El peso de las quejas vecinales
La decisión de la Autoridad Portuaria no se puede desvincular de la presión acumulada de los residentes del paseo Marítimo y de las zonas cercanas al puerto. Durante años, los vecinos han denunciado el ruido constante, la concentración de turistas y el impacto de un modelo de ocio que consideran incompatible con la vida cotidiana. Las escenas de turistas cantando, bailando o gritando a bordo de las embarcaciones se han convertido en habituales en temporada alta y algunos vecinos han relatado que el volumen de la música es desorbitado. En este contexto, la reordenación del muelle de las golondrinas se presenta como una respuesta directa a estas quejas y como un primer paso para reducir la presión sobre la fachada marítima de Palma.
Según ha podido saber el ARA Balears, el recurso contencioso-administrativo contra el concurso no se limita a cuestiones técnicas, sino que apunta al núcleo de la decisión adoptada por la Autoridad Portuaria. Todo indica que los operadores cuestionan el cambio de criterio, el impacto sobre la competencia y la posibilidad de que el concurso se haya diseñado con el objetivo de desplazar determinadas actividades.
Un negocio millonario en disputa
El sector de las excursiones marítimas en el puerto de Palma mueve cada año cientos de miles de pasajeros y genera ingresos muy importantes. Estudios recientes aseguran que en Baleares las golondrinas mueven más de cien millones de euros anuales. Esta magnitud explica la intensidad de la competencia entre operadores y la sensibilidad ante cualquier cambio que afecte la distribución de los amarramientos o las condiciones de explotación. El muelle de las golondrinas no es solo un espacio físico, sino un punto clave dentro de un mercado altamente rentable, donde la ubicación (frente al Auditorio de Palma) y las condiciones de acceso determinan en gran medida la viabilidad de los negocios.
El sector arrastra, además, un historial de controversias. El ARA Balears retrató hace unas semanas cómo en otros puntos del litoral, durante años la gestión de las autorizaciones ha estado marcada por la falta de claridad, además de la tolerancia de situaciones irregulares y los conflictos entre empresas. Este contexto ha generado un modelo flexible pero poco transparente, en el que la delimitación de los derechos y obligaciones de los operadores no siempre ha sido clara. La reordenación actual se interpreta, en parte, como un intento de corregir estas disfunciones y recuperar el control sobre un espacio de dominio público especialmente sensible.
El punto más delicado del trasfondo es la investigación policial sobre posibles irregularidades en el sector a partir de un regalo envenenado: el caso conocido como el de la caja de bombones que llevaba en su interior dinero en efectivo ha puesto bajo sospecha determinadas prácticas relacionadas con la gestión de las concesiones y autorizaciones y ha provocado la revisión de expedientes administrativos. Este episodio ha reforzado el discurso de la Administración sobre la necesidad de ordenar el sistema y ha añadido una dimensión nueva al conflicto, que ya no es solo económico o urbanístico, sino también de control institucional.