Sin padrón y sin derechos: el drama oculto de los caravanas en Palma

PalmaUna noche cualquiera, Ariadna acuesta a su hija dentro de su vivienda, una caravana. Cada atardecer tiene la misma incertidumbre: ¿cuánto tiempo podrá vivir así; cuándo le reconocerá la Administración el derecho a existir oficialmente allí donde vive? La niña tiene seis años y ya hace tres que intenta empadronarse en su casa. Sin éxito.

Su historia no es una excepción, sino el reflejo de una realidad que crece a medida que la vivienda se vuelve más inaccesible. Comprar un piso en Palma es, cada vez más, un lujo y el alquiler, una carrera de obstáculos complicadísima (contratos abusivos, condiciones de hacinamiento...). Ante este escenario, vivir en una caravana se ha convertido en una salida para muchas personas que buscan autonomía y estabilidad. Pero esta alternativa, lejos de ser una solución plena, topa con un muro burocrático: el Ayuntamiento de Palma deniega el empadronamiento a quien vive en caravanas, según denuncian caravanaistas, entidades ciudadanas y partidos políticos.

Ariadna recuerda cómo todo comenzó a finales de 2023, cuando intentó regularizar su situación. El recorrido institucional se convirtió rápidamente en un laberinto. "Fue como un juego de pinball", explica. Servicios Sociales la derivó al Ayuntamiento y allí comenzó un periplo de idas y venidas sin respuesta. "Solo he encontrado negativas tajantes y malas maneras", dice. Ha trasladado el caso a la Defensora de la Ciudadanía, al Defensor del Pueblo y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que reclaman una solución al Consistorio, aún sin respuesta.

Para poder escolarizar a la hija, Ariadna recurrió a su expareja, con la cual tiene la custodia compartida. Solo así, la niña puede acceder a servicios esenciales, como el acceso a la sanidad pública. Sabe que tiene suerte. Antes de abandonar el piso donde vivía renovó toda la documentación y, mientras continúe en vigor, la podrá utilizar. Aun así, hay ciertas gestiones para las cuales necesita el padrón y no puede hacerlas, como solicitar ayudas como el ingreso mínimo vital, obtener el descuento de residente, acceder a determinados servicios sociales o ejercer plenamente los derechos administrativos. Tampoco puede acceder a deducciones fiscales por cuidar a su hija, como es habitual y tal como se prevé en la normativa del IRPF mediante el mínimo por descendientes.La Administración "juega al desgaste"

Ariadna es consciente de que la batalla contra la Administración es larga y, por eso, mucha gente desiste. Dice que la Administración "juega al desgaste" y a "tirar balones fuera", pero afirma que no dejará el intento a medias. Según comenta, el Ayuntamiento "usa la parte de la ley que les interesa e ignora la que no".La normativa a la que hace mención Ariadna es la resolución del 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. Es aquí donde se establece que se han de aceptar como domicilio los infraviviendas, como las caravanas, o cualquier lugar donde, efectivamente, resida la persona. De hecho, esta es la misma ley con la que el Ayuntamiento ha justificado recientemente la puesta en marcha del protocolo para dar de baja los empadronamientos."Cruzada contra los empadronamientos"

La portavoz de la PAH, Ángela Pons, asegura que el Consistorio está inmerso en una "cruzada contra los empadronamientos". "Tenemos la certeza de que deniegan los empadronamientos a los caravanaistas, porque hemos acompañado a personas a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) y se los han rechazado", afirma.

La defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, recuerda que el padrón municipal no es ni una prestación ni una ayuda social, sino un registro que acredita la residencia efectiva. En este sentido, subraya que el único requisito es tener la residencia habitual en la ciudad. Advierte que, si el Ayuntamiento no facilita que las personas puedan empadronarse en una dirección ficticia –una práctica habitual en el caso de personas sin hogar–, puede empujar a estas personas a empadronarse de manera fraudulenta o, incluso, abrir la puerta a situaciones de abuso, como cobrar por facilitar un padrón.

En relación con las caravanas, explica que se pueden empadronar si están estacionadas en un lugar fijo o dentro de un solar. En caso contrario, reitera que la solución es sencilla: empadronar a las personas en una dirección ficticia, como la de un edificio municipal.

Situaciones artificiales

En línea con Moilanen, la abogada Gloria Olmos, también miembro de la PAH, dice que, para empadronarse, la normativa exige "acreditar el domicilio en el término municipal" y como domicilio también se entienden infraviviendas, como una tienda de campaña, una caravana, una barraca o, incluso, una cueva. Explica que el Ayuntamiento no da "ninguna resolución formal" a los caravananistas y obliga a quien solicita el padrón a hacerlo "mediante una ONG", lo que genera situaciones artificiales. Olmos explica que el problema radica en el hecho de que esta relación con la ONG y el caravanista "no existe realmente", ya que no son usuarios reales, porque no son personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. Explica que el caravanista tiene "un contacto puntual con la entidad para obtener el padrón y después dejan de tenerlo".En este contexto, cuando el Ayuntamiento, siguiendo el protocolo activado en julio de 2025, pide el listado de personas que no han tenido contacto con la ONG en los últimos meses para hacer el desempadronamiento, la medida llega a todos estos usuarios, ya que no son usuarios habituales porque no tienen la necesidad, señala la letrada. "No solo no se empadrona, sino que también se hacen desempadronamientos de manera sistemática", asegura Olmos.

"Desempadronamientos masivos de oficio"

Desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento gobernado por el PP ha impulsado una política de "bajas masivas de oficio", según ha criticado el PSOE de Palma y ha corroborado la Defensora de la Ciudadanía. De acuerdo con los datos del padrón, estas bajas han afectado a 14.893 personas entre 2024 y los dos primeros meses de 2026. La cifra representa un incremento del 66% respecto a los años 2021 y 2022. En 2024, las bajas casi se triplicaron en comparación con 2023 y casi se duplicaron respecto a 2022. En cuanto a 2026, la cifra de bajas en el padrón en solo dos meses ya se acerca a la mitad de todas las bajas registradas durante 2023.

La polémica se ha intensificado por el hecho de tratarse de una cuestión que afecta a derechos básicos y, especialmente, después de que se cuestionaran las explicaciones iniciales de la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca. Inicialmente, atribuyó a la Cruz Roja el origen de los listados de personas vulnerables, pero, posteriormente, el mismo Ayuntamiento admitió que la petición había partido de los servicios municipales, contradiciendo la primera versión de Roca. "El 18 de septiembre de 2025, Cruz Roja remitió, a solicitud de los técnicos de los Servicios Sociales municipales, una revisión del listado de personas en situación de vulnerabilidad empadronadas en domicilio ficticio", explicó Cort en una nota de prensa.

"En Palma se vive en viviendas"

Este conflicto se añade a un precedente reciente: el Ayuntamiento quería sancionar con multas de hasta 1.500 euros a las personas que vivieran en autocaravanas. La normativa, que se aprobó inicialmente, se retiró después de la indignación del colectivo caravana y la presión social y política. El alcalde, Jaime Martínez, resumió entonces su posición con una frase polémica: "En Palma se vive en viviendas, no en caravanas".

En cuanto a las bajas masivas del padrón, Moilanen asegura que se encuentra en espera de aclarar qué pasa. Ha solicitado explicaciones e informes para poder analizarlos y extraer conclusiones, ya que, según afirma, hay aspectos que "no cuadran", especialmente en un contexto en el que la población continúa aumentando.

Además, insiste en que el padrón no se puede condicionar ni someter a valoraciones sobre la exclusión social o de residencia, porque eso generaría inseguridad jurídica y desigualdades de trato. "Quisiera pensar que se trata de una cuestión técnica para facilitar el trabajo del departamento de población", apunta.

Moilanen también advierte que, si un municipio introduce condiciones para acceder al padrón, podría incurrir en una vulneración de la Constitución española. En concreto, recuerda que el artículo 10.3 establece que la Administración pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con pleno sometimiento a la ley y al derecho.

"Se piensa que es el rey de Palma"

El también caravanista Javier González explica que hace dos años que inició los trámites para empadronarse. Se muestra visiblemente molesto: "Lo que pasa es que Jaime Martínez se piensa que es el rey de Palma y que no se rige por la ley española, pero está incumpliendo una obligación". "Interpreta la ley a su gusto y, mientras tanto, yo no puedo acceder a los servicios, no puedo acceder a nada", se lamenta. Según denuncia, el alcalde de Palma "no quiere gente con pocos recursos, solo millonarios".

En el caso de Lorenzo (nombre ficticio), el procedimiento se encuentra en pleno recorrido legal. Solicitó el empadronamiento y, durante tres meses –el plazo establecido–, no recibió ninguna respuesta del Ayuntamiento. La contestaciónllegó un día después de haberse agotado el plazo. Con el apoyo de la PAH, ha recurrido contra la decisión alegando el silencio administrativo positivo, que establece que la falta de respuesta dentro del plazo equivale a la estimación de la solicitud.

"Empadronamientos fraudulentos"

Vox Palma justifica y avala la decisión del Ayuntamiento de pedir listados para ejecutar desempadronamientos. Su posición en la lucha contra los "empadronamientos fraudulentos" es contundente, según el líder del partido en Palma, Fulgencio Coll. La formación ya había impulsado iniciativas para "evitar los empadronamientos fraudulentos" en abril de 2025 y mayo de 2024. "Damos apoyo a la concejal Lourdes Roca y a un control escrupuloso de los empadronamientos", afirmó Coll.

En contraposición, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, recuerda que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de empadronar y que no hacerlo supone incumplir la normativa. "A esto hay que añadir el desempadronamiento unilateral impulsado por la concejal Lourdes Roca, del cual inicialmente se responsabilizó una entidad del tercer sector", señala. Para la ecosoberanista, el PP "ha asumido plenamente el mensaje aporofóbico y el ataque a los colectivos más vulnerables" de Vox.

"Criminalización de la pobreza"

La portavoz de Podemos Palma, Lucía Muñoz, sostiene que hay una "orden política de no empadronar a las personas que viven en caravanas". Muñoz se muestra muy crítica con Vox, porque considera que la formación trata el empadronamiento "como si fuera un truco", cuando, en realidad, es la puerta de acceso a derechos básicos. También reprocha al PP haber asumido "el discurso de criminalización de la pobreza" de Vox y denuncia que "hay una competición entre el PP y Vox para ver quién es más racista".

El portavoz socialista, el concejal Daniel Oliveira, ha criticado que el alcalde y su equipo de gobierno "llevan a cabo desempadronamientos masivos de oficio, hasta 15.000 en dos años". "Además, y por primera vez, han pedido listados de personas en situación de emergencia social para desempadronarlas, un hecho nunca visto", ha señalado. Todo esto coincide con "las numerosas quejas de personas que viven en caravanas y que tienen muchas dificultades para acceder al padrón", ha remarcado. Según denuncia Oliveira, "el Ayuntamiento dice que son personas vulnerables, pero no es el caso de todos: hay gente trabajadora que ha descubierto que no estaba empadronada cuando ha ido al médico y le han dicho que no tenía tarjeta sanitaria".