La muerte visita Casa Lola, paradigma ibicenco de la ilegalidad urbana y turística

IbizaSe llamaba Valentín Cabrera Zaracho, tenía 48 años y era de Paraguay. Trabajaba en la construcción de lunes a viernes y como vigilante de seguridad los fines de semana. Estaba "muy contento" porque había podido legalizar su situación en el país en la reciente regularización del gobierno de España; planeaba traer a su hijo a vivir con él a Ibiza. La muerte, en forma de incendio, le atrapó en su infravivienda en la finca de Casa Lola, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, el domingo, 27 de septiembre, pasadas las 7 de la mañana. Con quemaduras en el 90% del cuerpo, aún consciente y víctima de un dolor extremo, fue evacuado en ambulancia. Murió en Can Misses el mismo día a las 5 de la tarde.

"Era un hombre trabajador. Tenía su coche, sus papeles... Le iba bien. No encontró un piso que pudiera pagar y se instaló en la finca de Casa Lola", explica Christian Paredes, amigo de Valentín, también paraguayo. Es un perfil que se repite en Ibiza: inmigrante que tiene trabajo, pero a quien no le alcanza para pagarse una habitación. En el asentamiento de Casa Lola hay gente de Paraguay, de Colombia, de Ecuador... Christian sabe lo que es vivir en una infravivienda. De hecho, tuvo cierta relevancia pública durante el desalojo del macroasentamiento de Can Rova en 2024, en el municipio de Santa Eulària. Ahora ha conseguido pagarse una habitación y trabaja de conductor para Uber. Paredes y algunos compañeros de la víctima sostienen que el fuego quizás no fue casual; es un hecho que no descarta la Guardia Civil. Las llamas quemaron la barraca de la víctima y unos 60 metros de masa forestal. Entre los restos había varias bombonas de butano, una sin el capuchón, posiblemente, por haber estallado; no queda claro si lo hizo a causa del fuego o si fue su origen.

La pesadilla de Casa Lola

La turbulenta historia de Casa Lola sorprenderá a quien no haya oído hablar de ella. El año 2010 los funcionarios detectaron por primera vez obras irregulares en la propiedad; el año 2013 se supo que se había edificado un complejo turístico ilegal de notables proporciones. Las fiestas y la actividad hacían imposible el descanso de los vecinos. Se abrieron expedientes, se precintó la propiedad infructuosamente... Las ilegalidades persistieron. En 2018, la propietaria, Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, y su hija fueron condenadas por tener a gente trabajando sin haberla dado de alta. El mismo año la Justicia confirmó la demolición de las obras ilegales (muros, diversos edificios, terrazas cubiertas y descubiertas y hasta tres piscinas). La tramitación de los expedientes continuó; la actividad de Casa Lola, también. El año 2020, en pleno confinamiento por el coronavirus, la Policía Local interrumpió una fiesta multitudinaria. Casa Lola continuó abierta. El año 2022 un juez autorizó al Ayuntamiento a ejecutar las demoliciones de manera subsidiaria: el 9 de agosto, con unos setenta clientes dentro del establecimiento, los operarios, la Policía Local y treinta y cinco guardias civiles conseguían entrar; dos personas fueron detenidas por resistencia. En 2023 San José dio por terminados los trabajos de demolición y consideró restablecida la legalidad.

Pero no. De inmediato comienza la historia de Casa Lola como asentamiento ilegal. Para los vecinos, debe ser como esa pesadilla que, en una película de terror, resulta que es real cuando te despiertas. Comienzan a registrarse las denuncias por ruidos, insalubridad, amenazas, conexiones irregulares a la red eléctrica... Sant Josep ha estimado que viven en el asentamiento entre 150 y 200 personas en cabañas, caravanas y tiendas. El alcalde, Vicent Roig, ha admitido que puede haber personas "en riesgo de caer en vulnerabilidad" y ha denunciado que los pobladores deben pagar una mensualidad por residir allí, un pago que "gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto". Son las acusaciones del Consistorio. Sant Josep ha solicitado una orden judicial para poder entrar al recinto. "No hay más culpable que quien actúa de manera deliberada abusando de una situación de emergencia habitacional para su propio beneficio", ha concluido Vicent Roig. Antes de que esta orden pudiera hacerse efectiva, un juez ha ordenado el desalojo inmediato del asentamiento y su restitución a la propiedad, según dio a conocer el pasado miércoles, 30 de septiembre, el abogado de la propiedad. Los propietarios habrían presentado una denuncia por presunto delito de usurpación hace tres meses, aunque hace años que se sabe que la finca se utiliza como poblado ilegal. Según Diario de Ibiza, el desalojo podría ejecutarse este mismo martes, ya que algunos de los residentes ya han sido advertidos verbalmente por la Guardia Civil.

Valentín Cabrera es la segunda víctima que se cobra el fuego en un asentamiento irregular en Ibiza. En 2022, un hombre de 46 años murió en el incendio de su cabaña en la zona de la Joveria, en Vila. Rastreando las hemerotecas, entre esta primera víctima y la muerte de Valentín se han registrado, como mínimo, hasta nueve incidentes relacionados con fuego en asentamientos en la isla: incendios forestales, explosiones de bombonas, infraviviendas que se queman... La combinación entre los desaprensivos que buscan el máximo beneficio y las personas necesitadas deja un margen muy amplio a la ilegalidad y, a veces, a la muerte.