"¿Y si hiciéramos una huelga general por el problema de la vivienda?"

PalmaBaleares es la comunidad autónoma con las viviendas de segunda mano más caras de España. El metro cuadrado superó, por primera vez, la barrera de los 5.000 euros. La subida interanual –con datos de mayo– ha sido del 20,9%, por lo que un piso de 90 metros cuadrados ha encarecido 90.000 euros en el último año. La situación para el alquiler es igualmente dramática: 19,7 euros el metro cuadrado, en el podio con Madrid y Barcelona, ​​según los datos de julio recogidos por el portal inmobiliario Idealista. La escasa oferta, la alta demanda, la voracidad de un mercado desbocado y la falta de políticas para crear un parque público de vivienda no auguran mejora. Las cifras frías se traducen en una emergencia residencial y social que obliga a vivir en caravanas, chabolas, edificios abandonados, como la antigua prisión de Palma o, directamente, en la calle.

El alquiler turístico –legal e ilegal– que priva a los residentes de uno de larga duración ha agravado el problema. Los ciudadanos se han manifestado contra la masificación ejercida por la presión humana, económica y social del turismo, pero el problema de la vivienda subyace en las convocatorias. Si la situación es tan grave, ¿por qué no estalla en una gran movilización exigiendo un cambio de rumbo en algo tan esencial como un techo bajo el que dormir?

El antropólogo José Mansilla admite la gravedad del problema, pero no cree que se produzca una respuesta ciudadana "rupturista". "No acaba de haber una chispa que desborde las calles", asegura. Entre los factores para la ausencia de esta explosión del descontento, cita el paro que supuso la pandemia y que "el crecimiento económico que acaba repartiéndose permite capear para ir haciendo". El sociólogo David Abril coincide en el análisis de la sociedad post-cóvido: "No nos ha hecho mejores, sino más individualistas", asevera sobre una situación "aprovechada por la extrema derecha para defender un discurso seguritario", marcado por la amenaza del empleo y el auge de la instalación de alarmas. "Se ha producido un cambio cultural. Hemos pasado de una lógica de defensa del derecho de la vivienda a la defensa del derecho de los propietarios. No es casual", asegura, antes de apuntalar el argumento con una cifra: "Si aterrizas esto en la sociedad balear, casi 100.000 personas han informado de ingresos por alquiler en la declaración de la 0". Fuera del dato quedan todos los que se cierran en negro, sin que medie contrato, y, por tanto, no cuantificados. "La gente en situación de alquiler es la que está peor en precariedad residencial. Tiene que aceptar el chantaje del propietario porque, si se rebela, puede pasar a la exclusión teniendo en cuenta cómo está el mercado", prosigue.

Miles de personas se han manifestado en Palma –en junio de 2024 y 2025– contra la masificación, "malestar que confluye con el de la vivienda". Pero, hasta ahora, "tienen un punto de cierta espontaneidad". "No existe una organización colectiva y masiva. Las soluciones al problema estructural no vendrán individualmente. O confluyen otros actores con capacidad trabajadora y que defiendan a quienes lo pasan mal o es difícil que se produzca una solución a medio o largo plazo", opina Abril, que aboga por "crear las condiciones que movilicen a los ciudadanos y puedan ejercer capacidad de presión". En este punto, más allá de una gran manifestación, sugiere: "¿Por qué no hacer una huelga general con el tema de la vivienda tal y como está la situación?". Según el experto, este papel deben jugarlo los sindicatos: "La paradoja es que han logrado subidas salariales impensables, pero se las han comido el precio de la vivienda y los rentistas. No son los responsables de la situación, pero ellos, por capacidad y cantidad de afiliados, son los que tienen mayor fuerza para movilizar a gente".

El secretario de políticas públicas de CCOO en Baleares, Daniel Cámara, responde a la idea de una huelga general con un "ojalá", pero advierte: "Cuando las convocas, debes ganarlas. Si no, muestras debilidad. Hay que construir primero". ¿Cómo deben motivarse residentes que han visto encarecer la vivienda un 200% en diez años, cuando los sueldos sólo han subido un 23%? "Con mucha pedagogía. Los sindicatos trabajamos para construir una respuesta social con un discurso sociopolítico que haga entender que las condiciones de los trabajadores no dependen sólo del salario directo, sino del indirecto, con la energía, la cesta de la compra y la vivienda, entre otros. Lo hacemos cuando explicamos los convenios colectivos en los centros de trabajo".

Los sindicatos se enfrentan a "una derrota cultural y política que ha comprado parte de la clase trabajadora". "Cada vez hay más dificultades para organizar a la gente. En parte, porque existe una campaña contra lo que representa el movimiento sindical. De ahí el auge de la extrema derecha entre gente humilde que vota en contra de sus intereses. No estamos en un momento álgido de ideas progresistas, de la defensa de intereses comunes. Debemos pasar a la ofensiva". CCOO propone crear un fondo de inversión público para adquirir viviendas embargadas o de fondo buitre e incorporarlas al parque público. "Tendría una rentabilidad segura, limitada, con garantías del Govern y que serviría también para construir", asegura Cambra, quien considera que "Prohens y Vox no están atendiendo al interés general porque no declaran zonas tensadas y legislan para promotores y especuladores". "La vivienda, el elemento más empobrecedor para los trabajadores, debe estar controlada desde lo público", añade.

Políticas opacas

La abogada colaboradora de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) en Baleares, Gloria Olmos, cree que la movilización ciudadana debería ser "más intensa y reivindicativa" frente a medidas anunciadas por el Gobierno: "Son políticas para beneficiar a los intereses de las élites, opacas, con recalificación de suelo, sin tener que tener. y exija el cumplimiento de la ley en cuestiones como los desahucios. Parece que los políticos no son conscientes del problema".

Los movimientos sociales en defensa de una vivienda digna "mueven masas, pero de asistencia técnica", opina el antropólogo José Mansilla. "Ya no hay militantes, sino gente que te asesora y acudes porque te afecta personalmente, porque van a solucionar tu problema. Hacen una tarea importante, pero cuesta dar el salto a un movimiento transversal que arrastre a gente. No actúan como multiplicadores del malestar", al contrario de lo que ocurría hace unos años "cuando las pronto". El efecto diluido del 15-M no ha ayudado. "Tampoco lo ha logrado la política", añade. Los jóvenes, además, tienden igualmente hacia el individualismo. "Más allá de cuestiones como el ecologismo o el feminismo, es una generación cansada, decepcionada, que no identifica el problema de la vivienda como colectivo. Se acaban desarrollando estrategias individuales porque la sociedad es mucho más compleja", prosigue, para aventurar que la llegada al gobierno español del PP "con el apoyo de Vox generará una capacidad". "La gente de clase obrera que vota a la derecha por rebeldía verá que el problema no se arregla y su mensaje dejará de articular el malestar", opina. Mientras, se produce "una deriva hedonista" entre los jóvenes: "La idea es 'como no puedo comprarme una casa, me lo gasto todo y me dedico a vivir lo que pueda'. Encaja con el individualismo".