De guardas a autoridad, la evolución de los Agentes de Medio Ambiente

PalmaCorrían los años 80 y España empezaba a traspasar recursos y competencias a las autonomías, entre ellas la conservación del medio ambiente. El Estatuto de Autonomía de 1983 permitió que Baleares forjaran, para bien y para mal, su futuro ambiental. Los conocidos como guardas de Icona eran un cuerpo que se remontaba a abril de 1877, cuando se creó la Guardería Rural. Posteriormente, se concretó como Cuerpo de Guardas Forestales del Estado.

Estos agentes tenían como misión proteger, vigilar y gestionar los montes públicos, la repoblación forestal y la conservación de recursos naturales –bosques, aguas, fauna, etc. De esta forma se mantuvieron los primeros años de la autonomía. Pero ya en ese momento, una serie de profesionales y trabajadores públicos pedían más recursos y, sobre todo, más capacidad de actuación. "Había mucha experiencia sobre el terreno y, precisamente por eso, sabíamos que no podía únicamente acompañarse la realidad y ayudar a extinguir incendios. Había que poder denunciar, tener autoridad, y se empezó un trabajo en esta línea", recuerda Alex Rodríguez, histórico sindicalista de CCOO en el ámbito de los agentes forestales.

En 1984, Rodríguez conoció a Xisco Lillo, un agente de las Islas que tenía las mismas inquietudes. "Necesitábamos más medios y aprovechar la proximidad con el administrado que nos ofrecía el Estado de las autonomías para hacer cumplir la ley y, sobre todo, prevenir los impactos. Por eso creamos una coordinadora de guardas", recuerda Lillo. Este julio, lo que hasta hace poco era el coordinador de los Agentes de Medio Ambiente de las Islas se ha jubilado, y con él termina una etapa clave en la historia de este cuerpo. "Éramos guardas, observadores de lo que ocurría, y ahora somos agentes de la autoridad. Xisco jugó un papel clave en este cambio", asegura Llorenç Capellà desde Menorca, otro agente recientemente jubilado.

El momento clave del cambio llegó en 2002. La pareja de Lillo, Margalida Rosselló, era la consejera de Medio Ambiente. Era la primera vez que Els Verds conseguían meterse dentro de un gobierno autonómico. Los poderes fácticos de la derecha y "los que estaban acostumbrados a hacer lo que querían, empezaron a ponerse nerviosos al ver que se creaba el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente", explica un funcionario todavía en activo y que entonces trabajaba en la Conselleria de Medio Ambiente. A partir de esa fecha se otorgaron funciones más extensas en materia medioambiental, incluyendo las inspecciones y la potestad sancionadora.

Eran momentos muy tensos, con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) luchando contra la declaración del parque del Levante y con una creciente indignación de los que hasta entonces no habían oído el aliento de la Administración pese a construir chalés en un suelo que desde 1991 estaba protegido. "Xisco y el equipo de ese momento tenían bien claro que la protección del medio ambiente no consiste sólo en aprobar normas, sino en hacerlas cumplir, y ésta era una de las funciones fundamentales de los Agentes de Medio Ambiente", recuerda Capellà.

Delitos penales

Durante los años 1990 y 2000, dos antiguas canteras situadas alrededor del Arenal –Can Set (Llucmajor) y Can Barceló (Palma)– se convirtieron en vertederos ilegales de residuos de todo tipo: basura urbana, restos de obra, neumáticos, aceites, plásticos y materiales. "El boom de la actividad económica coincidió con malas prácticas ambientales y era urgente actuar porque se estaba generalizando la idea de que todo se puede verter en cualquier sitio", recuerda el exfiscal de Medio Ambiente Adrián Salazar. La actuación de Medio Ambiente incluyó una gran plantación de camiones ante la Conselleria verde. "De aquel tiempo en recuerdo unos funcionarios de la administración autonómica y de recuerdo unos funcionarios de la administración autonómica y delitos, entre ellos los Agentes de Medio Ambiente. Marcaron un antes y un después en la vigilancia del territorio y las inspecciones documentadas", dice.

Ambos casos terminaron en los tribunales. El caso Can Barceló se resolvió con una sentencia de 2005 en la que ambos responsables fueron condenados por un delito ecológico en prisión y arrestos de fin de semana, además de pagar 126.000 euros en indemnizaciones. El caso Can Set fue juzgado en el 2007 con una sentencia de conformidad: 20 acusados aceptaron penas de prisión, multas de 12.000 euros y una responsabilidad civil conjunta de más de 2 millones de euros, incluyendo compensaciones a vecinos, asociaciones y administración pública. "Son considerados dos precedentes de la persecución del delito ecológico y de trasladar a la sociedad la idea de que, si haces las cosas bien, a todos nos va mejor. Alguna de las empresas implicadas es hoy puntera en gestión de residuos", continúa Salazar.

La investigación de los incendios forestales fue otro hito del trabajo de los Agentes de Medio Ambiente. "Nos hemos ido formando y especializando. Llevo poco tiempo, pero puedo decir que el testimonio de la pasión y el rigor que ponen los más veteranos, como Xisco, es un ejemplo de ello. Su mensaje siempre es que debemos encontrar las causas de los hechos, no para condenar a nadie, como para evitar que se vuelva a producir", subraya una agente de Medi Ambient.

El pasado año se confirmó una condena de seis años de cárcel por el incendio forestal de Esporles (2019). De nuevo, el trabajo de documentación y revisión de los hechos por parte de los Agentes de Medio Ambiente resultó clave en el esclarecimiento de los hechos. "La única queja que tenemos es el exceso de burocracia, que debería reducirse un poco porque queremos estar encima del terreno", afirma la agente entrevistada. "El caso de Artà es paradigmático, gracias a la labor de los agentes se pasó de quemar sin control a establecer unos protocolos y hacer prevención", señala Adrián Salazar. El caso Andratx también contó con la participación de los agentes, que ayudaron a acreditar diferentes fechorías urbanísticas de la trama que había organizado el entonces alcalde Eugenio Hidalgo. "Tenemos competencias urbanísticas y se trata de espacios protegidos, aunque a veces moleste", recuerda Xisco Lillo.

Este elemento, las presiones que reciben determinados altos cargos y políticos cuando sus agentes hacen denuncias, es un clásico del sector. "Pasa por todo, porque, como bien sabéis, en las Islas los agentes a menudo nos encontramos obstáculos de nuestras cabezas para investigar. Pero el legado de Xisco está claro: no desfallecer", subraya Alex Rodríguez. En este sentido, acaba de abrirse una pieza judicial por la caducidad de miles de denuncias por negligencia de Medio Ambiente durante el Pacto. "El rigor, la constancia y el amor por el medio ambiente son el legado de Xisco Lillo" sentencia Salazar.