El GOB critica el modelo de playas: "No pueden convertirse en un producto de lujo"
La entidad ecologista alerta de que cualquier subida de los precios de los servicios de playa debe implicar una ordenanza municipal y denuncia un modelo pensado para el turismo que puede expulsar a los residentes
PalmaEl GOB Mallorca ha advertido que no se pueden aplicar nuevas tarifas a los servicios de playa sin que éstas hayan sido aprobadas oficialmente mediante el correspondiente procedimiento legal. La entidad ecologista ha presentado alegaciones en el Estudio económico de explotación de los servicios de temporada ante las informaciones aparecidas estos días sobre una posible subida de precios en las playas de Palma a raíz de la nueva licitación, que califica de "desorbitada" y fuera del marco legal.
Según el GOB, las tarifas planteadas no coinciden con los precios públicos autorizados y no pueden aplicarse de forma discrecional. Recuerdan que cualquier modificación de los precios de los servicios de playa debe realizarse a través de una ordenanza municipal, siguiendo el procedimiento legal establecido y con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).
La entidad ecologista subraya que no se trata de un caso aislado. Ya en septiembre de 2025 se denunciaron formalmente precios superiores a los autorizados en las hamacas y sombrillas de la playa de Cala Major, algo que derivó en una denuncia ante la Dirección General de Costas y Litoral por incumplimiento de las condiciones de la autorización vigente. Este precedente, señalan, demuestra que el problema no es sólo el precio propuesto, sino la carencia de mecanismos efectivos para garantizar que las tarifas aprobadas se cumplen.
Incrementos encubiertos
En este sentido, el GOB alerta del riesgo de que se estén aplicando incrementos encubiertos o fuera del marco legal y reclama mayor control por parte de las administraciones competentes. Además, critica que el modelo de gestión de los servicios de playa esté pensado principalmente para un turismo capaz de asumir precios cada vez más elevados, dejando de lado a los residentes que hacen uso de las playas durante todo el año.
"Lo que no puede pasar es que las políticas públicas conviertan las playas en un producto de lujo ni acaben expulsando el uso cotidiano de la gente que vive en Palma", advierte la entidad. El GOB recuerda que las playas son espacios de uso público y que sus servicios deben ser accesibles, transparentes y ajustados estrictamente a la legalidad, tanto para los residentes como para los visitantes.