El GEN-GOB denuncia que la nueva ley agraria es la "sentencia de muerte" del campesinado en las Islas

PalmaEl grupo ecologista GEN-GOB ha enviado un escrito a la Consejería de Agricultura para pedir la retirada del anteproyecto de ley agraria, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y exposición pública. Según consideran, el Gobierno de las Islas Baleares "pretende dar el tiro de gracia al campesinado", convirtiéndola en objetivo de fondos de inversión y empresas turísticas para que pase a formar parte de "la sobredimensionada oferta turística de estas islas", haciendo crecer la problemática de la dependencia del sector turístico y "considerando el campesinado como una actividad residual".

Los ecologistas creen que con lo que se llama ley agraria, se dicte la sentencia de muerte del campesinado en las Islas, en vez de tratarse de una norma que "defienda el sector y su incalculable aportación a la tierra en todos los sentidos". Para ellos, la norma ahora en tramitación "no se limita a dar la estocada de gracia al campesinado", convirtiéndola en el nuevo objetivo de la especulación turística, "también condena los espacios naturales protegidos y pone en riesgo bienes y personas siempre al servicio de la especulación". "Se da valor a los intereses por encima de las vidas humanas", lamentan.

Así, explican que las áreas de protección de riesgo en rústico vuelven a ser edificables. "Después de ver los feroces incendios que desata el cambio climático, totalmente incontrolables, se recupera la edificabilidad en el interior de los bosques cuyo articulado se lava las manos de las víctimas que pueda causar, ya no hablamos de la biodiversidad, que claramente es una molestia para el Ejecutivo balear", dicen.

Además, señalan que las disposiciones que permiten "arrasar grandes extensiones de medio natural sin ni siquiera disponer de una evaluación ambiental tampoco hacen ninguna clase de distinción entre Islas". Tal y como explican "las diferencias de extensión entre Formentera o Eivissa con Mallorca y el impacto que esta permisividad pueda tener sobre territorios tan limitados, no es objeto de ningún tipo de precaución ni preocupación".

El GEN-GOB considera que "el medio natural se trata como un enemigo a combatir" a esta mal llamada ley agraria, hasta el punto de eliminar de la categoría de suelo rústico protegido a los parques naturales, que han sido hasta ahora el máximo exponente de la protección de los valores ambientales y que se han logrado "en muchos casos después de intensas y largas luchas". De esta forma se abre la puerta que dejen de ser áreas de protección y conservación de los valores naturales en contra de la legislación básica estatal.

"Una ley que utiliza los campesinos para favorecer el sector turístico"

En la misma línea se ha manifestado el GOB Menorca, quien ha considerado que favorecer actividades económicas que desplazan a la agricultura, o eliminar las garantías ambientales que velan por la fertilidad de la tierra, "no ayuda a los campesinos, sino que los utiliza como excusa para legislar a favor de otros sectores como el turístico". El GOB ha presentado alegaciones.

Los ecologistas de Menorca apuntan a que el nuevo texto, al que han presentado alegaciones, "no responde a las necesidades actuales del sector agrario". "De hecho, parece que abandone la idea de ayudar a la gente que produce alimento y que solo quiera usarse el suelo rústico para trasladar más operaciones inmobiliarias y turísticas", lamentan.

"No hay medidas para incentivar adaptaciones al cambio climático oa la captura de carbono, no hay adaptación de los requisitos sanitarios a la dimensión de pequeños productores artesanales, no hay previsión de pagos por servicios ecosistémicos; no hay incentivos para el control natural de plagas ni para favorecer la captura de agua, de captura de agua. Así, defienden que el articulado se encamina hacia un modelo que "evita controles en las actividades que no son estrictamente agrarias, amenaza acuíferos y pretende cambiar la ordenación territorial y urbanística".

Operaciones urbanísticas en rústico

Igualmente, los ecologistas critican que el texto modifica las condiciones de las agroestadas, que hasta ahora consistían en poder tener hasta seis plazas turísticas sólo en la casa donde se encuentre empadronado el campesino. "Ahora el Gobierno propone que ya no hace falta que sea el campesino y tampoco es necesario que sea en la misma casa, sino que las plazas turísticas (que aumentan a 10) se podrían hacer en cualquier edificio agrario anterior a 2015, que se podría ampliar con un 20% del volumen inicial, con lo que tampoco se orienta al mantenimiento del patrimonio arquitectónico de B, de, explican que se permite autorizar nuevas edificaciones en zonas de riesgo natural como inundaciones, incendios, deslizamientos, etc. Por todo ello, el GOB ha pedido su reconsideración, porque es contrario al principio de precaución y seguridad de las personas.