"Los fuegos no se apagan con gasolina": por qué la manifestación contra la masificación llega en un momento clave en Mallorca
La tercera gran movilización contra el modelo turístico llega marcada por la polémica del manual de acción directa y el debate sobre la respuesta policial
PalmaLa convocatoria con el lema ‘Mallorca al límite’, prevista para este domingo, 26 de julio, no llega después de un episodio puntual. Es el resultado de un año marcado por una escalada de las movilizaciones contra el modelo turístico y, en las últimas semanas, por una tensión creciente entre los movimientos ciudadanos y las instituciones.
Los convocantes esperan que sea la tercera gran manifestación contra la masificación turística en poco más de un año, después de las multitudinarias movilizaciones del verano pasado y de este junio en defensa de la protección del Trenc. Esta vez, sin embargo, la protesta llega cargada de un significado que va más allá del debate sobre el turismo. En pocos días se han acumulado varios episodios que han alimentado, entre buena parte de los colectivos convocantes, la sensación de que las administraciones han optado por responder a las protestas con más control que con cambios políticos.
Del manual de acción directa a las detenciones
Las primeras señales llegaron con la publicación del manual de acción directa de la plataforma Menos Turismo, Más Vida. El documento, titulado ¡Hazlo tú también! Manual de acción contra la turistificación, defendía la acción directa no violenta contra viviendas de alquiler vacacional, inmobiliarias y otros negocios vinculados al turismo. Entre las acciones propuestas había pintar fachadas, bloquear con cola o silicona las cerraduras de los pisos anunciados en Airbnb y colgar carteles de la manifestación. También recomendaba estudiar las cámaras de seguridad y las vías de escape, actuar con ropa oscura y taparse la cara y los elementos identificativos.
La publicación provocó una intensa polémica. El GOB y Terraferida, dos de las entidades impulsoras de la manifestación, se desmarcaron y defendieron una movilización “pacífica y a cara descubierta”. El Govern, la Delegación del gobierno español, las patronales y los sindicatos también rechazaron el manual, que el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, calificó de “manual de instrucciones de kale borroka turística”.
En medio del debate, el delegado del gobierno español en las Islas, Alfonso Rodríguez, advirtió que los cuerpos y fuerzas de seguridad investigarían y perseguirían cualquier “ataque” contra negocios vinculados al turismo. Pocos días después, la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes activistas acusadas de presuntos delitos de daños continuados, daños contra el patrimonio histórico y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se remonta, sin embargo, al 31 de mayo, más de un mes antes de la publicación del manual. Aquella noche aparecieron pintadas antiturísticas en cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí, entre ellas el mensaje 'Fora guiris'. Según la Guardia Civil, también se rompieron cristales con un martillo y se inutilizaron cerraduras con cola. Una de las pintadas se hizo sobre un inmueble protegido como Bien de Interés Cultural, hecho que explica que la investigación incluya un presunto delito contra el patrimonio histórico.
Aunque las pintadas se hicieron más de un mes antes de publicarse el manual, el atestado sostiene que el patrón de actuación coincide con sus indicaciones, una vinculación que la plataforma rechaza por la misma cronología de los hechos. Las dos jóvenes fueron arrestadas en sus domicilios y esposadas hasta que pasaron a disposición judicial. Tras acogerse al derecho de no declarar ante la Guardia Civil, quedaron en libertad provisional mientras la investigación continúa abierta.
El debate sobre la actuación policial
Las detenciones marcaron un antes y un después en la discusión pública. Hasta entonces, el debate había girado principalmente en torno a si el manual había traspasado una línea roja y a si las pintadas podían considerarse una forma legítima de protesta. A partir del arresto de las dos jóvenes, sin embargo, el foco se desplazó hacia la proporcionalidad de la respuesta policial.
El operativo desplegado por la Guardia Civil, los registros, el uso de grilletes, los seguimientos personales y el contenido del atestado hicieron que entidades sociales, juristas, representantes políticos y organizaciones de defensa de los derechos civiles expresaran preocupación ante un posible intento de criminalizar el conjunto del movimiento contra la turistificación.
El atestado, de más de 116 páginas, no se limita a reconstruir los hechos investigados. También describe el entorno militante de las jóvenes y sus presuntas relaciones con Arran Mallorca y con la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Además, incorpora vigilancias, seguimientos, rastreos de las redes sociales y un análisis de las relaciones entre las investigadas.
Entre los elementos que más controversia han generado hay una pancarta que una de las jóvenes tenía colgada en su domicilio con el lema 'SOS Residents. STOP Overtourism'. El atestado afirma que la presencia de la pancarta “confirma, sin lugar a dudas, la actividad delictiva de esta persona”.
La manera de actuar de la Guardia Civil desplazó así el foco de los desperfectos hacia la desproporción del operativo. Esta es también la valoración del abogado de las detenidas, Josep de Luis, que señala la anomalía del atestado y considera que el cuerpo no suele elaborar este tipo de informes, más propios, según dice, del servicio de Inteligencia de la Policía Nacional.
“Me rechinó mucho el atestado, porque los informes suelen estar bien hechos, se limitan a documentar los hechos y no entran en valoraciones ni establecen relaciones de ningún tipo”, explica. Cuando se le pregunta por la filtración del atestado, que en pocos minutos ya tenían casi todos los medios, se limita a responder: “Quien ha gestionado todo esto no estaba aquí en la época de José Ramón Bauzá, porque sabría que los fuegos no se apagan con gasolina”.
El jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, niega cualquier desproporción y defiende tanto las detenciones como el uso de grilletes. También recalca que no se trataba solo de pintadas, sino que se rompieron cristales con un martillo y se inutilizaron cerraduras con cola.
¿Por qué Mallorca ha llegado al límite
Los organizadores insisten en que la manifestación no se ha convocado a raíz de las detenciones. El lema ‘Mallorca al límite’ recoge una crítica más amplia al modelo turístico y a sus efectos sobre el territorio, la vivienda, los recursos naturales, las infraestructuras y las condiciones laborales.
Entre las medidas reclamadas figuran frenar la urbanización del suelo rústico, revisar los planes territoriales, desclasificar suelos urbanizables y prohibir la construcción de chalets nuevos. Los convocantes también exigen una moratoria de plazas turísticas nuevas, la prohibición del alquiler vacacional, más inspecciones contra la oferta ilegal y una mayor protección de los espacios agrarios, forestales y naturales.
La plataforma pide igualmente paralizar las nuevas carreteras previstas, redactar un plan integral de movilidad, congelar los alquileres, declarar Mallorca zona tensionada y ampliar el parque público de vivienda. También vincula el modelo turístico con la precariedad laboral, la sobreexplotación de los acuíferos, el colapso de las infraestructuras, el aumento del consumo energético, la crisis climática y la elevada producción de residuos.
Cuando los manifestantes salgan este domingo a la calle, lo harán movidos por motivaciones diversas. Habrá quien participe para reclamar un cambio de modelo turístico y quien lo hará porque considera que Mallorca ha superado sus límites territoriales, ambientales y sociales. Pero también habrá participantes que entenderán la movilización como una respuesta al clima generado estas últimas semanas en torno a las detenciones de Santa Maria y al trato recibido por los movimientos sociales.
Este es probablemente el principal cambio respecto a las convocatorias anteriores. La manifestación ya no interpela solo el debate sobre el turismo. Llega marcada también por otra discusión: hasta dónde pueden llegar las instituciones en la respuesta a la protesta social y qué equilibrio se debe mantener entre la persecución de posibles delitos y la preservación de los derechos de manifestación, asociación y disidencia política.